PECAR Y REZAR (SIN EMPATAR)
Parecía buena idea negar el reclutamiento de menores de edad ante el tribunal de justicia transicional y, casi simultáneamente, emitir un comunicado de perdón dirigido a las víctimas del secuestro…
La centralidad de las víctimas en el proceso de La Habana instaló el discurso –necesario, pero nunca suficiente– de la verdad como una deuda con quienes padecen (en tiempo presente, pues el dolor no cesa) los vejámenes del conflicto. Así mismo, la verdad implica la construcción de memoria colectiva: tanto los que votamos “Sí” y “No”, los que se abstuvieron y quienes ni se enteraron del Plebiscito, merecemos acceder a los diversos testimonios; de allí la importancia del anuncio de la presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),
Patricia Linares: “El magistrado relator del caso de reclutamiento consideró que hay condiciones para levantar la reserva de ese caso de reclutamiento forzado”.
Sin embargo, en esta fase del proceso de justicia transicional, quienes tenemos una obligación superior de exigir la verdad somos quienes votamos “Sí”.
Aunque es imposible una negociación que satisfaga a cincuenta millones de personas, 6’377.464 colombianos depositamos un voto con la esperanza de alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. La verdad en primera línea porque es el soporte del resto.
Confiamos en la buena voluntad de un grupo armado y un Estado que durante años nos han dado razones para desconfiar. Defendemos el disenso ideológico, la palabra como posibilidad. Pero, ante todo, buscamos proteger la vida de las personas que históricamente han sido abandonadas por el Estado, en especial, en el campo.
Muchos medios y ciudadanos hemos procurado la dignidad, llamar a los desmovilizados por su nombre de pila, no con un alias, y observar las segundas oportunidades como vía para el surgimiento de mejores sociedades (aplica para guerrilleros, militares, políticos, empresarios, cada individuo).
Las disidencias de las Farc son delincuentes, están fuera de esta discusión.
EL COLOMBIANO publicó en un editorial: “Salvatore Mancuso se sometió a un tipo de justicia transicional, no elaborada por su organización ilegal sino por el Gobierno de entonces y el Congreso”. Más allá de la opinión, esta afirmación desconoce el delito político y las diferencias entre un proceso de negociación (que implicó participación, pública, del oponente) y uno de sometimiento.
Dicho editorial también afirmó: “[Mancuso] Debe saber que se verá sometido a toda clase de presiones para que sus declaraciones se amolden a un libreto que pretende reescribir la historia, de modo que su verdad solo será aceptable en cuanto se ajuste a ciertas finalidades políticas”. Ese párrafo, evidencia del temor a nuevos testimonios de Mancuso, revela las entrañas de Justicia y Paz y explica por qué el gobierno Duque ha hecho hasta lo imposible para que no regrese el excomandante paramilitar.
La narrativa perversa de hacernos elegir entre “la verdad” de Salvatore Mancuso o la de Rodrigo Londoño es tan distorsionada como la de considerar criaturas mansas a los que votamos “Sí”, sin derecho a exigir a exguerrilleros y militares en el proceso.
Seamos claros: 1) la verdad es un relato plural, no un “ajuste a ciertas finalidades políticas”; 2) es el gran momento de la JEP: urge demostrar qué es justicia transicional y sus consecuencias tangibles, y 3) las Farc no cuentan con la “incondicionalidad” de quienes apoyamos la negociación: ¡la verdad es una obligación, no una opción!
Confiamos en la buena voluntad de un grupo armado y un Estado que durante años nos han dado razones para desconfiar.