Impulso a energías renovables no convencionales
Las inversiones estimadas alcanzan los $860.482 millones entre 2016 y 2019, con exenciones en IVA por 154.947 millones.
La eliminación de un trámite en el aval de los proyectos de fuentes de energías renovables no convencionales (solar fotovoltaica, eólica y geotérmica) es una buena noticia para el sector pues viabilizará su proceso en menor tiempo y se potenciará la diversificación de la matriz energética nacional.
Según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Minas y Energía, desde 2016 se han avalado 569 proyectos de inversión (12,3 % de los cuales están en Antioquia), por 860.482 millones de pesos al cierre de 2019, con un beneficio de IVA previsto en 154.947 millones de pesos —esta exención es potencial pues puede haber variaciones por los costos de equipos, el precio del dólar o a que algún proyecto no se materialice—.
El avance del que se habla está establecido en el Decreto 829 de 2020 en el que se asegura que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) es la única entidad que evaluará y certificará estas iniciativas; ya no se dará el requisito con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que se estableció con la reglamentación.
Esta norma, que promociona las fuentes no convencionales de energía, también contempla una reducción del impuesto de renta, depreciación acelerada, exclusión de bienes y servicios de IVA y no pago de aranceles (trámite que requería una certificación de la Upme y de la Anla, el último que fue eliminado).
¿Qué implica el cambio?
Sergio Cabrales, profesor del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, explicó que sin esa certificación “los tiempos pasan de 3 meses a solo 45 días que representa una reducción del 50%”.
Lo que en otras palabras significa “una transición más rápida a fuentes no convencionales de energía de las que se tiene como meta llegar a 12 % en el 2022”; si se tiene en cuenta que la generación de este tipo hoy representa solo el 1 % de la matriz.
Por su parte, el ingeniero Andrés Amell, vinculado a la Universidad de Antioquia, agregó que “en la Anla había dos obstáculos: el tiempo del trámite, lo cual incide en la ce
leridad para la captura del incentivo, y al pagar el costo en el trámite, que mandaba señales de desestímulo a quienes habíamos estado presentado este tipo de proyectos”.
Y recordó que la ley 1715 además promueve “iniciativas de eficiencia energética (que con la transición a fuentes renovables no convencionales) son proyectos importantes en la diversificación de la matriz y el uso racional de la energía”.
Esto, además, no implica una flexibilización en el cumplimiento de “las reglamentaciones ambientales y los procesos de desarrollo sostenible con responsabilidad ética y social”, agregó Amell.
Con el proceso más expedito se busca que los empresarios apliquen a los beneficios de deducciones otorgadas, que no han sido aprovechados significativamente.
La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez concluyó diciendo que el Decreto también reglamenta la profundización de los beneficios, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022, al pasar la deducción de renta de 5 a 15 años, la “exclusión automática del IVA para la adquisición de paneles solares, inversores de energía y controladores de carga para sistemas de energía solar”