Inversión, formalidad e incentivos para la minería

Atraer capital, formalización y aprovechar los incentivos hacen parte de las tareas del Viceministerio de Minas.

En diálogo con EL COLOMBIANO la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, sostuvo que este sector es atractivo para los inversionistas toda vez que el país está entre los de mayor potencial. La funcionaria destacó los avances para formalizar a unos 27.000 mineros y los recursos que se les están asignando a los municipios para desarrollar diversos proyectos.

La inversión extranjera directa para el sector de minas y canteras colombiano el año anterior sumó 902 millones de dólares y según las cuentas de la Asociación Colombiana de Minería (ACM) la intención, en el corto plazo, es triplicar esa cifra y llegar a los 2.700 millones.

Pero, ¿qué tan atractiva es esta actividad para alcanzar una cifra de ese tamaño? La viceministra de Minas, Sandra Sandoval, en diálogo con EL COLOMBIANO, no se comprometió a mencionar un número, pero explicó que hay dos muy buenas señales.

“La primera es que los inversionistas ya están en Colombia, nacionales y extranjeros. Es decir que hay confianza grande porque son capitales que operan en el país y le quieren apostar. La segunda es porque en las encuestas que se han hecho Colombia es el segundo país mejor escalafonado en el potencial minero. Aquí hay riqueza mineral, y en Antioquia eso hace parte de la historia de este departamento, y se han empezado a identificar otros sitios con grandes riquezas minerales”.

En ese contexto, la funcionaria reconoció que hay retos que se deben superar “trabajando sobre la premisa de un sector legal, sin diferenciación de la escala en términos de promoción y, además, a todos los inversionistas les estamos exigiendo las condiciones para trabajar ajustados a las normas y con los mejores estándares”.

Protestas

En un ambiente tensionado por las protestas iniciadas a finales de abril, la Mesa Minera Nacional anunció que suma su apoyo desde hoy a las manifestaciones sociales, y mañana realizarán una serie de marchas en contra del proyecto de Ley 059 del año 2020, elaborado por los ministerios de Justicia, de Defensa, de Minas y Energía y de Ambiente, el cual que pretende aumentar las penas por el desarrollo de las actividades mineras ilegales.

Según Jaime Gallego, presidente de la Mesa, la iniciativa afecta “injustamente” a los mineros tradicionales y de subsistencia, ya que, por carecer de un título o contrato de concesión, se les asimila a mineros ilegales, desconociendo la naturaleza y carácter ancestral de su actividad legítima, además de la propiedad que sobre esos territorios por ellos ocupados se les reconoce en instancias internacionales.

Entonces, ¿qué mensaje les da el Gobierno? La viceministra Sandoval insistió en que es claro que hay una vocación de legalidad minera en el país y para ello hay una serie de herramientas que se han venido diseñando para la pequeña minería.

Agregó que el propósito es cómo se puede trabajar en la agilización de trámites para concretar las oportunidades, y para lo cual hay unos espacios de trabajo con las diferentes comunidades mineras para cerrar las brechas.

“Aquí hay una apuesta de Gobierno por trabajar con los mineros, con aquellos que tienen vocación de legalidad tanto así que hoy tenemos una meta de 27.000 mineros formalizados (a agosto de 2022)”, expresó la viceministra, quien precisó que 4.000 mineros han consolidado su situación de legalidad, 15.000 están en tránsito hacia ese estado y se identificaron otros 15.000 que estarían interesados en legalizarse (ver Opinión).

Recursos para las regiones

De otro lado, Sandoval resaltó el programa de distribución de recursos correspondientes al Incentivo a la Producción, que busca hacer un reconocimiento a los municipios que tienen yacimientos y a los que tienen puertos por los que se despachan los hidrocarburos y los minerales.

Por esta vía se mejora la relación de los territorios con este sector y se propende por el cumplimiento de los ingresos proyectados en el Sistema General de Regalías a través del compromiso de los gobernantes locales en la generación de entornos favorables para las metas de producción y de recaudo.

Según el Ministerio de Minas y Energía entre 2015 y 2020 se han asignado 626.000 millones de pesos en 175 municipios productores: 82 de crudo y gas, 31 de carbón y níquel, 11 de hidrocarburos y minerales y 57 puertos (de los cuales 6 también producen crudo, gas o níquel).

Para este año, en total, 212 municipios del país recibieron una asignación de 287.606 millones de pesos correspondientes al Incentivo a la Producción. Esta asignación supera en un 50 % la del bienio 2019-2020, que llegó a los 191.761 millones de pesos.

La viceministra Sandoval comentó que por primera vez 52 municipios en departamentos como Antioquia, Chocó, Bolívar y Nariño, recibirán recursos del Incentivo a la Producción por su destacada participación por la producción de metales preciosos (ver gráfico).

Entre los propósitos que se busca con la entrega de estos dineros figura la restauración social a través de la ejecución de proyectos de inversión asociados al aumento de la cobertura en agua potable y saneamiento básico, el mejoramiento y construcción de vivienda rural y urbana.

También se busca la restauración económica a través de iniciativas que incrementen la competitividad como el mejoramiento de la infraestructura vial, la conectividad, o las condiciones de energía y gas.

Igualmente se pueden destinar a programas de protección y recuperación ambiental y a la formalización de la producción minera que vayan en concordancia con el lineamiento del Gobierno.

Más recursos

A lo anterior se suma el impulso a seis proyectos distribuidos entre Antioquia, Bolívar, Caldas y Cundinamarca que obtuvieron una asignación de más de 36.600 millones de pesos para invertir en el fomento minero.

Antioquia fue beneficiaria de 3.214 millones de pesos para el diseño, construcción y funcionamiento de una planta comunitaria para el beneficio de mineral aurífero, ubicada en San Roque.

Adicionalmente, otros 8.350 millones de pesos se destinaron para el fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica del centro de formación minero ambiental del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para la prestación de servicios de fomento minero en El Bagre, en el Bajo Cauca ■