Extrema corrupción
El fenómeno de la extrema corrupción se ha convertido en el principal problema que padecemos los colombianos por cuenta de las alianzas que realizan personajes del sector privado con funcionarios del sector público, con la participación activa de una buena parte de los dirigentes políticos de las diferentes vertientes que actúan a nivel local, departamental y nacional.
Según la Contraloría General de la República, la corrupción nos cuesta a los colombianos cincuenta billones de pesos anuales, cifra equivalente a la propuesta de reforma tributaria planteada por el candidato Gustavo Petro.
En los últimos ocho años, de acuerdo con la información de Transparencia por Colombia, la mayor incidencia de la corrupción se ubica en sectores con amplios presupuestos públicos, principalmente defensa y seguridad, educación, comunicaciones, vivienda, salud e infraestructura; se hace mediante irregularidades en contratos, empleos y trámites y manipulación en normativas, políticas y presupuestos, donde se identifican como principales causantes a personas que acceden al poder público a través del empleo de engañosos manejos de los procesos electorales.
En mi ejercicio político como senador, diputado y concejal, enarbolé la consigna “Cero corrupción, la solución política que Colombia necesita”, la cual considero que tiene plena vigencia en el contexto social, económico y político de la actual coyuntura que enfrenta nuestro país.
Los colombianos hemos sido víctimas de lamentables hechos de extrema corrupción, que finalmente se traducen en pobreza, inequidad, exclusión y subdesarrollo extremos. Al igual que muchos que se han atrevido a levantar la voz, hemos sido víctimas de la arremetida y la coreografía política y jurídica de esas estructuras criminales.
Esta realidad es motivo suficiente para hacer un llamado al nuevo gobierno nacional para que afronte de
“Según la Contraloría, la corrupción nos cuesta cincuenta billones de pesos anuales, cifra equivalente a la propuesta de reforma tributaria planteada por el candidato Petro”.
manera decidida la lucha contra la corrupción.
En esta dirección se deben impulsar reformas legislativas que promuevan la independencia de los poderes públicos y órganos de control mediante modificaciones a los procesos de nominación del contralor, procurador y fiscal generales.
El gobierno debe garantizar el derecho de acceso a la información pública, la cual es crucial para conocer la gestión del Estado y ejercer control al mismo.
Es urgente derogar el artículo 5 del decreto 491 de 2020, que extendió los plazos de respuesta a solicitudes de información y hay que hacer más expeditos los procesos de extinción de dominio de bienes de los corruptos.
Es importante no solo fortalecer las reglas para alcanzar mayor claridad y apertura en la contratación, sino, en lo posible, también buscar elementos que reduzcan la discrecionalidad en la toma de decisiones y promover un desarrollo efectivo de los distintos mecanismos e instancias de participación ciudadana. Mientras el país se enfrasca en el debate ideológico entre la extrema izquierda y la extrema derecha, la extrema corrupción se camufla en ambas.
Post Scriptum: Me informan que ante la denuncia que realicé el pasado martes, el señor Hugo A. Díaz se apresuró a pagar la sanción fiscal que lo imposibilitó para ejercer cargos públicos desde el 16 de diciembre de 2021. De nada le sirve, pues ya había incurrido en falta gravísima al posesionarse el 4 de enero de 2022 como director en propiedad de Buen Comienzo estando inhabilitado. A propósito, ¿de dónde salen 130 millones de pesos a última hora, que es lo que vale la sanción fiscal?