Vigilancia a contratos no paró gestión
Los procesos de contratación fueron los asuntos más cuestionados dentro de la administración de Eugenio Enrique Prieto
Soto en el Área Metropolitana, sin embargo, ningún caso le generó sanciones ni condenas.
En la Procuraduría Regional de Antioquia avanza a paso lento una indagación disciplinaria en contra de Prieto y otros funcionarios por presunto incumplimiento de contrato (radicado 2016-383071). Aunque la queja fue instaurada en 2016, está en etapa de indagación preliminar.
El 9 de abril de 2019 la misma entidad decidió archivar a su favor otra investigación (radicado E-2017-662645), en la cual un ciudadano solicitaba una averiguación disciplinaria porque Prieto, según él, “tiene récord en la entidad, 571 contratos de prestación de servicios, más los de
outsourcing con el Colegio Mayor y el ITM, como 800 contratistas, más los vinculados que son 230, sin contar que no se ha hecho ninguna obra, porque se harán a través de convenios”.
El mismo denunciante indicó que “para antes del 1 de junio (de 2017) se firmaron 55 contratos con fundaciones de garaje, antes de que entrara a regir la nueva ley sobre celebración de convenios con fundaciones”. La Procuraduría estimó que no hubo evidencia y cerró el caso.
Uno de los contratos cuestionados, especialmente en medios de comunicación, fue el de
Alejandra Guerra, hija del concejal Bernardo Alejandro Guerra. Entre 2017 y 2018 ella obtuvo tres contratos con la Subdirección de Planeación Integral de la entidad, relacionados con la creación y análisis de proyectos.
Según las indagaciones iniciales, esos sueldos los paga el AMVA con recursos de la sobretasa ambiental, aprobados por el Concejo de Medellín, en debates en los que participó Guerra.
Por otra parte, en la base de datos de la Fiscalía no aparecen expedientes activos en contra de Prieto. Y la Contraloría delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva certificó que no está reportado como responsable fiscal