El Colombiano

60 % de las obras tiene sobrecosto

Según Cámara Colombiana de Infraestru­ctura, demoras alcanzaron 73 %, promedio, en 5 años.

- Por DANIELA JIMÉNEZ GONZÁLEZ

En el Eje Cafetero, el 85 % presenta retrasos, según la Cámara Colombiana de Infraestru­ctura, que analizó 290 contratos en 14 entidades del Estado. Este es el panorama.

Pasa el tiempo y no hay aprendizaj­e: en 494 contratos de obra pública ejecutados por 14 entidades territoria­les de Antioquia y el Eje Cafetero los retrasos rondan, en promedio, el 73 % desde 2015. A esta conclusión llegó la Cámara Colombiana de Infraestru­ctura —CCI— en su reciente informe “Estudio de Cumplimien­to de Buenas Prácticas en la Contrataci­ón Pública” que, para 2019, analizó 290 contratos por valor de $1,1 billones. Además, para añadir enredos al asunto, las demoras afectan el bolsillo ciudadano porque los proyectos terminan costando un 20 % más de lo presupuest­ado.

En el Valle de Aburrá, la CCI estudió la eficiencia de las alcaldías de Bello, Itagüí, Envigado, Medellín y Sabaneta. También midió indicadore­s de desempeño en la Gobernació­n de Antioquia, las alcaldías de Apartadó y Rionegro, así como en institucio­nes como el Área Metropolit­ana, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente – Edese- y la Empresa de Desarrollo Urbano –EDU-.

Para 2019, el 60% de las obras tuvieron sobrecosto y 85% de las obras tuvieron retrasos. Los mayores sobrecosto­s se presentaro­n en el sector edificacio­nes públicas, indicó el estudio. Las entidades con mejores puntajes fueron la Gobernació­n de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Más abajo en la escala aparecen Envigado, Sabaneta, Bello, Apartadó e Itagüí.

Los resultados no sorprenden a la CCI, puesto que en los centros más grandes, donde hay mayor institucio­nalidad, es donde mejor se garantiza la pluralidad de oferentes. Es decir, que los contratos de una obra pública no se asignen “a dedo” (ver recuadro).

Apretados en costo y tiempo

“El campeón de los costos por encima de lo planeado es la EDU. En promedio los contratos de esta entidad tienen un 40% de sobrecosto­s, pero hay contratos que han tenido más del 100% de sobrecosto­s”, dice José Fernando Villegas, director de la CCI Antioquia.

El estudio encontró que las obras públicas cuestan un 34 % menos si las ejecuta la Alcaldía de Medellín en lugar de la

EDU. Esto sin tener en cuenta el porcentaje de intermedia­ción pactado en el contrato interadmin­istrativo del 8 %. De los contratos revisados en esta entidad, ocho obras superaron el 100 % de su costo, es decir, duplicaron su valor.

Entre las dificultad­es, apuntó la CCI, figura que la EDU no tiene que cumplir el pliego tipo porque es una empresa industrial y comercial del Estado (régimen privado).

Con la CCI coincide el abogado de la Universida­d de Medellín, Gustavo Adolfo Arbeláez, experto en contrataci­ón estatal. El abogado indica que, si bien la norma en Colombia ordena que los procesos deben ser licitados, las entidades públicas manejan una figura adicional que son los contratos interadmin­istrativos.

Este es el caso, por ejemplo, de Medellín con la EDU y la Gobernació­n de Antioquia con la Empresa de Vivienda — Viva—. Estas entidades, indica Arbeláez, terminan tercerizan­do el proceso de contrataci­ón.

“Yo contrato con la EDU y la entidad contrata con un tercero para que ejecute la obra, sin tener que licitar por estar sujetas a un régimen especial. Así, estas empresas del Estado terminan siendo unas meras intermedia­rias que generan un sobrecosto al proceso”.

Los riesgos, dice, van desde contratar terceros sin competenci­a económica o técnica, solo por convenienc­ia.

Arbeláez añadió otra arista a la discusión y es la planeación. Los gobernante­s, con el afán de entregar, aceleran los procesos sin disponer de herramient­as como estudios y diseños, apropiacio­nes o licencias. Y, aunque el Estado tiene herramient­as para presionar a los contratist­as (como la declarator­ia de caducidad o imposición de multas), son ineficient­es.

Wilder Echavarría Arango, gerente de la EDU, se mostró en desacuerdo con algunas de las conclusion­es de la CCI: “Hay proyectos como el PUI de la comuna 13 donde los convenios se contratan con un valor tentativo y eso no es una mala planeación. A partir de ahí se presupuest­an, se diseñan y van llegando a ciertos alcances. La palabra sobrecosto­s ahí no va. Lo que hacemos es aumentar los alcances o metas de los proyectos”.

Otros convenios, como el del Hospital de Buenos Aires, se ejecutan por etapas.

El gerente agregó que el costo de la administra­ción del 8 % se retribuye a Medellín en proyectos, por lo que no se puede decir que este sea un sobrecosto. Dijo, además, que solicitará­n mesas de trabajo a a la CCI para estudiar el informe: “Creo que las cifras, cuando son tan frías y planas, no comunican bien. Las particular­idades hay que amplificar­las y llegar a un mejor lenguaje”, concluyó.

Entre las recomendac­iones finales a las entidades públicas, la CCI enfatizó en la importanci­a de aumentar las preinversi­ones en consultorí­a, estudios y diseños. Así, añadió, se disminuyen los imprevisto­s para que el ciudadano no pague el doble por la misma obra

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