IVA y el porqué está en el centro del debate
En 2019, el costo fiscal de tratamientos diferenciales del impuesto fue 74,9 billones de pesos, 7,1 % del PIB.
Ser un impuesto de fácil recaudo, tener una participación importante en los ingresos tributarios del Estado y que aplica a todo el mundo por igual, sin tener en cuenta la capacidad de pago ni necesidades, son las razones primordiales por las cuales la eliminación del Impuesto al Valor Agregado o sus ajustes genera amplias controversias.
A esto, se le suma que tiene una periodicidad menor que los demás, lo que es muy importante para sufragar los gastos del Estado que, históricamente, ha tenido sus cuentas en déficit, es decir, gasta más de lo que ingresa, explica Lucía Bolaños, Phd. en Derecho tributario e investigadora de la Universidad Libre de Cali. En un año normal, el IVA se recauda cada dos meses, pero en este 2020 por la pandemia ha habido algunas excepciones.
Y es un tributo que está más extendido en la población y en el que “el Estado traslada la función del recaudo; en lugar de vigilar a todos los contribuyentes lo hace con unos cuantos que realizan este trámite”, sostuvo Liliana Heredia, directora de contaduría pública de la Universidad Javeriana de Cali, teniendo en cuenta que es el establecimiento o vendedor el que lo cobra para dárselo al Estado.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a abril de este año, de los 50,9 billones de pesos que se reportan en impuestos, el 30,8 % llega por IVA interno, es decir 15,68 billones de pesos, pues el IVA del exterior aporta 5,65 billones de pesos, dato con el que este completa una participación del 41,9% de los ingresos tributarios.
Cuando se separa en el impuesto de renta entre lo que contribuyen las personas y las empresas, “el IVA termina siendo la principal fuente de recaudo tributario”, advirtió Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Ja
veriana (Bogotá).
Ante una tributaria, ¿qué?
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) la semana pasada generó polémica por revivir la idea de cobrar una tarifa general de IVA, incluyendo los productos de la canasta básica, dado que por la pandemia el Gobierno anticipó un beneficio para las personas más vulnerables: la compensación del IVA, de 75.000 pesos cada dos meses a 608.356 hogares.
La apuesta es apoyada también por Juana Téllez, economista jefe de BBVA en Colombia, cuando asegura que “estamos listos para cobrarlo a todo tipo de bienes y de esa forma disminuir ese subsidio implícito que hay a las personas de mayores ingresos al no cobrar IVA a los productos de la canasta familiar”.
Justamente, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sostenido que la tarifa diferenciada de la canasta básica beneficia más a los hogares de mayores recursos que a los más pobres, razón por la cual la devolución del IVA soslaya el panorama y elimina la regresividad del tributo.
No obstante, investigadoras como Bolaños sustentan que la solución no debe incluir la ampliación de la base de este tributo “si gravamos los bienes básicos va a acrecentar la línea de pobreza y desigualdad, ya no va a haber pobres, sino miserables”.
Por ahora, Bolaños sustenta que la compensación es ine
ficiente: “Si yo le voy a devolver a alguien estaría en capacidad de identificar a los sujetos que contribuyeron y merecen la retribución, pero ese indicador es inexistente por lo tanto la medida es ineficiente”.
Esto teniendo en cuenta que “es posible que como en algunos programas de apoyo se queden personas que lo necesiten por fuera y se favorezca a quien no lo necesita, mediado por corrupción”, afirmó Heredia, quien además reconoció que no hay suficientes mecanismos que depuren la información.
La solución pasa por evaluar la “clasificación de elementos, productos y servicios sobre los que recae el IVA y el sujeto y sus capacidades para contribuir”, dijo Bolaños.
Y para Heredia “sería preferible tener alguna mayor cobertura con otros bienes y servicios, pero con una tarifa más baja, manteniendo la exoneración sobre la canasta familiar, los bienes de consumo básico”, con una mirada crítica de los bienes y servicios de lujo.
Las cuentas del Estado
Para Reyes “quienes argumentan ampliar este impuesto a la canasta básica lo hacen sin pensar en su regresividad, sino en cuadrar las cuentas del Estado, pero esta no es la única manera, por ejemplo, si se focaliza a las personas de más altos ingresos”.
Además sostiene Reyes que la devolución del IVA atiende a las personas en condición de pobreza extrema, pero si se extien
de la tarifa “se les suben los impuestos a las familias de clase trabajadora, los asalariados, a los que su única fuente de recursos es su trabajo, mientras se evita aumentar a las personas que devengan ingresos no laborales (que no son de fácil verificación), de capital y de dividendos”, con otros gravámenes.
La discusión se da teniendo en cuenta que el costo que estima el Estado de no tener una tarifa unificada de IVA en 19 % llega a 7,1 % del PIB, (74,9 billones de pesos) al 2019, según el último Marco Fiscal de Mediano Plazo.
El valor se analiza así: los bienes y servicios excluidos (no declara y no tiene tarifa) aportan 61,2 billones de pesos; los exentos (tarifa 0 %, el empresario debe declararlo y genera un saldo a favor), de 10,18 billones de pesos, y los que hoy están gravados con el 5 % le cuestan al Estado 3,47 billones de pesos.
Para el asesor tributario Julio César Leal, en esta concepción del impacto fiscal hay bienes y servicios que por su naturaleza no deberían ser gravados, como las toallas higiénicas, la sangre humana, entre otros, por lo que clasificarlos en un costo es errado.
Al final, el ajuste fiscal, dijo, debe implicar un bajón a los impuestos, el IVA debería reducirse la tarifa general del 19 % al 8 % “para que se reactive la economía”, y el Gobierno “debe apretarse el cinturón vía eliminación de entidades, y de reducción del gasto, en al menos 100 billones” (ver Informe)