TEMA: REFORMA A LA POLICÍA
Para reformar la institución policial hay que atender voces de expertos en seguridad ciudadana y en combate al crimen, no a quienes quieren anularla. Y hay que escuchar a los propios policías.
“Para reformar la institución policial hay que atender voces de expertos en seguridad ciudadana y en combate al crimen, no a quienes quieren anularla. Y hay que escuchar a los propios policías”.
Los problemas de la Policía no estallaron el día de la muerte, a manos de dos agentes en servicio, del ciudadano Javier Ordóñez, en Engativá, hace dos semanas. Ese dramático hecho, hoy ya en manos de la justicia ordinaria, sí puso en el debate nacional, de nuevo, el inocultable problema del abuso de fuerza y los excesos de algunos uniformados.
La Policía Nacional es una institución grande. Grande en magnitud, en historia, en logros y resultados, en personal, en presupuesto, en responsabilidades, deberes y obligaciones, grande en presencia en todo el territorio. Y en cada uno de esos capítulos tiene retos y problemas.
Hace cinco años, cuando también hubo episodios polémicos, escándalos y acusaciones de uso ilegal de la fuerza, el entonces presidente Juan Manuel Santos dijo desde la Casa de Nariño: “He decidido nombrar una Comisión de muy alto nivel, totalmente independiente, para que investigue a fondo lo que está sucediendo en la Institución y que además nos dé unas ideas sobre qué hacer hacia adelante con esa Institución”.
La comisión estuvo conformada por dos exministros de
Defensa - Juan Carlos Esguerra y Luis Fernando Ramírez- y por un académico - Jorge Hernán Cárdenas-. Aunque su plazo de actuación fue inicialmente de 90 días, les fue prorrogado y finalmente entregaron su informe, de 90 páginas, en marzo de 2017. Los comisionados cumplieron su cometido de hacer lo que les correspondía, pero de ese informe y sus recomendaciones jamás se supo luego nada. O no hubo interés del Gobierno en abordar sus recomendaciones, o la resistencia interna hizo desistir del empeño, para no agotar en él un capital político que dedicaron a otras prioridades.
No estaría de más desarchivar ese documento y revisarlo. Al presidente Duque y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, evidentemente les debe preocupar -y no solo a ellos- que la presión política actual para hacer reformas a la institución policial, a sus objetivos y mecanismos de actuación, provenga primordialmente de dirigentes y sectores que siempre han visto a la Policía como un obstáculo y como una fuerza contraria a sus objetivos políticos e ideológicos.
Hay reformas que tendrían que pasar por el Congreso, donde el ambiente para el Gobierno no es el más adecuado para impulsar unas iniciativas de consenso. Pero hay otras que las puede adoptar el propio Ejecutivo, en uso de sus potestades constitucionales.
Al presidente se le ha criticado porque ha respaldado a la Policía y a sus agentes, objeciones de notorio tinte político, pues no se puede pretender que como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas salga a golpear a las instituciones o a deslegitimarlas. Los correctivos deberá hacerlos, por supuesto, llamando a capítulo a los generales y oficiales de mando, comunicándoles de manera inequívoca la decisión del Gobierno de no transigir con abusos ni corruptelas.
Y, entre otras cosas, como primera prioridad en la larga lista de tareas por hacer en la institución, asegurarse de escuchar a los uniformados. Desde el de la primera línea de ingreso hasta el de la cúpula. Los agentes tienen mucho qué decir, qué expresar, qué sugerir. A ellos se les exigen calidades y cualificaciones casi sobrehumanas y, al tiempo, se les ignoran sus necesidades y requerimientos. Una buena reforma debe empezar por rectificar esa falencia