Fallo le da a la Alcaldía 4 meses para intervenir el nuevo Bronx
Deberán reparar los impactos que causó el desalojo de la olla en la Avenida De Greiff, en 2018.
Carlos lo soportó todo antes de abandonar el que fue su negocio por años. El denso olor a bazuco y marihuana que lo mantenía enfermo, la escena diaria de personas defecando al aire libre y un niño herido con arma blanca apoyado sobre la reja de su local lo forzaron a salir de su local ubicado en la carrera Cúcuta con Zea, en uno de los sectores más convulsos del Centro.
Pero un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia lo ilusiona a él y a decenas de comerciantes y habitantes con la recuperación de la zona. La acción popular ganada por la comunidad ordenó ponerle fin a la pesadilla que comenzó en agosto de 2018 cuando la alcaldía de Federico Gutiérrez y las autoridades desmantelaron la olla del Bronx, en la avenida De Greiff, provocando el traslado de habitantes de calle, drogadictos, personas desarraigadas y plazas de expendio de drogas.
Casi cuatro años de invasión convirtieron a la carrera 54 con calles 54, 56 y 57 y las zonas contiguas en tierra de nadie.
Muchos comerciantes como Carlos abandonaron la zona, algunos de ellos, en medio de amenazas por alguna de las tres bandas que allí delinquen. ¿Las razones? Defender a los funcionarios de Emvarias de agresiones o cruzar alguna palabra con los patrulleros que pasan por el lugar.
El abogado Jesús Antonio Sánchez fue quien interpuso la acción popular en la que le pidió a la justicia que le ordenara a la Alcaldía de Medellín restablecer el goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad pública en la carrera 54 (Cúcuta), entre las calles 54 a 57 y sus contornos. Además pidió vincular a la Policía, Fiscalía, Bienestar Familiar y Emvarias. Todas las entidades vinculadas se opusieron a dichas pretensiones y esgrimieron cifras y argumentos.
La Alcaldía, por ejemplo, contestó a la demanda asegurando que el plan de desarrollo 2016-2019 tenía un programa para habitantes de calle con tres estrategias y que entre 2017 y 2019 habían realizado 58 intervenciones.
El Tribunal también había decretado una medida cautelar para que las entidades involucradas ejecutaran un plan de contingencia con el fin de mitigar las afectaciones demandadas.
Al pronunciarse de fondo, el Tribunal determinó que si bien la Alcaldía y demás entidades responsables tenían evidencia de acciones adelantadas en la zona, lejos de soluciones temporales los problemas de salubridad y seguridad habían empeorado en los últimos tres años.
El abogado Jesús Antonio señala que la administración municipal aseguró durante todo el proceso que no era el responsable de que se transgredieran en esta zona los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la seguridad y salubridad porque sí tenía programas de atención a habitantes de calle. Este argumento, según el abogado, palidecía frente a las cifras recogidas como evidencia en el proceso que dieron cuenta de un aumento de 3.300 habitantes de calle cuando comenzó la alcaldía de Gutiérrez en 2016, a casi 3.800 al finalizar la misma en 2019.
Lo que se desprende del fallo, explica el abogado, es que los magistrados le dicen a alcaldes y responsables de otras entidades involucradas que las acciones adelantadas sobre habitantes de calle y población desarraigada no pueden ser inconexas causando perjuicio a estas personas y a otras comunidades.
Por tanto, frente a este caso, la Sala Segunda de Oralidad ordenó al Municipio de Medellín que en un plazo de cuatro meses lidere un plan integral focalizado y concreto para restablecer las condiciones que tenía antes de agosto de 2018.
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bandas delincuenciales operan en la carrera 54, entre las calles 54 y 57.
La Alcaldía tendrá que adelantar una completa caracterización de la población que deambula por el sector. Emvarias deberá ejecutar, mínimo, dos brigadas de aseo a la semana.
A más tardar, en una semana la administración y la Policía tendrán que garantizar la presencia permanente de fuerza pública que retome el control de la zona.
La Fiscalía tendrá que adelantar una indagación para determinar y desarticular el tráfico y comercialización de drogas, armas y explotación sexual. El Icbf, a su vez, deberá establecer un plan específico en esta zona para restituir los derechos de niños y adolescentes.
Los comerciantes se esperanzan en que el sector resurja del infierno que lo engulló hace casi cuatro años.
La Alcaldía manifestó que está estudiando la sentencia ■