¿Petro busca exonerar de terrorismo a los vándalos?
El ministro de Justicia propuso no judicializar a capturados en protestas por delitos de terrorismo y concierto para delinquir. El anuncio desató polémica.
“Es impensable que una persona que incendie un CAI o que le pegue a un policía no sea judicializada”. IVÁN CANCINO Abogado penalista
“Es importante que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social”. NÉSTOR OSUNA Ministro de Justicia
Tan solo 24 horas después de la controversia que se desató debido a que un grupo de manifestantes feministas intentó prenderle fuego a la Catedral Primada en Bogotá, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reveló que el Gobierno impulsará una reforma para que quienes participen en protestas en el país no sean juzgados por terrorismo y concierto para delinquir.
Este anuncio fue hecho por Osuna ante los magistrados de la Corte Constitucional durante su encuentro anual en Villa de Leyva, Boyacá, donde el jefe de la cartera de Justicia dijo que llevará al Congreso una reforma legal para “eliminar la penalización de la protesta social”, argumentando que quienes son capturado durante las protestas pueden ser criminalizados por “la forma como un juez o un fiscal interpretan la conducta que cometieron”.
Con este anuncio, el ministro le abrió la puerta a un agitado debate jurídico y político en torno a los actos vandálicos que suelen registrarse en medio de las protestas en el país, asunto que tomó fuerza esta semana por el instructivo con el que se ordenó al interior de la Policía Nacional que no se reaccione ante eventuales injurias de quienes protestan.
Son dos asuntos diferentes
Juristas se pronunciaron frente al anuncio reformista de Osuna y le respondieron que su propuesta podría no tener sustento, debido a que es diferente la protesta social, que no está penalizada, a los actos de violencia que pueden registrarse en el marco de las manifestaciones, cuyos responsables deben ser identificados y castigados por la justicia, como lo ordena la norma.
Y es que Osuna aseguró que se trata de un asunto que, según él, se ha tornado grave y es contrario a compromisos internacionales de Colombia, por lo que expuso que “creemos que es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social”.
Ante esta afirmación, el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, señaló que la protesta nunca se ha criminalizado en el país, ya que el hecho de salir a las calles no se ha denominado terrorismo ni concierto para delinquir y señaló que lo que ha sucedido es que por cuenta de protestas se ha llegado a la comisión de delitos como obstrucción de vías públicas, daño en bienes públicos y privados, y violencia contra servidor público.
“Esto no significa que haya un manto de impunidad para los delitos que ha quedado en evidencia que suelen cometerse en el escenario de la protesta social ni mucho menos que los ciudadanos tengamos que admitir que en desarrollo de la protesta social se dañe nuestra propiedad, que se impida el paso de ambulancias o medicamentos o que los servidores tengan que soportar agravios a su integridad”, dijo.
A esta voz se unió la del especialista y magíster en Derecho Penal, Iván Cancino, quien agregó que hay conductas permitidas en el marco de las protestas. “Si usted sale a protestar de manera decente haciendo arengas, con pancartas e incluso lanzando improperios contra funcionarios como crítica, no tiene penalización, pero es impensable que una persona que incendie un CAI, que destruya un monumento o que le pegue a un policía no sea judicializada”, apuntó.
Además del ámbito jurídico, esta propuesta tuvo eco en el político, más específicamente en el Congreso. El senador David Luna, de Cambio Radical, fue crítico con la iniciativa y planteó que si el ministro quiere dejar de imputar actos relacionados con terrorismo y concierto para delinquir a algún ciudadano en particular, tendrá que modificar el Código Penal. Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, aseguró que “no se puede disfrazar de `palomas' a manifestantes violentos, a los que debe caerles el peso de la ley”.
En defensa de la propuesta que impulsará el Gobierno habló el senador Julián Gallo Cubillos, del partido Comunes, quien expuso que en Colombia se deben dar plenas garantías para que la ciudadanía y las organizaciones sociales se puedan expresar libremente.
¿Beneficia a la Primera Línea?
Uno de los interrogantes que dejó abierto este anuncio es si el Gobierno buscará que la justicia libere a los miembros de la denominada ` Primera Línea' que enfrentan procesos legales por presuntos actos vandálicos en las protestas del último año. Tanto ha sido el interés que la Alta Consejera para la Juventud, Gabriela Posso, los ha llamado prisioneros políticos e incluso hay una comisión del Congreso que trata de defenderlos.
El propio presidente Gustavo Petro ha defendido la inocencia de estos jóvenes e incluso lo hizo tras ganar las elecciones. “Yo le pido al Fiscal General (Francisco Barbosa) que libere a la juventud, liberen a los jóvenes”, dijo Petro.
Por lo pronto el debate sigue abierto y tendrá que continuar en el Congreso, que será el que aprobará o negará la pretensión reformista de la justicia del Gobierno Petro