Ejército admitió que hay 118 investigados por abuso sexual.
Comandante de la institución informó sobre las investigaciones internas contra los uniformados.
El Ejército Nacional admitió ayer que desde 2016, 118 militares están siendo investigados por denuncias relacionadas con la comisión de presuntos abusos sexuales contra menores de edad.
La información la brindó el mismo comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, quien explicó que de esos 118 hombres, 45 han sido retirados y 73 tienen una “investigación detallada” para resolver su futuro judicial y al interior de la institución castrense.
“Con esta información actualizada continuaremos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía para evaluar todas las acciones que se deban tomar. No duden que vamos a adoptar las medidas necesarias. También en implementar unas de prevención”, añadió el oficial.
Más casos denunciados
Aunque el Ejército solo señala la situación desde 2016, hay documentación de casos similares denunciados por diferentes instituciones en ocurrencia al conflicto armado colombiano y que involucran a otras instituciones de la Fuerza Pública.
La Corporación Sisma Mujer confirmó que, en medio de su trabajo de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, cuentan con información de 15 casos ocurridos entre 1996 y 2013, en los que existió algún tipo de responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública.
“En estos casos, ocurridos en la región Caribe, hay personal del Ejército e Infantería de Marina, DAS, Gaula y CTI. Para el momento de los hechos encontramos que cinco de las víctimas eran menores de edad”, agrega Anyela Calderón, sicóloga de la Corporación Sisma Mujer.
Desde esta organización creen importante advertir que todos los grupos armados han sido y siguen siendo en la actualidad perpetradores de violencia sexual contra las mujeres.
“Si bien hay responsabilidad de los distintos actores armados, genera preocupación y nos parece sumamente grave que miembros de la Fuerza Pública cometan esta vulneración a los DD.HH. de las mujeres, pues su deber es la protección de los derechos humanos de la población civil y por supuesto de niñas, jóvenes y mujeres”, afirma Anyela.
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, en su publicación llamada La Guerra Inscrita en el Cuerpo, expone que desde 1958 hasta abril de 2017 se registraron en el país 15.076 víctimas de violencia sexual, de las cuales el 91,6 por ciento han sido niñas, adolescentes y mujeres adultas. En ese mismo informe confirma que hay 206 registros de agresiones sexuales por parte de Agentes del Estado, aunque no se específica el tipo de víctima.
¿Reestructuración urgente?
Aunque para el general Eduardo Zapateiro, la doctrina del Ejército (llamada Damasco) contempla todo lo referente a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para la enseñanza a los soldados, analistas y expertos consultados creen que deben darse cambios en la institución.
Para el exministro de Defensa, Gabriel Silva Luján, los reiterados actos “horroríficos” de violencia sexual contra la población vulnerable por parte de algunos miembros del Ejército, “son un ejemplo más que se suma a una larga cadena de hechos ilegales, de crímenes y actos irregulares que se han observado en el último año y medio. Esto ya no es casualidad”.
Asegura que “es un patrón que revela una permisividad y una actitud tolerante que crea un contexto que le hace creer a todos los niveles que no habrá castigo ejemplar. Ese patrón exige que el verdadero comandante en jefe, el presidente, imponga su autoridad y asuma la responsabilidad. Hay una crisis de liderazgo, de disciplina y de autoridad. No es, todavía, una crisis institucional”.
Por su parte, Andrés Macías Tolosa, investigador de la Universidad Externado, dice que los recientes escándalos hacen necesario, en primera instancia, la implementación de medidas drásticas y ejemplarizantes; sin embargo, afirma que eso no es suficiente.
“Es fundamental, en primer lugar, revisar y fortalecer los instrumentos y los canales a través de los cuales se vigila, se investiga y se sancionan las conductas irregulares de los uniformados, desde el interior de las mismas fuerzas y también desde las instancias civiles responsables de esa función; y segundo, es vital ser mucho más estrictos y rigurosos en el proceso de reclutamiento”, concluye Macías