PAGUEN SIN DEMORA
De los crímenes más abominables que han cometido los grupos subversivos en Colombia ha sido el secuestro. “La persona secuestrada muere lentamente”, dijo Íngrid Betancur, en declaraciones bajo el sistema virtual, ante la Comisión de la Verdad. Fue un doloroso relato del sufrimiento en su largo cautiverio en manos de las Farc. “Hay un descuartizamiento de la identidad y una anulación del ser humano”. Es una tortura por cuentagotas. Su testimonio desgarrador se suma a sus propios relatos de hace algunos años, en el momento en que logró su liberación en la Operación Jaque en el gobierno de Álvaro Uribe.
Quizás conmovidos por tan dramática narración, las cabezas de las Farc –que siguen soslayando con eufemismos el reclutamiento forzoso y violación de menores de edad–, salieron a reconocer que sí secuestraron. Cambiaron el discurso mentiroso de “retenciones” con que cubrían el lenguaje del secuestro. Dijeron entender ahora el dolor que les causaron a las familias a las que sometieron a vivir semejante calvario de sus seres queridos confinados en esos infiernos circundados por alambres y trampas. Admiten que a los secuestrados les arrebataron lo más preciado: “su libertad y su dignidad. El secuestro hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad”.
Bajo el supuesto de que esa contrición de corazón tenga propósito de enmienda, falta aún la satisfacción de obra. O sea, resarcir de todos sus perjuicios a sus víctimas. Reparar de acuerdo con lo firmado para que se apliquen y operen las leyes del convenio suscrito con el gobierno Santos y tengan derecho a gozar de los beneficios pactados en La Habana. Tienen recursos para hacerlo puesto que son dueños de grandes fortunas que obtuvieron a través del secuestro, del chantaje, de la extorsión y demás delitos con que coparon y excedieron las páginas del código penal.
Paralelamente con las declaraciones de Íngrid Betancur y los remordimientos –¿reales o simulados?– de las cabezas farianas por sus crímenes de secuestro, se conoció la sentencia del Consejo de Estado que obliga a la Nación a pagar 25 mil millones de pesos como indemnización a los familiares de los diputados del Valle secuestrados y luego asesinados por las Farc. Lo insólito de esa disposición es que en vez de obligar a los victimarios a cancelar esas obligaciones por aquel acto delincuencial –crimen de lesa humanidad, que no de guerra–, con sus dineros conseguidos a través del secuestro, extorsiones, explotación minera ilegal, tengan que ser desembolsados por el Estado, es decir por los contribuyentes colombianos. Es la más perversa e injusta aplicación de la ley del embudo. Lo ancho para los delincuentes y lo estrecho para la comunidad nacional que cumple con sus deberes tributarios.
Está bien que las Farc reconozcan en emotivos comunicados sus perversidades. Pero lo más importante, que lo canten ante los tribunales. Que tengan el valor de decir la verdad ante los jueces. Así sea ante los jueces de la JEP, sus grandes compadres. Y resarcir económicamente con prontitud a las miles de familias damnificadas que llevan en el alma no solo la cicatriz del secuestro, sino la pobreza en que las dejaron quienes les arrebataron sus honras y bienes
Que las Farc reconozcan sus perversidades, pero, sobre todo, que las canten ante los tribunales.