Les quitan a corruptos 184 bienes avaluados en $69.000 millones
Entre los afectados hay propiedades del Carrusel de las Pensiones, el PAE, Saludcoop y otros.
Por haber sido adquiridos con dineros de presuntas actividades de corrupción, la Fiscalía embargó 184 bienes de servidores públicos y contratistas vinculados a varios de los escándalos más sonados de los últimos años.
La operación, con fines de extinción de dominio, afectó 137 inmuebles, 38 vehículos, cinco cuentas bancarias, tres establecimientos comerciales y una sociedad por valor total de $69.000 milllones, según un reporte del ente acusador.
El fiscal General, Francisco Barbosa, expuso que entre los perjudicados con la medida hay gente involucrada en las irregularidades con el Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Este programa ha sido uno de los más golpeados por los corruptos en la última década, por contrataciones ilícitas, deficiencias en la prestación de servicios y hasta alimentos podridos e insuficientes para la población académica.
Para citar algunos casos, entre las personas judicializadas recientemente por estos hechos hay dos gobernadores: a Luis Monsalvo Gnecco, del Cesar, le dictaron medida de aseguramiento domiciliaria el mes pasado por ser presunto responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
La Fiscalía lo imputó por irregularidades en un contrato de 2015, que al parecer generó un sobrecosto de 2.983 millones de pesos.
El otro procesado es el exgobernador de Arauca, José Castillo Cisneros, involucrado en supuestas irregularidades con un contrato de 2019, con sobrecosto de $860'975.373.
Los bienes embargados en la operación judicial están repartidos en 30 municipios de 15 departamentos. En el caso de Antioquia, están en Sabaneta, Bello y Rionegro.
Otras redes de corrupción golpeadas con el procedimiento, según Barbosa, son las del escándalo de Saludcoop, en el que habría desviado dineros del sistema general de seguridad social.
También se atacaron los bienes y finanzas de los implicados en la llamada Operación Quirófano, que en 2019 descubrió a un grupo de funcionarios que recibían sobornos para favorecer los trámites de varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) y cajas de compensación familiar.
La lista de embargados sigue con las estructuras detrás del “Carrusel de las Pensio
nes”, creado por empleados, tramitadores y beneficiarios, que al parecer habrían conspirado para pagar jubilaciones y hacerle ajustes a mesadas pensionales sin el cumplimiento de los requisitos legales.
También afectaron un inmueble de un contratista salpicado en supuestas irregularidades con las demoras en la construcción del Comando de la Policía de Bogotá.
Y los de un contratista y un interventor judicializados por presuntas anomalías en los contratos y recursos para edificar una sede de la Universidad Tecnológica de Chocó.
En palabras del fiscal General, “todos estos bienes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, y pretendemos además que con estas acciones se incremente el número de bienes para que puedan ser monetizados y utilizados rápidamente por parte del Gobierno en la mejora de las condiciones de vida de los colombianos”.
Ahora inicia una batalla jurídica entre los embargados y la Fiscalía, que puede durar varios años, para demostrar si los bienes fueron obtenidos de manera legal o si se les aplica la extinción de dominio