Alcaldía desoyó alerta y dio contrato para atender viejos
Persisten cuestionamientos por presunta irregularidad en entrega de lote de $17.000 millones. Veedurías nacionales elevarán queja a órganos de control.
En medio de una controvertida audiencia y pese a las alertas por presuntas irregularidades en el proceso de licitación pública, ayer en la mañana fue adjudicado, al consorcio Unidos por el Adulto Mayor, el lote 2 del contrato para operar los programas de atención a los adultos mayores más vulnerables de Medellín.
La audiencia de adjudicación del lote, que tiene un valor de $17.049 millones, estuvo precedida de críticas porque algunas fuentes cercanas al proceso de licitación e incluso veedurías nacionales consideraron que la administración municipal habría actuado para favorecer al contratista que finalmente se quedó con el contrato.
La crítica más grande radica en que la audiencia de adjudicación de dicho lote fue suspendida el pasado lunes cuando algunos opinan que la licitación debió declararse desierta en vista de que el único oferente, el mencionado consorcio, compuesto por las entidades 4E SAS y el Centro Empresarial Educativo Corpocemped, no subsanó a tiempo un requisito que sería indispensable y aún así lo dejaron seguir participando.
La Alcaldía justificó la suspensión de la audiencia en que tenía que elevar a la Gobernación de Antioquia una consulta sobre la obligatoriedad de dicho requisito: el certificado de normatividad de Esales (entidades sin ánimo de lucro), que son vigiladas y sujetos de control del Departamento. Fue Corpocemped la entidad que no entregó dicho certificado.
Elevarán queja del caso
Aunque la respuesta de la Gobernación aún no ha sido publicada, según lo socializado en la audiencia que se retomó ayer, esta habría dicho que el certificado no es obligatorio para el proceso de licitación, a menos que se hubiese establecido como requisito inhabilitante en el pliego de condiciones.
Y aquí hay otra duda, porque fuentes cercanas al proceso indicaron que este requisito se estableció en el pliego, pero la Alcaldía de Medellín afirmó que no fue así, por lo cual decidió adjudicar el contrato pese a las observaciones realizadas por terceros.
Las veedurías nacionales que participaron en la audiencia ayer solicitaron a la administración municipal que publique en el Secop la respuesta
de la Gobernación, porque consideran que también la podrían controvertir, y dijeron que podrían llevar el tema a organismos de control en tanto que opinan que hubo una presunta falencia en el respeto a los tiempos establecidos en el cronograma de licitación pública y que se habría buscado favorecer al contratista.
Por esta razón también indicaron que le solicitarán a la administración municipal que entregue copia de todas las actuaciones surtidas para garantizar la objetividad en la licitación.
La Alcaldía, por medio de Karen Delgado, secretaria de Suministros y Servicios, que coordina el proceso de licitación, escuchó las observaciones de dos de las veedurías nacionales que alertaron sobre la presunta irregularidad, pero se mostró tranquila con su actuación y reiteró que el proceso fue transparente y objetivo, aun cuando desde que se inició ha estado rodeado de cuestionamientos.
Lo que para muchos llama
la atención es que la Alcaldía diga que el certificado de cumplimiento de normatividad para Esales no era un requisito habilitante según el pliego de condiciones, pero en el proceso de evaluación este fue exigido e incluso llamado a subsanarse.
Inicialmente, el 27 de mayo, a Corpocemped se le pidió subsanar este requisito. El 10 de junio se hizo una nueva observación diciendo que no entregó el documento, pero que cuando revisaron las condiciones del
pliego, notaron que este no estaba establecido. Con ello difieren fuentes cercanas al proceso, que han dicho que este requisito sí estaba contemplado.
¿Para qué el lote 2?
De cualquier forma, este proceso estuvo rodeado de cuestionamientos desde sus inicios porque la Alcaldía decidió juntar en solo dos lotes todos los programas de atención a personas mayores y, además, estableció en los requisitos, por recomendación del consorcio Unidos por el Adulto Mayor, un capital de trabajo del 10% del valor total del contrato. Esto limitó la participación de muchas entidades sin ánimo de lucro que son las que históricamente han operado esos programas, pero que no cuentan con músculos financieros tan altos.
El lote 1 tiene un valor de $9.086 millones, mientras que el 2 es más cuantioso porque abarca las acciones dirigidas a los ancianos en mayor riesgo. El nivel de riesgo 3 incluye Familias Cuidadoras (para adultos mayores con familia de pocos recursos. A los beneficiarios les dan un salario mínimo mensual y acompañamiento al hogar). El nivel de riesgo 4 se atiende con Servicios de larga estancia (dirigido a personas que no cuentan con redes familiares, viven en inseguridad alimentaria y habitacional, por lo que requieren ser institucionalizados