“Combinación de juegos de poder e ineficacia”

La Contraloría General de la Nación y las contralorías territoriales son los órganos encargados de fiscalizar el gasto público en Colombia. Es decir, son las entidades que tienen la competencia de identificar que cada peso del Estado se gaste correctamente y que llegue a donde debe. Desafortunadamente, estas instancias se han convertido en espacios de pugna política y herramientas de persecución o protección de los aliados políticos y amigos de quienes mueven los hilos del poder en el país.

En algunos departamentos o municipios se ha sabido de candidatos (a ocupar esos cargos) que pagan entre $200 y $300 millones a sus electores, bien sea diputados o concejales, o incluso a las universidades encargadas de los concursos de elección. Se ha sabido de casos en que los candidatos compran las pruebas que deben hacer para llegar mejor preparados a las mismas. A todo ello se suma la bajísima efectividad de las contralorías, que recuperan mucho menos de lo que concluyen en sus pliegos de cargos que es el monto del detrimento patrimonial. Así, el retorno de la inversión termina siendo bajísimo. La inversión de billones de pesos en el funcionamiento de las contralorías cada año no se refleja en la protección y recuperación real de los recursos extraviados o ilegalmente apropiados por funcionarios o contratistas inescrupulosos.

Esta combinación de juegos de poder, corrupción e ineficacia ha llevado a las contralorías a la peor crisis de legitimidad de su historia. Esperemos que con las reformas recientes al sistema de control fiscal empecemos a ver cambios esperanzadores. Por ahora, al menos, con el tránsito del régimen de control póstumo al control concomitante, podemos esperar que las contralorías detengan los desfalcos antes de que ocurran.