¿Por qué la Comisión Intereclesial quiere cambiar el gobierno de EPM?
En dicha organización está el hermano de Petro; con acción popular quieren apoyar los postulados de Quintero y mover un gobierno corporativo que ha dado resultados económicos.
El gobierno corporativo de EPM es una figura que se oficializó en la alcaldía de Sergio Fajardo para garantizar la independencia política y económica de la empresa: con él se busca que allí se tomen decisiones basadas en lo técnico y no en los cálculos políticos de cualquier alcalde. Esto es una garantía para las calificadoras internacionales y los bancos. Pero ahora se lo quieren pasar por alto y hasta tumbarlo.
El gobierno corporativo ha sido el palo en la rueda para Daniel Quintero, quien ha querido intervenir en las decisiones de EPM como si fuera el propio gerente. Queriendo poner allí a sus amigos o funcionarios de confianza, pasando por encima de los filtros.
Por eso no es raro que ahora aparezcan acciones populares que, ante un juez, buscan desmontarlo; lo que no deja de ser una suspicacia es que detrás de la misma está la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de la que hace parte Juan Fernando Petro, hermano del candidato Gustavo Petro, y quien hace unos meses estaba visitando a presos por corrupción para ofrecerles el perdón social del Pacto Histórico.
Todo empezó con un acción popular que presentó la Fundación Forjando Futuros en mayo del año pasado ante un Juez Administrativo del Circuito de Medellín. Pese a que el gobierno corporativo es lo que ha permitido que EPM crezca como empresa y le deje a la ciudad dividendos anuales superiores a 1 billón de pesos que en su mayoría van a inversión social, dicha fundación (cuyo objetivo es trabajar con víctimas y desposeídos de tierras en el marco del conflicto armado, por lo que no se entiende ahora su intención en EPM) asegura que en realidad se está poniendo en riesgo el patrimonio público de la ciudad.
Esa acción popular ahora es apoyada por la Comisión Intereclesial, una organización que nada ha tenido que ver con los procesos sociales de Medellín y que ahora aparece, raramente, en el camino de EPM. En dicha acción, Forjando Futuros resalta que supuestamente, y conforme al artículo 88 de la Constitución Políti
Desde que era candidato, Quintero se fijó en EPM. Ya en ejercicio ha tratado de hacer su voluntad allí pasando por encima de gerentes.
¿Será que desde Forjando Futuros, encabezada por Gerardo Vega, y desde la Comisión Intereclesial, están buscando hacerle el favor a Quintero?
ca, las normas de gobierno corporativo en EPM amenazan “la actuación con apego a la Moralidad administrativa y el Patrimonio Público, por parte de la gerencia, la junta directiva y los funcionarios de nivel directivo de la entidad. La jurisprudencia tiene definida la moralidad administrativa como el derecho que tiene la comunidad a que el patrimonio público sea manejado de acuerdo con la legislación vigente, con la diligencia y cuidado propio de un buen funcionario”.
La Comisión se plega a Forjando Futuros y pide la suspensión de los efectos del gobierno corporativo, “hasta que no se realice un ajuste técnico y jurídico, de tal suerte que no vaya en detrimento del patrimonio público y la moralidad administrativa”. Y más adelante argumentan que esto busca que “no se dilapide el patrimonio que con esfuerzo se ha conseguido durante años”.
No hay que hacer un esfuerzo para darse cuenta que justamente estos son los argumentos que ha dado el alcalde suspendido Daniel Quintero para atacar a los exalcaldes de Medellín, asegurando que la administración de EPM ha sido mala, sin embargo ese gobierno corporativo ha sido fundamental para que la firma sea la segunda empresa pública más importante del país después de Ecopetrol.
La pregunta que se hacen al interior de EPM y sus sindicatos es simple: ¿será que desde Forjando Futuros, encabezada por Gerardo Vega, y desde la Comisión Intereclesial, están buscando hacerle el favor a Quintero?
Desde que era candidato, Quintero se fijó en EPM. Ya en ejercicio ha tratado de hacer su voluntad allí, pasando por encima de gerentes y junta directiva. El mismo exgerente Álvaro Rendón demandó con pruebas que demostrarían cómo desde La Alpujarra querían pasar por encima de los soportes técnicos para poner allí funcionarios con un único aval: los amiguismos y la conveniencia política. Todo se resume en una frase que dijo el suspendido alcalde: “Necesito un gerente que me copie”