Sin reglas claras para las aplicaciones de movilidad
Aunque hacen parte de esta industria innovadora, las ‘apps’ de movilidad aún no tienen las reglas del juego claras. Crece el debate en el país.
Las órdenes para que Uber cese sus operaciones en el país, y para liquidar a la sociedad detrás de Picap, vuelven a encender el debate sobre estas plataformas. Los taxistas plantean que esas medidas van en línea con la institucionalidad nacional; entre tanto, algunos expertos y funcionarios piensan que la regulación de estos medios en Colombia es urgente. Analizamos lo que viene.
Uber y Picap son nombres de empresas de intermediación tecnológica con servicios de transporte que parecen no rimar con el término ‘ economía naranja’, aún teniendo en cuenta que este se refiere a emprendimiento o innovación.
Por lo menos así lo expresó Uber, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenara, en primera instancia, suspender el servicio de la aplicación de forma inmediata por razones de competencia desleal.
“Esta decisión (...) resulta contradictoria con las banderas de innovación, emprendimiento y economía naranja que el Gobierno nacional defiende y promueve”, expresó la compañía.
A esto se le suma el hecho de que, solo unas horas después, la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte) anunciara que somete a control a la sociedad CAP Technologies, que facilita servicios de mototaxismo a través de la aplicación Picap, y la convoca a proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades.
¿Podrá esto detener el avance de estas plataformas? “Creemos que estos aplicativos se deben regular, a veces la tecnología va a una velocidad y la normatividad va a otra”, opina José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de Bogotá.
Para el experto, lo más preocupante del asunto, es el caso de Uber. “No sabemos cómo van a frenar a esa firma en Colombia, cómo va a ser el control operacional, si van a detener a cualquier auto en el país y preguntar si trabaja con esa aplicación o no”, y agrega que “se está abriendo una ventana para extender esa medida a otros sectores diferentes a los taxis, como el de los hoteles, y se podría incurrir en una posible censura”.
Pero, para el gremio de los taxistas, la noticia representa un alivio. Por ejemplo, la compañía Tax Individual y sus empresas aliadas, dijeron en un comunicado que “aplauden” la decisión de la SIC y esperan que “se adopten medidas de fondo para resolver la problemática que implica que vehí
culos particulares presten ilegalmente el servicio público de transporte individual de pasajeros a través de plataformas, en abierto desafío a nuestra institucionalidad”.
Regular: ¿Sí o no?
Mauricio Toro, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, aseguró que es “muy grave que ante la inoperancia del Gobierno (...) después de 15 meses, la SIC decida ordenar la suspensión de Uber”.
Y añadió que “se vulneran derechos de miles de familias
que tienen su sustento en Uber” y “se afecta el principio de neutralidad tecnológica” (ver Paréntesis).
Además, dijo que con la medida más de 50 millones de dólares de inversión se podrían ir y habría otros más que dejarían de llegar, aunque advirtió que ya existe una iniciativa reglamentaria.
Y es que Toro, junto al representante del Centro Democrático, Edwin Ballesteros, encabezan el proyecto de ley 292 de 2019 que regula el servicio privado de transporte intermediado por plataformas digitales, considerándolas “parte de las economías colaborativas”.
La propuesta busca, entre otras cosas, que las compañías que ofrecen este servicio cubran a los conductores a través de pólizas de seguros. Además, plantea que el Operador de Plataforma de Intermediación para la Movilidad (OPIM) sea la persona jurídica que administre, opere o represente una Plataforma de Intermediación para la Movilidad.
Desde Uber se pronunció Luis López, gerente de Asuntos Públicos, quien expresó que el llamado para regular estas ‘apps’ es de “urgencia”, y que se debe tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, la firma que representa “aportó más de 35.000 millones de pesos en IVA al país”