Los peces de agua dulce que están bajo amenaza
En Colombia hay 52 especies en alguna categoría de riesgo. Expertos advierten del peligro para alimentación y economía de las comunidades.
Son miles las especies piscícolas de agua dulce encaminadas actualmente hacia la extinción, con lo que se pone en peligro el sustento para cerca de 60 millones de personas en todo el globo. Así lo alertó el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) al compartir los hallazgos consignados en el informe denominado “Los peces olvidados del mundo”.
Para ilustrar mejor la situación, el reporte detalla que 80 especies ya han sido declaradas “extintas” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De esas, 16 ingresaron al listado en 2020.
De acuerdo con Stuart Orr, líder mundial de agua dulce de WWF, “en ningún lugar la crisis medioambiental es más aguda que en nuestros ríos, lagos y humedales”.
Según expuso, el indicador más claro frente a la afectación de esos ecosistemas es la rápida disminución de los peces que habitan allí. Muestra de ello, según WWF, es la reducción, desde 1970, del 76 % de las especies migratorias y la caída del 94 % en las poblaciones de mega peces.
En Colombia
De acuerdo con los datos entregados por Saulo Usma, especialista en agua dulce de WWF Colombia, el país ya superó la barrera de las 1.600 especies piscícolas que habitan ríos y lagos (ver gráfico).
A pesar de su importancia para la seguridad alimentaria y la economía de diversas comunidades, actualmente hay 52 de ellas en alguna categoría de amenaza.
Según el Libro Rojo de Peces, son 47 los vulnerables. En esa categoría se puede mencionar el totumito, la doncella, el pirarucú, el valentón, el dorado, el apuy, el capaz, el rollizo y la vizcaína.
En peligro están la sabaleta de piedra, el jetudo, el bagre blanco y la arawana.
De otro lado, en peligro crítico se encuentra el bagre rayado del Magdalena.
Así mismo, Usma recordóque “infortunadamente” ya se perdió para siempre una especie endémica: el pez graso o runcho, que habitaba el Lago de Tota, ubicado en Boyacá.
En ese orden de ideas, calificó la situación como preocupante, puesto que las amenazas se vienen intensificando en el territorio nacional.
Mapa de riesgo
Tal como lo dilucidó el especialista, las presiones para estos peces se acentúan dependiendo de cada región.
“En el caso continental, una de ellas es el número de represas que se están construyendo para las cuencas del río Amazonas”, apuntó.
Estas obras, según explicó, fragmentan el afluente e interrumpen la comunicación de los peces desde las partes bajas hasta las partes altas de los ríos. En consecuencia, “perjudican a las pesquerías que se desarrollan en esas cuencas”, apostilló el biólogo.
Para el ámbito nacional, la deforestación es la principal causante de los impactos negativos. Esto porque debido al exterminio de la vegetación, los peces pierden fuentes de alimentos. Sumado a ello, la eliminación masiva de árboles genera ablandamiento de suelos, lo que deriva en más concentración de sedimentos en los ríos, lo que también afecta procesos reproductivos, según Usma.
El otro factor de riesgo, conforme al diagnóstico, es la minería ilegal en la que se utiliza mercurio. Este químico afecta a los peces, pero también causa daño a las personas que los consumen.
En medio de este panorama, el especialista afirmó que el informe trae un “mensaje esperanzador” y la situación se puede revertir si hay un trabajo multilateral.
Las acciones
Nicolás del Castillo, director general de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), comentó que desde esa entidad se vienen desarrollando diversas acciones encaminadas a proteger los ríos, lagos, humedales y embalses.
Esta tarea, conforme a las palabras del funcionario, se cumple “especialmente con actos administrativos orientados a garantizar la preservación”. Entre ellos, mencionó las resoluciones de veda, que prohiben actividades pesqueras en tiempos y lugares determinados.
De otro lado, Del Castillo se refirió a la resolución compilatoria 195 del 9 de febrero de 2021. Ahí se estipula, tal como lo precisó, la normatividad vigente para cada cuenca en el país. Inclusive –añadió– recoge regulaciones aplicadas desde hace cinco décadas.
Según remarcó, esa es la hoja de ruta para las labores de inspección, vigilancia y control que debe realizar la Aunap. Paralelamente, es un insumo para conocer “de primera mano” cada zona y determinar cuáles actividades pueden llevarse a cabo y cuáles no. Además, es una herramienta para todas las autoridades: entes territoriales, corporaciones autónomas regionales, Procuraduría y Contraloría