REPARACIÓN Japón ayudó en atención a víctimas con discapacidad
Desde el país asiático llegó la cooperación para llenar de herramientas a las entidades del Estado y que así puedan responder al enfoque diferencial.
Ser víctima del conflicto es difícil, de ello dan cuenta más de 8 millones de personas que en Colombia han cargado con el lastre del conflicto armado, pero lo es más si se está en situación de discapacidad, una mezcla de abrumadora vulnerabilidad.
Por eso la agencia de cooperación de Japón (Jica) ha estado interesada en ayudar a Colombia a mejorar la calidad de vida de las personas que cuentan con las dos condiciones, y durante cinco años llevó a cabo un proyecto piloto para generar capacidad instalada en cinco municipios: Granada y Marinilla en Antioquia; Lebrija, en Carmen de Chucurí y Puerto Wilches, en Santander. (Ver Informe)
Este proyecto no hace distinción entre quienes tienen una discapacidad congénita y quienes la adquirieron por cuenta del conflicto.
La principal inversión económica se dio en Granada con la puesta en marcha del Centro de Inclusión Social Senderos de Esperanza, para lo que la embajada de Japón cooperó con 120 millones de pesos, lo demás fue la asesoría en capacidad técnica de las entidades como la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, las alcaldías, Descontamina Colombia, entre otros, que no ha sido cuantificada ni por el país cooperante ni por las entidades.
Naoki Kamijo, representante de Jica, indicó que “la Ley de Víctimas implica para Colombia una gran apuesta, la cual quiere acompañar el Gobierno de Japón, para fortalecer la capacidad técnica de sus instituciones que se encuentran en este proceso de reparación, garantizando el enfoque diferencial”.
De acuerdo con el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, el apoyo de Jica fue muy importante durante estos cinco años para “lograr el fortalecimiento de capacidades y la articulación del Gobierno, con sus ministerios y los entes territoriales para la inclusión social de esta población con más condiciones de igualdad”.
E indicó, además, que “estas experiencias deben ser replicadas en los demás municipios colombianos para la atención de las víctimas con discapacidad, cuya población asciende a 340.000 personas en el país”.
Un cambio de perspectiva
Para la cordobesa Liney Contreras, la formación en la Ley de Discapacidad, Ley de Víctimas, habilidades sociales, oferta de educación, salud, apoyo psicosocial, empleabilidad y liderazgo “nos fortalece para ser agentes de cambio y transformación en nuestros territorios para que sean más incluyentes, con más oportunidades y sin discriminación, porque la discapacidad no está en las personas sino en el entorno”.
Dijo que el conocimiento adquirido le servirá para mejorar su rol de lideresa en la Asociación de Mujeres Víctimas de su ciudad natal, Montelíbano, “porque en mi municipio para empezar no hay infraestructura física que facilite la movilidad de las personas con discapacidades y el acceso a otros servicios”.
Además de la formación con expertos japoneses y colombianos, compartir las experiencias de superación con
otras condiciones de discapacidad también significa para los participantes un avance en su reparación integral, al ayudarlos a superar temores y resentimientos derivados de los hechos victimizantes.
Así lo es para Contreras. Atrás han quedado los días en que sintió que estaba “muerta en vida” tras sufrir la mutilación de su brazo derecho por la explosión de una bomba atribuida al Cartel de Medellín.
Así recordó aquel 25 de abril de 1991: “yo fui víctima a los 16 años, cuando el cartel de Pablo Escobar colocó una bomba y perdí mi brazo derecho. No saber hacer nada con el brazo izquierdo me mató en vida, hasta que Dios me dio la fortaleza de aprender a defenderme sola”.
Como prueba de su superación, contó que a pesar de la “tristeza que sufrí no ha sido impedimento para sacar mi familia adelante y ser una líder para la sociedad y ayudar a otras víctimas en mi territorio”