EL PODER QUE TRUMP PUEDE EJERCER COMO UN DICTADOR
Hace un año el presidente Trump declaró una emergencia falsa en la frontera sur para asegurar el dinero para un muro que el Congreso se negó a financiar. Durante ese tiempo, los jueces federales, en tres casos, han declarado ilegal la medida del presidente, y el Congreso ha hecho historia al votar dos veces para poner fin a la emergencia. Sin embargo, la declaración de emergencia sigue vigente, incluso cuando Trump anunció triunfalmente en su discurso sobre el estado de la Unión que “nuestras fronteras están seguras”.
La lección es clara: la ley que rige las emergencias nacionales está averiada y debe repararse mientras haya una oportunidad antes de las elecciones, y antes de que nuestra democracia pague un precio considerable.
La ley en cuestión es el Acta Nacional de Emergencias. El estatuto autoriza al presidente para declarar una emergencia nacional, lo que a su vez le da acceso a poderes especiales. Algunos de estos poderes parecen más apropiados para una dictadura que para una democracia, como la autoridad para bloquear los sistemas de comunicaciones, congelar las cuentas bancarias de los americanos y prestar fuerzas armadas a otras naciones.
En febrero de 2019, el Sr. Trump declaró que la “inmigración ilegal” en la frontera sur era una emergencia nacional. En el momento, las estadísticas oficiales demostraban que los cruces ilegales en la frontera estaban en un nivel históricamente bajo. Además, Trump admitió libremente que el propósito de usar una declaración de emergencia era esquivar al Congreso, que se había negado a financiar su proyecto favorito, un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Su administración luego anunció que usaría poderes de emergencia para obtener fondos de 127 proyectos de construcción militar, incluidos los destinados a talleres de mantenimiento de armas, estaciones de rescate contra incendios e instalaciones de operaciones cibernéticas.
Cuando el Congreso aprobó la Ley de Emergencias en 1976, incluyó una verificación crítica contra tales abusos. El Congreso podría terminar cualquier emergencia usando un llamado veto legislativo, una ley que entra en vigencia sin la firma del presidente. Pero en 1983, la Corte Suprema sostuvo que los vetos legislativos son inconstitucionales, y el Congreso se vio obligado a enmendar la ley. Tal como está ahora, los legisladores tienen que reunir una supermayoría a prueba de veto para poner fin a una emergencia. Antes de marzo pasado, el Congreso nunca había intentado esa votación, a pesar de que los presidentes habían emitido 59 declaraciones de emergencia desde que entró en vigencia la ley.
El hecho de que el Congreso votó, no una sino dos veces, para poner fin a la emergencia fronteriza demuestra la impopularidad de la declaración de Trump. En el Senado, 12 republicanos rompieron filas para registrar su desaprobación, una muestra extraordinaria dado el historial de fidelidad del partido hacia Trump. Sin embargo, para lograr una supermayoría a prueba de veto, 20 republicanos habrían tenido que desafiar al presidente por algo que él había convertido en una pieza central de su campaña presidencial. El resultado fue predecible: Trump emitió un veto dos veces y el Congreso no pudo anularlo.
Eso dejó a los tribunales como la única barrera institucional. Hasta la fecha, los jueces federales han emitido fallos en tres casos en los que consideran ilegal las acciones del presidente. Sin embargo, se han desestimado otras demandas con base en los hallazgos de que los demandantes no tenían derecho a demandar. Mientras tanto, Trump se ha ganado el derecho de continuar usando fondos mientras el gobierno apela las decisiones, y ha construido 101 millas de nuevo muro fronterizo.
El Sr. Trump periódicamente amenaza con usar poderes de emergencia de nuevas maneras: para imponer aranceles contra México, por ejemplo, o para ordenar que las compañías estadounidenses salgan de China. Y aunque algunos aspirantes demócratas en la carrera presidencial de 2020 han aceptado la idea de usar poderes de emergencia para combatir el cambio climático, el riesgo que asumimos al dejar al Congreso impotente para detener los abusos es mucho mayor que cualquier beneficio probable. Hay poderes de emergencia que un presidente podría usar para cerrar Internet, pero ninguno que brinde todas las autoridades y recursos que serán necesarios para abordar el calentamiento global.
Sin suficientes controles, los poderes de emergencia tienen el potencial de socavar la democracia y las libertades civiles fundamentales. El Congreso necesita restaurar esos controles ahora, cuando ambos partidos están operando detrás del velo de la ignorancia sobre quién ejercerá estos increíbles poderes a partir del próximo enero