“Al debate minero le falta visión de futuro”
Experto pidió tasar el valor ecológico de los territorios.
Una charla en particular llamó la atención de los asistentes al pasado Hay Festival Jericó, un evento cultural. Se llamaba “Minería” y terminó siendo una de las más concurridas.
Y es que este municipio del Suroeste está a la expectativa de la respuesta que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, le dará a la multinacional AngloGold Ashanti, que el pasado 28 de noviembre presentó el estudio necesario para obtener la licencia ambiental. De ser aprobada, la firma tendría luz verde para extraer 4,91 millones de toneladas de cobre, 6,13 millones de onzas de oro, 85,1 millones de onzas de plata y 70,08 kilotones de molibdeno.
El conferencista era el economista e investigador Luis
Jorge Garay, reconocido como “el científico de la minería”.
EL COLOMBIANO habló con él sobre las implicaciones que el proyecto tendría para el territorio.
¿Cómo se tramita una licencia cuando el municipio intentó prohibir la minería, pero el Estado declaró el proyecto como estratégico?
“La sentencia SU-094 del 2018 de la Corte Constitucional establece, en primer lugar, que ni la Nación como propietaria del subsuelo ni los entes locales con participación comunitaria tienen la potestad, por sí solos, de definir sobre la posibilidad o no de tener un proyecto minero en el subsuelo. Y da un lapso de dos o tres años para que el Congreso defina las normas para eso. Es un tema de altísima complejidad y, teniendo eso en cuenta, mi opinión es que no hay reglas de juego definidas. Entonces la Anla si toma alguna decisión habría sobrepasado su potestad y, en caso de que le haya dado derechos a la minera, alguien podría alegar que es ilegal esa decisión”.
En su charla un espectador dijo que esas decisiones las toman contratistas. ¿Es así?
“En Colombia estos son procesos de una opacidad muy extrema y autoridades como Fiscalía y Contraloría, incluso la Defensoría, deberían tener una mayor intervención. Tenemos que mejorar no solo la regulación, la capacidad técnica de las instituciones como la Anla, sino también la necesidad de tener una veeduría sobre esos procesos. Los estudios de esos megaproyectos requieren un nivel de tecnicidad muy elevado y por lo tanto, especialistas que son costosos. Por eso valoro que aquí haya terceros haciendo estudios, como Comfama” (su director, David Escobar, confirmó ayer que ya le solicitó a la Anla ser reconocido como tercero interviniente en el caso).
¿Qué opina del cambio de vocación que enfrentaría la región con Quebradona?
“En Jericó hay una economía rural que estaba basada en café pero donde ya ha entrado el aguacate hass. Recuerdo que cuando se negoció el TLC con EE. UU. el gobierno dijo que esa fruta es la panacea, pero en esta discusión ya no se ve así. Es necesario hacer un estudio de qué pasa si el aguacate sigue llegando a Asia y esta región lo puede producir. En este debate se dejó de lado la evaluación de los usos alternativos del suelo y los ingresos que generan”.
Pero es que la minera promete millonarios impuestos y regalías...
“Si lo mira bien, la generación de empleo respecto a la inversión es mínima: hablamos de 3.000 empleos. Y en Colombia el impuesto de renta a personas jurídicas da $30 billones, eso no cambia el panorama fiscal del país. Además no se está tomando en cuenta el costo de escasez: las regalías se calculan por vía administrativa y no se tiene en cuenta cuánto le tocaría pagar al país por ese material si se agota”.
¿En Colombia hay zonas mineras con buen nivel de vida?
“En nuestros estudios hicimos un ranquin de cuatro tipos de municipios, según el Índice Multidimensional de Pobreza y las necesidades básicas insatisfechas. Y encontramos que los que tienen peores condiciones son los que son eminentemente cocaleros, seguidos por los eminentemente mineros, luego los petroleros y los demás. Cuando lo publicamos las mineras nos cuestionaron que si estábamos diciendo que la minería empobrece y no. Seguramente antes de la llegada de la minería esos pueblos eran pobres, pero no tenemos los datos para saberlo. Lo que sí sabemos es que por más regalías
y proyectos que haya, siguen siendo de los más pobres del país. Entonces ellos dicen: ‘señor, es que las regalías se las roban y no es culpa nuestra’ Y en parte es cierto, pero el monto de regalías tampoco es que sea algo del otro mundo. Es decir, en parte sí hay corrupción pero en parte también esos recursos son insuficientes para cambiar de manera estructural las poblaciones. Cerrejón es un gran ejemplo”.
Usted también habla de valor ecológico. ¿En qué consiste y cuál es aquí?
“Colombia tiene una alta biodiversidad, con 60 % del territorio con riqueza ecosistémica especial. Pero aquí no se piensa en la riqueza que eso genera. Incluso según el actual modelo de mercado, tener un bosque disminuye el ingreso per cápita de los municipios. En países desarrollados ya saben que eso es riqueza y por eso le han dado valor a través, por ejemplo, de los bonos de carbono donde paga por la conservación de bosques. El mundo está en una crisis ecológica irreversible y el país tiene que pensar en la posibilidad económica que eso significa”
“El Suroeste tiene gran cantidad de títulos mineros y el Estado no ha medido el impacto sistémico de eso. Solo ve cada caso particular”.
“Con este tipo de proyectos debería aplicarse el principio constitucional de precaución: ante la falta de certeza es mejor abstenerse”.