Tres militares reconocieron su responsabilidad. Uribe aseguró que estas acciones no fueron una política de su gobierno y amenazó con denunciar.
El mismo territorio que destapó el primer escándalo de falsos positivos es el protagonista de un nuevo choque de versiones entre la Comisión de la Verdad y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien era el jefe de Estado entre 2002 y 2008, los años con más ejecuciones extrajudiciales según las cuentas de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Tras las declaraciones de tres militares en retiro y de las Madres de Soacha, que se han convertido en un referente para hablar de ese delito, el expresidente Uribe salió a defender su política de Seguridad Democrática y amenazó con acciones legales contra el comisionado Alejandro Valencia, quien dijo durante ese evento que las ejecuciones extrajudiciales “se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo”.
Dicha afirmación hace parte de un decálogo de ideas que leyó Valencia y que irán en el Informe Final de la Comisión de la Verdad que, a un mes de su publicación, ha generado polémicas sin siquiera conocerse su contenido.
Según Valencia, al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, “se incentivaron graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo gobierno, implementadas al interior de las fuerzas militares”.
Pese a que más adelante el comisionado enfatizó en que esas no eran normas escritas pero que sí parecieron haberse institucionalizado, el expresidente Uribe y su partido Centro Democrático continuaron defendiéndose. Según el también exsenador, “la única base de esas afirmaciones es el sesgo de la Comisión”.
Sobre esto último, es bien sabido que el uribismo no apoya a la Comisión ni a la JEP, entidades que surgieron del Acuerdo de Paz con las Farc.
Por su parte, la Jurisdicción Especial ha afirmado, sin responsabilizar al Gobierno de turno, que las prácticas de falsos positivos se dieron de manera “sistemática” y sin el debido seguimiento de las autoridades. Fruto de ello, se estima que ocurrieron un total de
“Todo lo que dicen las madres de Soacha ocurrió así. Los falsos positivos ocurrieron, aunque algunos se empeñen en negarlo”.
6.402 en 31 de los 32 departamentos del país, aunque ambas entidades coinciden en que esa cifra podría escalar.
Encuentro con las víctimas
Más allá de la polémica, el encuentro de este martes sirvió para poner frente a frente a las víctimas de los falsos positivos de Soacha con sus respectivos victimarios.
Durante un evento de cinco horas en el que cada parte tuvo su tiempo para hablar, el sargento (r) Sandro Mauricio Pérez y el teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado admitieron ser parte de una práctica “sistemática” –como la calificó la Jurisdicción Especial para la Paz– que consistió en reclutar a jóvenes inocentes que eran trasladados desde esos territorios hasta el municipio de Ocaña, en Norte de Santander, para luego asesinarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate.
A su paso, el general (r) Paulino Coronado Gámez aseguró que todo lo descrito por
“Irresponsable Comisión de la Verdad, con razón fue impuesta por Farc. Me corresponde proceder judicialmente”.