Imputan cargos por venta de lote en 2015
Dos exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el sonado caso de las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato para vender un lote ubicado en la Central Mayorista hace siete años.
Este caso se remonta al año 2015, cuando el hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, era alcalde de Medellín. Entonces, Vera Cristina Ramírez López, exsecretaria de Servicios Administrativos, y Jorge Mario Velásquez Serna, quien era subsecretario de Adquisiciones y Desempeño Contractual, se vieron inmersos en una investigación porque habrían incurrido en las irregularidades para vender el lote de 8.300 metros cuadrados, que era propiedad de la administración municipal.
Un fiscal evidenció en medio de la investigación que entre el 27 de marzo y el 24 de abril de 2015, los procesados habrían negociado dicho predio por $19.123 millones, pese a que este estaba avaluado en más de $34.933 millones.
“La Fiscalía determinó que durante este proceso se omitieron las normas para establecer el valor del referido lote, permitiendo que el mismo fuera entregado a un particular por un valor muy inferior al real”, se lee en el informe del ente acusador.
Asimismo, la investigación evidenció que, el 19 de marzo de 2015, Vera Cristina Ramírez habría omitido, de manera arbitraria, un avalúo contratado por la Alcaldía de Medellín y habría solicitado otro, que era, presumiblemente, más conveniente a los intereses de los compradores. Por este hecho, la mujer también deberá responder por el presunto delito de prevaricato por acción.
Tras conocerse este hecho en su momento, la auditoría de la Contraloría determinó que el avalúo que soportó en 2015 la compra no siguió “las normas, procedimientos, parámetros y criterios para la elaboración de avalúos”. Por ello, para el organismo de control, los responsables del presunto daño fiscal carecieron de sentido común para proteger el patrimonio público, porque no vieron esas inconsistencias.
Y la Personería inhabilitó por 12 años a los presuntos responsables en 2018, fallo reiterado en segunda instancia en 2019 por la entidad del Ministerio Público, con el argumento de que incurrieron en “una falta disciplinaria de naturaleza gravísima”