¿A qué bolsillos debería apuntar la reforma tributaria?

Expertos señalan que una modificación de las reglas en los impuestos debería eliminar exenciones vigentes.

Hace poco más de una semana, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que determina la hoja de ruta en materia económica para los próximos años. Durante dicha presentación, se reiteró que la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que se estima es de 5,5% para 2020.

De la mano de este dato, se prevé que el déficit fiscal del país para este año, es decir la diferencia entre ingresos y gastos, llegue a 8,2 % del PIB. En términos del dinero que ingresa, los impuestos son parte fundamental para explicar este desequilibrio.

Por lo pronto, con cifras de abril, en 2020 el recaudo ha caído 2,27 %, principalmente por el efecto visto en el cuarto mes, en el cual la disminución de lo recolectado por concepto de impuestos fue de 29,47 %, de acuerdo con estadísticas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Si bien se cuenta con un grado de incertidumbre alto porque aún las cuentas del efecto económico del coronavirus son inciertas, a inicio de mes, el director de la Dian, José Andrés Romero, previó que se recogerían 24 billones de pesos menos por concepto de tributación este año.

En este sentido, en la presentación del MFMP, el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, señaló que “una vez hayan pasado los efectos de la pandemia, el cumplimiento de las metas del déficit fiscal requiere una reforma fiscal de al menos 2 % del PIB” (20 billones de pesos).

Esto sería en 2022, año en el que se promete volver a cumplir la regla fiscal, ¿ de dónde adquirir esos recursos adicionales?

Lupa a las exenciones

De acuerdo con Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, “un monto entre 20 y 30 billones de pesos daría tranquilidad de poder contar con los recursos para pagar el nuevo endeudamiento adquirido por el gobierno”. El experto apuntó a la eliminación de las exenciones como uno de los mecanismos fundamentales para una nueva reforma.

Jalil señaló que esto representa cerca de 8 % del PIB y que solo haciendo los cambios a estos beneficios, se lograrían las metas sin tener que afectar a otra población.

En esta misma dirección, el profesor de la Universidad de los Andes, Andrés Zambrano, destacó que “en este momento la economía naranja está exenta del impuesto de renta, los hoteles pagan 9 % y las mega inversiones el 27 % de este gravamen”. Por ello, la propuesta es que “todas deberían tener el mismo impuesto de renta de 32% que pagan las demás empresas y que se reducirá hasta el 30% en 2022”.

En este mismo sentido, Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, manifestó que se debe migrar hacia un estatuto que tenga tarifas bajas pero planas, sin que exista “esa gran cantidad de huecos que perforan el estatuto tributario y dificultan la administración”.

“En verdad el principio debería ser muy sencillo: si a una empresa le va a bien, independientemente del sector en el que esté, debería contribuir más que otra que no tenga tan buenos resultados”, concluyó Jalil.

Aumento de la base

Como proporción del PIB, Colombia no se destaca por pagar muchos impuestos, frente a otros registros. Así se demuestra en un estudio hecho por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que informó que para 2017, datos más recientes, el país tenía un recaudo equivalente a 18,8 % de su economía.

Dicha cifra es inferior al promedio en América Latina, que para la misma fecha era de 22,8 % y para las naciones pertenecientes a la Ocde se establecía en 34,2 %.

Teniendo esta base, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) propone que se aumente la base de personas naturales responsables de impuesto de renta, con el sustento de que en Colombia 80 % de estos pagos corresponde a empresas.

En esto coincide Mejía, quien dijo que “es importante que Colombia pueda ampliar esa base gravable, porque el país tiene una de las más bajas de América Latina”.

¿Y los más ricos?

Otra de las propuestas que surgen para la época pospandemia es que las personas que más tienen sean responsables por más pagos.

Bajo esta línea, el decano de economía de la Universidad Javeriana, Andrés Rosas, postuló que “el 1% de las personas naturales con mayor riqueza deberían pagar una tasa efectiva parecida a la del mismo segmento de la población en Estados Unidos”.

Con esto, según las cuentas hechas por Rosas, se podría llegar a un recaudo de 13 billones de pesos adicionales y se protegería a la población vulnerable y a la clase media de un golpe al bolsillo adicional al que ya propinó el virus.

El director del observatorio fiscal de la PUJ, Luis Carlos Reyes, dijo que medidas como ponerle IVA a la canasta familiar no iría en beneficio de esta idea, puesto que esa opción afectaría a la clase trabajadora en mayor medida, como proporción de sus ingresos.

“El sistema tributario debe ser progresivo. Lo natural en ese caso sería buscar fuentes de recaudo que pusieran esa carga sobre las personas de altos ingresos”, argumentó.

Mientras Anif considera que se debe unificar la tarifa del IVA, incluyendo la canasta básica, con base en la ya implementada devolución de IVA para los más vulnerables.

Protección

Julián Arévalo, decano de economía de la Universidad Externado, fue enfático en las cifras de desempleo que se han visto con la pandemia (21,4 % para mayo). A partir de esto, afirmó que “las medianas y pequeñas empresas generan más del 80% del empleo; eso es necesario protegerlo”. El analista señaló también hacia el sector construcción como uno al que hay que cuidar por su capacidad de dar trabajo.

También pensando en las consecuencias de la pandemia, Ramón Javier Mesa, profesor de economía de la Universidad de Antioquia, indicó que a futuro hay que revisar cuáles fueron esos sectores que no se pudieron recuperar del todo de esta emergencia para favorecerlos ante una eventual reforma.

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) propone que en una época después del coronavirus se incentive la sostenibilidad.

Esto se haría proporcionando incentivos fiscales para las empresas que lleven a cabo innovaciones con políticas relacionadas con inversiones sostenibles o economías libres de carbono, entre otras