A salvar la clase media del país
Solo en el periodo de estricta cuarentena, en Colombia 1,9 millones de personas que estaban en esa condición económica pasaron a ser pobres.
La reducción de la pobreza en 18 años, del 59,5 % de la población al 29,8 %, está en riesgo. El BID prevé que el covid llevaría a 1,9 millones de personas nuevas a esta condición. ¿Qué hacer?
María Adelaida tiene un “corrientazo gourmet” en Patio Bonito (Medellín), y de tener ventas en un domingo normal de 1,5 millones de pesos, pasó a 400.000 o menos. Esto la ha llevado a cambiar de a poco la condición de sus trabajadores y, pese que alcanzó a ser beneficiaria de un préstamo para nómina, se le han ido agotando los recursos.
Aquellas personas que tenían un trabajo con ella hacen parte de una población media, pero vulnerable, tal y como lo refleja el informe La clase media andina frente al shock del covid-19, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es decir, que ante cualquier situación difícil, es el grupo más susceptible a quedarse sin empleo.
Según la Economista Senior del Departamento de Países del Grupo Andino, Liliana Castilleja - Vargas, al menos 1,9 millones de personas que estaban en la clase media en Colombia pasaron a ser pobres, teniendo en cuenta el periodo más estricto de la cuarentena. El indicador aumentó 29,8 % a 33,8 %, pero al unir datos de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, el cambio fue de 26 % a 29,3 %.
El BID ubica en la clase media a quienes ganan al día entre 18.500 pesos y 228.900 pesos; pero entre el mínimo y 45.700 son considerados vulnerables y los demás se reconocen como los consolidados (cálculo con TRM promedio de 2020, 3.691 pesos).
Los reclamos
La clase media incluye a quienes trabajan por cuenta propia, están empleados en empresas pequeñas, sin contrato o con contrataciones temporales y si están en la formalidad no tienen garantizado su puesto de trabajo; y se ubican en sectores como comercio, construcción, transporte, turismo, gastronomía y hotelería (ver Gráfico).
Así, preocupa cómo la pandemia borra parte de los avances en reducción de la pobreza y calidad de vida basada en recursos provenientes, en su mayoría, de actividades informales.
El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, lamentó la estimación del BID y aseguró que esto podría haber sido menor si el Gobierno hubiese subsidiado la nómina como un apoyo directo y tangible de manera más contundente, más allá de los créditos. También referenció algunas ayudas que en otros países alcanzaron el 80 % de los ingresos de las personas sin importar cuánto ganaban.
En el caso de los 5,8 millones de micronegocios, como el de María Adelaida, la situación es crítica. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al menos 2 millones de ellos no tienen otra opción de ingresos, 5,1 millones no aporta salud ni pensión, 5,5 millones no pagan ARL, y 5,6 millones ocupan entre una y tres personas, es decir, no están en las ayudas públicas —los subsidios a la nómina son de empleos formales y si se ocupan más de 3 personas—.
Justamente, Maribel Castillo, directora del Programa de Economía de Javeriana Cali, sostuvo que teniendo en cuenta que incluso antes de la pandemia ya había una situación difícil con la generación de trabajo “se deben revisar las políticas de protección al empleo y de acceso al sistema de salud de calidad (...) que si se corrigen es posible que la recuperación no sea tan larga”.
¿Y la solución?
Los consultados coinciden en que es necesario pensar en una renta básica, que incluya a quienes no son pobres para recibir subsidios, ni ricos para sobrevivir a este choque. Esta discusión a penas comienza y hay quienes sugieren que se unan todas las ayudas y se entregue un salario mínimo, como la Escuela Nacional Sindical, o se dé un porcentaje ligado a la línea de pobreza monetaria (257.433 pesos).
El BID adiciona que la intervención debe incluir la flexibilización laboral, desarrollar esquemas eficientes de intermediación, la revisión de costos para los empleadores “ajustados a la productividad” y “trasladar algunos de los costos de la seguridad social a impuestos generales o impuestos indirectos”.
También repensar el esquema de protección social “efectivo y adecuado a la realidad de los países”, reconociendo que hay que evaluar un sistema de aseguramiento que no esté ligado al mercado laboral formal, dijo Castilleja - Vargas