“Se pueden construir unos acuerdos viables sobre política y gasto social, pero ni las instituciones ni la autonomía del Banco de la República ni unas finanzas públicas sanas, son negociables”.
Se pueden construir unos acuerdos viables sobre política y gasto social, pero ni las instituciones ni la autonomía del Banco de la República ni unas finanzas públicas sanas, son negociables.
El Gobierno aceptó sentarse a negociar con el comité del paro, en una decisión que fue aplaudida porque ayuda a encontrar una solución a esta situación compleja. Ante esa circunstancia, definitivamente hay que fijar unas líneas rojas, que no se pueden cruzar, para que una negociación como la que se está planteando lleve a su objetivo final de levantar el paro. Sin posibilidad de repetición se podría agregar, si las cosas se hacen bien.
Antes, un poco de contexto. La economía estaba mejorando al comienzo del año. Las cifras antes disponibles hasta el 28 de abril mostraban una recuperación de muchas actividades, aunque el pico de la pandemia de principio de año las había afectado de nuevo. Algo que se constata en el índice NowCast de Bancolombia, que creció 7,8 % entre febrero y abril, después de un decrecimiento en el trimestre móvil anterior.
Una recuperación frágil, dependiente del ciclo del covid-19, pero con expectativas de mejorar a medida que avanzaba el programa de vacunación y la economía global tomaba impulso. Una recuperación que ahora está comprometida por el paro. Este, además del doloroso costo en vidas humanas que ha tenido, provocó que la economía resintiera el golpe. Algo que se traducirá más adelante en quiebras y más desempleo.
No es negociable comprometer la economía, que al final si funciona bien, a todos favorece; se trata de un bien común. Los bloqueos impiden el flujo de personas, bienes e insumos. Con efectos finales sobre los precios, generando inflación y llevando a la quiebra a productores y comerciantes.
En documentos del comité de paro se habla de un préstamo del Banco de la República y de utilizar las reservas internacionales. Eso no es negociable, sin violar la autonomía del Banco de la República, consagrada en la Constitución Política, además del daño que puede hacer en la reputación de buen manejo macroeconómico que tiene Colombia.
Tampoco es negociable cerrar más la economía. Un país no puede negociar su política comercial. De hecho, varios estudios muestran que la economía está de nuevo cerrada y protegida. La apertura económica de los años noventa en el siglo pasado cedió, pero la consigna la sobrevivió.
Tampoco debe ser negociable la necesidad de una reforma tributaria. Quienes se sienten en la mesa van a entender que el Gobierno está en reales dificultades fiscales como consecuencia de la pandemia y que además requiere recursos para mantener el gasto social solidario y la ayuda a las empresas que generan empleo. Ya hay propuestas de reforma, inclusive de empresarios que proponen nivelar las cargas.
La institucionalidad económica que tiene el país le ha permitido sortear aguas turbulentas como la crisis de fin de siglo, la crisis financiera de 2008-2009 y el fin del superciclo de los precios de las materias primas en la década pasada. En esta ocasión, las políticas monetaria fiscal y monetaria actuaron de forma coordinada para evitar que el golpe a la economía por la pandemia fuera aún mayor, al tiempo que pudieron sentar las bases de una recuperación que ahora se ve comprometida por la crisis social que de todas maneras se dio.
Esas instituciones no son negociables, ni la autonomía del Banco de la República, ni unas finanzas públicas sanas, hoy en reparación. Se pueden construir unos acuerdos viables sobre política y gasto social que no comprometan la capacidad de la economía de generar empleo y bienestar, y respeten la institucionalidad ■