La Contraloría tiene 296 procesos en curso contra funcionarios de Medellín
En entrevista con EL COLOMBIANO, el contralor Pablo Garcés reveló que el 25% de las investigaciones cobija a servidores de la actual administración.
Al menos 296 procesos de responsabilidad fiscal en contra de funcionarios activos y retirados de las diferentes dependencias del Municipio de Medellín adelanta la Contraloría General de la capital antioqueña, en cabeza de Pablo Andrés Garcés Vásquez, quien hace poco más de dos meses resultó elegido para el cargo por el Concejo de Medellín con 11 votos.
Según Garcés, estos procesos incluyen hallazgos, indagaciones preliminares, aperturas e imputaciones en fase verbal que incluso se remontan a 2017.
De forma preliminar, desde la Contraloría han detectado que las entidades que más procesos presentan son EPM, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, hecho que tiene sentido por el impacto de las funciones misionales y el presupuesto que manejan la entidad y las dependencias en la ciudad.
¿La mayoría de procesos a qué se refieren?
“Aparte del tema de irregularidades en la celebración y ejecución de contratos en general, los 296 procesos también tienen que ver con temas de supervisión e interventoría de contratos estatales -concernientes a los controles administrativos, técnicos y financieros de los mismos-, así como el pago de sanciones, multas e intereses dentro de asuntos de responsabilidad fiscal que buscan resarcir el patrimonio del Estado. Pero vale la pena aclarar que el hecho de que estos procesos giren en torno a estos tres aspectos no es un tema que pase únicamente en esta ciudad, sino que es algo que se replica a nivel región e incluso del país”.
¿A cuánto dinero equivalen estos hallazgos?
“El valor económico de los daños asciende a más de $ 675.413 millones, y de este total, el valor de hallazgos corresponde a la suma de $38.782 millones.
Esto no significa que esa sea la suma que se va a obtener de recaudo. Quiero ser muy claro en ese sentido. Ese es el valor de investigación, pero el valor efectivamente recuperado será el que se derive de los fallos en firme de responsabilidad fiscal y que luego generarán un proceso
de jurisdicción coactiva, que es el procedimiento por medio del cual al funcionario que ya fue fallado por responsabilidad fiscal, se le hace exigible el pago de sumas de dinero a favor del Estado”.
¿Y quiénes son los funcionarios procesados?
“Tenemos de todo tipo de funcionarios bajo procesos. Desde secretarios, subsecretarios, gerentes y directivos en general, así como algunos profesionales que apoyaron la gestión de contratación, porque la responsabilidad fiscal implica una gestión fiscal directa o indirecta según el artículo 3 de la ley 610 del 2000. De hecho, también hay contratistas procesados porque participaron de una celebración contractual investigada y la norma señala que
estos, según el artículo 119 de la ley 1474 de 2011, son solidarios ante un eventual fallo con responsabilidad fiscal”.
¿Pero en su mayoría son de esta administración o de la anterior?
“Aunque -como he insistidoestos son datos preliminares, podríamos decir que el 70% de los procesos corresponden a la administración anterior y cerca del 25% a 30% restante son de la administración actual”.
¿Y cuándo habrá decisiones de fondo?
“El plazo para que un proceso de responsabilidad fiscal prescriba es de cinco años. Tenemos ese plazo máximo para tomar decisiones de fondo sobre los mismos. Pero las decisiones de los
procesos dependen de la complejidad técnica de estos, de la cantidad de procesados y de otro montón de variables jurídicas, aunque cabe admitir que algunos de los procesos están ad portas de llegar a decisiones para imputación”.
¿Cómo ha afrontado su llegada a la Contraloría desde su designación en marzo?
“Me siento muy fortalecido con el equipo de 336 servidores que me está rodeando. Tengo algunos cambios que ya estamos implementando, venimos trabajando y atendiendo la comunidad, yendo a donde los contralores no iban antes.
De hecho, ya hicimos dos Encuentros de Ciudad, que son una estrategia con la que buscamos acercar al ente con
la comunidad. El primero lo hicimos en Laureles a finales de mayo, allí estuvieron el subcontralor Juan Sebastián Gómez, el edil y los líderes de la comuna 11. En ese primer taller explicamos algunos de los conceptos básicos de control fiscal y de contratación estatal para que ellos los tengan presentes.
Y el segundo encuentro lo hicimos en Aranjuez, en los primeros días de junio, en el Centro de Desarrollo Social de San Pedro Lovaina junto a los miembros de la JAL de la comuna 4 y de barrios aledaños como Manrique Central.
Es más, estuvimos en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima de la Floresta, buscando evidenciar los problemas denunciados por los estudiantes sobre la calidad y suspensión del Programa de Alimentación Escolar, las fallas en la conectividad a internet y los daños en la infraestructura”.
¿Y si han servido esos talleres?
“Afortunadamente sí. De hecho, las PQRS a través de las cuales también nos llega información se están disparando, este año ya van 190. Además, estos encuentros ciudadanos los seguiremos haciendo en las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín porque yo necesito el apoyo de la gente para que tengamos el ojo avisor y protejamos el patrimonio de la ciudad. La vigilancia permanente será un foco importante para articular el control social con el control fiscal”
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