Otro round por los “archivos secretos” de la Arquidiócesis
La Corte Constitucional ordenó a la Arquidiócesis responder unas preguntas hechas en 2020 por el periodista Juan P. Barrientos en el marco de una investigación sobre abuso sexual.
El tiempo ya empezó a correr: la Arquidiócesis de Medellín tiene 48 horas para responder las preguntas que el periodista Juan Pablo Barrientos le envió el 19 de abril de 2020. Y el asunto no es menor. La orden se desprende de un fallo de la Corte Constitucional que, en cabeza de la magistrada Gloria Stella Ortiz, determinó que la información requerida por el periodista tiene un interés público.
La puja entre Barrientos y la Arquidiócesis comenzó hace dos años. El periodista, que ha publicado dos libros sobre presuntos casos de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, solicitó información de los 915 sacerdotes que tiene la Arquidiócesis. A esa institución remitió 10 preguntas en las que solicitaba información de cada uno de ellos. La Arquidiócesis se negó y ahí comenzó un lío judicial que apenas concluye con la decisión de la Corte.
Barrientos interpuso una acción de tutela ante la renuencia para entregar la información. En primera instancia, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Medellín le dio la razón al periodista y exigió que se entregaran los datos en cuestión. Pero la Arquidiócesis impugnó la decisión, que pasó a manos del Tribunal Superior de Medellín, en
donde se revocó la primera instancia. Entonces, el investigador puso otra tutela en contra de la decisión sobre la tutela original. Y ahí entró a revisión en la Corte Constitucional.
Pero, más allá de la maraña judicial, lo que hay de fondo es una decisión sobre el derecho a la información, especialmente enmarcado en un contexto de denuncias sobre supuestos abusos sexuales contra menores de edad dentro de la iglesia.
Para entrar en detalles sobre lo que ha hallado el investigador, EL COLOMBIANO conversó con él y le preguntó por el reciente fallo de la Corte, del cual se enteró, dijo, por una publicación de este diario.
¿Qué buscaba con las 10 preguntas y por qué pidió información de los 915 sacerdotes?
“Había un indicio claro. Por
otra sentencia de la Corte, ellos me habían respondido por 100 curas. De ellos, resulta que 25 habían sido denunciados por supuestos abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Por eso decidí preguntar por el resto, porque podría haber mucha información escondida. Eran preguntas básicas, que obedecían a cuándo se ordenó cada sacerdote, por qué parroquias ha pasado y si sobre ellos han recibido alguna denuncia de abuso sexual”.
Hablando de esos abusos, usted dice que hay 43 sacerdotes de la Arquidiócesis con denuncias al respecto. ¿Se ha avanzado penalmente en ellos?
“En lo absoluto. La mayoría de los casos los resuelve la Iglesia Católica internamente, conciliando con las víctimas, que casi todas tienen un perfil parecido”.
¿Cuál es ese perfil?
“Tienen cuatro patrones: la mayoría son niños varones, muy pobres, de familias disfuncionales donde hay ausencia de una figura paterna. Muchas veces llegan a la iglesia con la intención de servir. Entonces, como la mayoría es pobre y no tiene para pagar un abogado, va a la curia a poner la denuncia, donde concilian con la iglesia. Eso lo encontré en esta investigación”.
“Estos señores creen que el Derecho Canónico está por encima de la Constitución, eso es gravísmo”. JUAN PABLO BARRIENTOS Periodista
¿Qué curso va a seguir la investigación luego de la sentencia de la Corte?
“Creo que no van a responder y eso es algo gravísimo. En otros países ya hemos visto que la iglesia ha desaparecido los archivos secretos y no se ha conocido la verdad sobre lo que pasó. Así no nos gusten las sentencias de los jueces, hay que acatarlas. Estos señores creen que el Derecho Canónico está por encima de la Constitución. Ahora le corresponde al juzgado 14 vigilar y velar por que la arquidiócesis entregue la información solicitada”.
Ayer, EL COLOMBIANO se comunicó con la Arquidiócesis de Medellín para conocer la respuesta frente al fallo de la Corte Constitucional. Desde allí respondieron que solo harían un pronunciamiento público que, hasta el cierre de esta edición, no había tenido lugar