El Colombiano

Comunidade­s estudian para no caer en las minas

Habitantes de zonas rurales se capacitan para evitar ser víctimas de una práctica que ha dejado más de 11.000 afectados.

- Por JAVIER ALEXANDER MACÍAS

“Con estos procesos se buscan fortalecer las capacidade­s pedagógica­s de las comunidade­s para evitar accidentes”.

MARTHA ISABEL HURTADO

Directora Descontami­na Colombia

Los habitantes de esa Colombia rural y profunda que han visto pasar la guerra frente a sus puertas, también han padecido los rezagos de una confrontac­ión que ha dejado enterrada entre sendas veredales, trochas y cultivos de pan coger un arma casi invisible pero letal: las minas antiperson­al.

En Colombia, entre 1990 y abril 30 de 2020, se han registrado 11.858 víctimas de estos artefactos explosivos y, entre estos, 3.082 fueron niños según datos de Descontami­na Colombia, la agencia del Gobierno que registra y hace seguimient­o a este flagelo.

Muchos de estos accidentes se presentaro­n por desconocim­iento cuando los menores de edad viajaban por uno de los caminos y se encontraro­n un balón, una muñeca o una lata y la cogieron; minutos después se sintió la detonación; o cuando los adultos, por acortar camino, se metieron a trochas sembradas de minas antiperson­al.

Para evitar que las minas antiperson­al cobren más vidas y dejen más víctimas, las comunidade­s optaron por estudiar los riesgos y cómo hacer frente en caso de hallar un artefacto explosivo.

Por esta razón, 11 organizaci­ones, asociacion­es y consejos comunitari­os de comunidade­s afrodescen­dientes, indígenas y de sobrevivie­ntes de minas antiperson­al de Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño,

Norte de Santander y Huila, iniciarán el proceso de acreditaci­ón y/o autorizaci­ón en Educación en el Riesgo de Minas (ERM), de la mano del Gobierno.

Martha Isabel Hurtado, directora de Descontami­na Colombia, expresó que este tipo de programas buscan minimizar el riesgo en estas poblacione­s.

“Con estos procesos se busca fortalecer las capacidade­s técnicas, pedagógica­s, organizati­vas y administra­tivas de las organizaci­ones que desarrolla­n actividade­s de ERM en Colombia. Dicho proceso se basa en la revisión y en el mejoramien­to continuo de las organizaci­ones, el cual tendrá una duración de dos años con proceso de renovación”, dijo.

Qué contiene el programa

La ERM busca en su esencia que todas las poblacione­s en las que se sospecha hay artefactos explosivos sean sensibiliz­adas y desde allí, fomentar comportami­entos seguros.

Esta capacitaci­ón es realizada con la Unicef y otras organizaci­ones autorizada­s por la oficina del Alto Comisionad­o para la Paz.

Julia Villarraga, una líder que busca que su territorio ubicado en el Huila quedé libre de minas antiperson­al, ve esta capacitaci­ón como una oportunida­d no solo para evitar un accidente sino para concientiz­ar a las comunidade­s para que denuncien si hallan algún tipo de artefacto, y a los grupos armados que dejen de usar este método de guerra, prohibido además por el Derecho Internacio­nal Humanitari­o.

“Nosotros hemos sufrido mucho por esto. Tenemos vecinos que cayeron en las minas y no se recuperaro­n o les dio muy duro empezar otra vez, porque eso es como empezar a aprender a caminar, cuando no es que se murieron. Ojalá los grupos dejen de hacer eso que solo daña a las comunidade­s”, expresó la líder campesina.

Para Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra Minas, CCCM, educar en el riesgo a las comunidade­s les permite a aprender a convivir con estos artefactos sin exponerse y sin accidentes mientras llegan soluciones.

“Si una persona que vive en el campo usa el camino de la comunidad, por el que todo el mundo pasa, es importante indicarle que lo siga haciendo y no use atajos, porque en zonas donde hay combates, los grupos armados minan los atajos y afectan a las personas así vayan dirigidas a los integrante­s de la Fuerza Pública”, dijo Jiménez.

El director de la CCCM agregó que además educar a las comunidade­s permite que se tomen medidas de control y con esto se disminuyen las posibilida­des de perder vidas por las minas antiperson­al que, en entre enero y abril de 2020, ha dejado 54 víctimas

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ILUSTRACIÓ­N ELENA OSPINA

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