Novio de DJ fue deportado: dice que el crimen lo cometió la mafia
El hombre responderá en Colombia por feminicidio agravado y ocultamiento de pruebas. Esta fue la cronología del asesinato.
Un megaoperativo policial trajo este miércoles al estadounidense John Poulos en calidad de deportado para que responda por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de elementos probatorios.
Todo ello tras múltiples pesquisas judiciales que lo dan como el principal sospechozo del asesinato de la reconocida DJ Valentina Trespalacios, una mujer de 23 años de edad que fue hallada dentro de una maleta en un basurero de Fontibón, en el occidente de Bogotá.
Tras ser capturado en Panamá –desde donde Poulos planeaba seguir fugándose de la justicia con tiquetes de avión hacía países como Brasil y Turquía – el presunto feminicida declaró ante las autoridades panameñas que era inocente del crimen del que se le acusa y que el asesinato se había dado a manos de un cartel de la mafia de Medellín, una coartada que no concuerda con el extenso material probatorio que ya está reuniendo la Fiscalía para acusarlo por feminicidio.
Pese a que los investigadores del caso no ven viable esa teoría, el equipo decidió abrir una línea de investigación que apuntará a esclarecer si la pareja tenía algo que ver con algún grupo armado, pues otros testigos señalaron a Poulos de manejar grandes sumas de dinero en efectivo y de sostener supuestos negocios con miembros del Cartel de Sinaloa, una poderosa red de narcotráfico con influencia en México, Colombia y otros países de la región. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Trespalacios?
La cadena de pruebas
El presunto feminicidio de Valentina está rodeado de una serie de inconsistencias entre el día en que fue vista con vida por última vez, cuando se dirigía hacia una discoteca en un vehículo de Uber, y este miércoles, cuando su agresor fue deportado por un equipo especial de la Policía Nacional para que explique cómo sucedieron los hechos.
La investigación ha dado con detalles cada vez más vinculantes contra Poulos. Horas antes de la fecha estimada de la muerte, Valentina Trespalacios habría intentado pedirle ayuda a un conductor que no entendió su llamado de urgencia.
“Ayúdeme, estoy en peligro”, fue la frase que la mujer le habría mostrado al conductor de una plataforma de transporte que declaró, bajo la gravedad de juramento, haber llevado a la pareja a una dirección de Bogotá.
Según el conductor, “ellos se subieron discutiendo y él estaba alterado. Me preguntó si yo sabía hablar inglés y cuando le dije que sí dejaron de hablar y empezaron a discutir por Whats App”.
Sobre esas discusiones, familiares de la víctima han dicho que, pese a tener una personalidad calmada, el hombre era extremadamente celoso y vigilaba constantemente a su novia.
De hecho, las autoridades sospechan que días antes de ser asesinada, Valentina Trespalacios estaba siendo seguida por un detective que intentaba averiguar si ella le era infiel a esa relación sentimental.
Con eso en mente, Poulos habría alquilado un automovíl y una apartamento que pretendía compartir con su pareja. Sin embargo, los contratos de arrendamiento de ambos bienes estaban pactados para cuatro días y no por tiempo prolongado, un punto que demostraría un delito premeditado en el que el estadounidense habría tenido tiempo de analizar cuánto se tardaría en asesinarla y dejar el país para huir de las autoridades.
Tras su muerte, el cuerpo de la DJ fue empacado en una maleta que sería propiedad de Poulos con evidentes signos de maltrato. Según el dictamen de medicina legal, la mujer murió por asfixia mecánica y no fue víctima de descuartizamiento.
Horas después de morir, el cadáver fue trasladado dentro de la maleta en un carro gris que, al parecer, era el mismo vehículo que Poulus arrendó para estar esos días en la capital.
Ya en los últimos movimientos del caso, se supo que la Fiscalía tendría evidencias de que el hombré modificó y eliminó pruebas claves del caso. Aún alegando inocencia Poulos se huyó a Panamá el mismo día del asesinato y compró varios tiquetes de avión, con dinero en efectivo, para despistar a las autoridades sobre su verdadero destino.
Con su captura, el estadounidense tendrá que responder por tres delitos en Colombia –gracias a los tratados de cooperación judicial con Estados Unidos– y podría enfrentarse a una pena de 40 años de cárcel