Bucear en lágrimas
En mi infancia, camino al occidente, papá disminuía la velocidad para observar la majestuosidad del Cauca. Asomábamos la cara por la ventanilla para sentir la brisa mezclada con los ecos del poderoso caudal. Hoy, desde lugares como el cañón en Olaya, el brío del Cauca mudó en tristeza, aquella que ahoga a numerosos habitantes del área del proyecto hidroeléctrico Ituango.
Hidroituango es construcción, aceleración de obras, contingencia, finanzas, cronogramas incumplidos, generación de energía, pero, primero, compromiso con las comunidades.
En 2019, los movimientos de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Ríos Vivos solicitaron a la JEP decretar medidas cautelares sobre lugares de posible enterramiento de cuerpos. En audiencias públicas se recolectaron insumos para aplicarlas en seis municipios. Como contratista de Integral (a su vez contratista de EPM), la Fundación Socya debía permanecer con Fiscalía (garante de que no quedaran cuerpos en la inundación) y hacer acompañamiento cultural a las comunidades. La Fiscalía nunca confirmó que no quedaron más cuerpos y advirtió que, de encontrarlos, EPM no podía tocarlos. En Orobajo hubo hallazgos de la masacre de julio de 1998 (asesinato del cacique Virgilio Sucerquia).
El laboratorio de antropología osteológica de la Universidad de Antioquia exhumó y trasladó 178 cuerpos de los cementerios de Orobajo, La Fortuna y Barbacoas, catorce presentaban lesiones violentas. Las audiencias arrojan serias dudas sobre la rigurosidad de estas exhumaciones, traslados y conservación.
Pero hay más preguntas: ¿por qué el Gobierno dilató el reconocimiento de la comunidad Nutabe? ¿Por qué la consulta previa de EPM fue posterior a la inundación, como lo evidencian los testigos? ¿Por qué las inconsistencias entre testimo
“Hoy, el brío del Cauca mudó en tristeza, aquella que ahoga a numerosos habitantes del área del proyecto hidroeléctrico Ituango”.
nios nutabes? El antropólogo Jorge Eliécer David escribió: “El proyecto hidroeléctrico propiciará su ruina cultural”.
El mapa de calor de masacres, congela: en diciembre de 2020, la JEP determinó que hubo 2.094 víctimas de desaparición forzada en Briceño, Cáceres, Ituango, Nechí, Peque, Sabanalarga, Tarazá, Toledo y Valdivia. Los autores: los bloques Mineros y Metro, los frentes 18, 36 y 5 de las antiguas FARC, y la fuerza pública. “Este gravísimo crimen fue masivo, generalizado y persistente”, subrayaron los magistrados. Desde 1996, con la irrupción de las AUC en Antioquia, el incremento fue inusitado, en especial en Cáceres y Tarazá.
Movice y Ríos Vivos solicitaron la participación de Equitas, investigadores y articuladores de saberes para comprender el transporte y depósito de cuerpos humanos en contextos acuáticos. Desde la ciencia, solicitan una prospección arqueológica subacuática.
En este escenario no adversarial, sino de concertación y acción institucional conjunta, la razón asiste a las víctimas: la JEP ha avalado los peritajes.
Este viernes, William Giraldo, vicepresidente del Proyecto de Generación de Energía, acudirá a una audiencia solicitada por EPM con un criterio más político que técnico. La información señala que se adelantarán inspecciones judiciales subacuáticas. ¡Hoy la JEP no contempla desembalsar!
Los bríos del Cauca convertidos en lágrimas: “Los testimonios de Ríos Vivos son desoladores”, comenta la magistratura sobre diligencias reservadas. Cuando pescadores y barequeros renuncian a sus oficios ancestrales, pierden el sentido de sus vidas ■