Vicepresidenta rechazó también la imputación
Los siete militares que aceptaron haber violado a una niña indígena serán recluidos en batallón de Bello, Antioquia.
La imputación de cargos por parte de la Fiscalía a los siete soldados que violaron a la niña indígena en zona rural de Pueblo Rico, Risaralda, no solo fue rechazada por abogados penalistas del país que consideran que se ocultó la violencia contra la joven, sino también por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien expresó ayer que cualquier acto sexual con un menor es una violación y no abuso, tal y como les imputó cargos el ente investigador.
“Soy respetuosa de la autonomía de todas las entidades, pero tengo que decir en este caso que estoy totalmente en desacuerdo. Aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso ( abusivo) sino violento. Esto es una violación y si no llamamos las cosas por su nombre entonces después vamos a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en esta caso”, aseguró la vicepresidenta.
Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barbosa, ha defendido su actuación y aseveró que “a estos bandidos que mancharon la dignidad de una menor se les solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”.
En la imputación de cargos el Juez de Control de Garantías les impuso medida de aseguramiento y deberían ser enviados a una guarnición militar. Por la cercanía de los hechos se había pensado en Cali, pero como no hay cupo en la guarnición de la capital vallecaucana, serán trasladados al Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, ubicado en Bello, Antioquia.
Indígenas protestaron
A la indignación del país por la agresión sexual, se sumaron las protestas de las comunidades indígenas que se solidarizaron con la familia de la niña.
La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, expresó que se está cometiendo un atropello y denunciaron que “el proceso de restablecimiento de derechos de la niña Embera se está realizando sin enfoque étnico. Demandamos que la niña sea entregada a su familia más no a un hogar de paso del ICBF”.
Por su parte, la Organización Indígena de Antioquia, OIA, lanzó su voz de rechazo y señaló mediante un comunicado que durante años, “hemos vivido en una sociedad que ha tolerado el maltrato como una práctica cotidiana, que ha visto la violencia sexual como algo habitual, permitiendo abusos y agresiones y dejando en la impunidad delitos que van en contra de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas, pero como mujeres indígenas decimos no más a esta práctica histórica de guerra que nos humilla”