Entre cartillas y cadena perpetua, el debate por la protección infantil
La discusión lleva casí una década abierta, hoy se sigue preguntando por el tema de fondo.
Una familia. Un padre, una madre que ya no vive y cinco hijos, todos abusados sexualmente por su progenitor. Producto de esto, hoy una de sus hijas dio a luz un niño, donde su padre y su abuelo son la misma persona.
La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre este caso desgarrador, ratificando la decisión anterior del Tribunal Superior de Bogotá que pone a los niños en situación de adoptabilidad. Además, la Corte le ordenó al Ministerio de Educación (MEN) y al ICBF desarrollar cartillas pedagógicas de prevención para que los infantes se reconozcan a sí mismos como sujetos de especial protección por parte del Estado.
La historia
El 3 de abril de 2014, Tatiana (nombre cambiado para proteger la identidad de la accionante), hermana de tres niñas y un niño menores de edad, se acercó temerosa, desnutrida y con un niño recién nacido a la Comisaria de Familia en la localidad de los Mártires, Bogotá. Allí pidió protección para ella y sus hermanas que, durante meses, habían sido abusadas sexualmente y explotadas laboralmente.
Tatiana había pasado 25 días hospitalizada por el parto, había sido abusada por su padre y nueve meses después recibió a su hijo en las peores condiciones.
“Nació un niño, normal a pesar de llegar desnutrida. Llegué a vivir con mi padre, engañada, desde hace más de un año a un lugar de pobreza, ruina y de maltrato en donde fui utilizada para pedir dinero en las calles, pasar por desplazada y todo esto estaba asociado al temor y miedo de quedar en la calle sin apoyo, porque mi padre me vivía amenazando con echarme de su casa”, relató Tatiana ante la comisaria de familia.
Cuenta, además, que era muy probable que su padre abusara también de sus demás hermanas, pues “las obligaba a dormir sin ropa interior y sin pijama, se entraba al cuarto donde dormían las niñas dizque para consentirlas”.
La dura historia de Tatiana es el reflejo de lo que sucede en muchas familias en todas las partes del mundo. En 2018, según el informe Forensis de Medicina Legal, en
Colombia se registraron 22.794 casos de abuso sexual hacia menores de edad.
Con respecto a las denuncias reportadas en 2019, la directora del ICBF Juliana Pungiluppi habla de un leve aumento frente al año anterior.
“El promedio de procesos de restablecimiento de derechos por violencia sexual en 2018 fue de 37, mientras en 2019 es de 39. Esto no necesariamente es malo, ni habla de un empeoramiento. Da fe de variables como mayor detección, denuncia y confianza”.
Actualmente se estudian varias medidas para protegerlos a los niños.
Cartillas pedagógicas
La providencia de la Corte, donde se ordena la elaboración de unas cartillas por parte del MEN y el ICBF, levanta la pregunta sobre la efectividad de esta metodología como medida de prevención que, de fondo, es lo que trata el alto tribunal.
“No son los niños quienes tienen que prevenir el abuso, son los adultos. Hace mucho que los niños saben que tienen derechos, el maltrato solo se cambia trabajando con los adultos”, expresa Isabel Cuadros, fundadora de la Asociación Afecto contra el maltrato infantil.
A esta opinión se suma la visión de la investigadora Ana María Prieto, quien explica “que en la mayoría de los casos los niños no están en la capacidad de reconocerse como víctimas, pues un niño abusado es un niño temeroso, inseguro y no tienen herramientas”, eso hace más difícil que puedan tener voz en el proceso.
“Las cartillas podrían ayudar en algo, por ejemplo, mostrarle a los niños que son víctimas, pero realmente los que tienen que hacer algo son los adultos”, puntualiza la investigadora.
El problema de fondo
En el Congreso avanza el proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se busca modificar la Constitución para que los abusadores de niños puedan ser condenados a cadena perpetua.
“El proyecto ya se votó favorablemente en el cuarto debate. Tiene varias discrepan
cias, fuertes pero válidas, sobre el verdadero efecto práctico de la medida. Cuando se discutió, varios afirmaron que lo grave era la impunidad y no la condena, pero la idea es continuar con la iniciativa el próximo año”, manifestó a este diario el senador José Obdulio Gaviria.
El problema de fondo, según la investigadora Prieto, es la forma en la que se trata el tema de la pederastia. De acuerdo a sus indagaciones, los agresores sexuales, pedófilos, padecen de una condición mental en la cual “son conscientes de la ilicitud de su conducta, que la quieren y la disfrutan”. A raíz de esto es menester que los casos de abuso sexual sean analizados desde una perspectiva clínica, esto implicaría, de acuerdo con Prieto, “cambiar nuestro proceso penal, no se puede tratar a los pedófilos como se trata a cualquier delincuente, sino que se tiene que analizar caso por caso para determinar la conducta”.
Más allá de la cadena perpetua, que podría ser una opción si la persona condenada no acepta la intervención médica, pues de no hacerlo tendría una posibilidad de casi el 98% de reincidir, el quid del asunto está en cuál es el tratamiento médico más adecuado.
En este escenario, la ciencia y la academia podrían arrojar resultados distópicos. Para Prieto investigaciones sobre este tema deja un resultado: la castración química