De EPS a centros de atención: así cambiarían la salud
La reforma a la salud busca que el Estado controle los recursos y que el modelo sea preventivo. Hay dudas e insisten en conocer el texto.
“Acabar con este Sistema de Salud” son las palabras que se leen en una presentación –al parecer de power point– en la que están consignados los principios por los que se regirá el proyecto de ley para reformar el sistema de salud colombiano.
El documento, que se entregará al Congreso, agrega también: “Construir otro en el que la vida y la salud de quienes tienen dinero, no valga más que la vida y la salud de quienes no lo tienen”.
Así mismo la ministra de Salud, Carolina Corcho, dio otras pinceladas de la operación que el gobierno quiere hacerle al sistema. En entrevista con Daniel Coronell habló de metas, cambios y hubo una frase que repitió cuatro veces: “Construir sobre lo construido”.
Incluso, con un tono más conciliador que el que se le escuchó en un acto público a mitad de mes en Villavicencio, le reconoció aspectos positivos al sistema y a la Ley 100 de 1993, que lo estructuró. “No se va a acabar el aseguramiento, que fue un logro importante de la Ley 100, en el sentido de que es la manera en la que se financia el sistema”, aseguró.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo, desde Duitama (Boyacá), que “reformarán el sistema de salud de una manera inteligente para que no muera más gente sin atender y dejemos de tener una de las tasa de mortalidad más altas de la OCDE”.
El documento que podría orientar el texto que se debata en el Congreso gira en torno a defender la seguridad social, descentralización político administrativa, “todos ponen”, control de los recursos por parte del Estado, manejo técnico de los recursos y terminar con la “gran inequidad del sistema actual”.
Seguridad social
En este punto, el documento señala que esto “permitió construir los estados de bienestar y sociedades con economías de mercado más equitativas”. Por lo cual lo defenderán, ya que “garantizó mayor calidad de vida y estabilidad económica de las familias de los trabajadores”.
“Todos ponen”
Este punto habla sobre la financiación de la salud y la seguridad social, que debe ser tripartita. Por ello, “las empresas, trabajadores, indepen
dientes y rentistas de capital deben aportar sin excepción a fondos parafiscales”; los trabajadores, independientes y rentistas “en proporción a su ingreso”; así como las empresas “en proporción a los contratos realizados por trabajos o servicios personales”.
Descentralización y participación
Este punto habla de estos dos aspectos como una “condición indispensable para garantizar que los gobiernos territoriales asuman el control de las condiciones de vida y salud en el territorio” de los ciudadanos por medio de la participación de ellos.
El Estado controla los recursos
Esta parte de la presentación parte de la premisa de que “no existe tal oposición entre Estado y mercado, sino una relación indisoluble” y aclara que no se pretende estatizar la salud del país, sino que el
Estado tenga un “mayor control para garantizar el derecho a la salud, acompañado de herramientas de manejo técnico y transparencia en el uso de los recursos”.
Al respecto, la funcionaria expresó que este control lo tendría la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) y que recuperaría la figura del Consejo Nacional de Seguridad Social –estipulada en la Ley 100– que estaría encargada de discutir las políticas públicas en salud.
“Fin a la inequidad”
Según el archivo, que va en vía del discurso del Gobierno contra las entidades promotoras de salud, “tres décadas de privatización de la salud en Colombia han naturalizado y consolidado la segregación de los ciudadanos en función de su capacidad económica”.
Por esta razón, señala que será “requisito inexorable” que se acaben “los negocios de la salud “y agrega: “o lo que es igual, acabar con este Sistema de Salud”.
En función de estos puntos, Carolina Corcho habló de que los servicios de salud estarán a cargo de las redes integrales (RISS) y se prestará mediante la estrategia de atención primaria integral y resolutiva. Incluso, auguró que quieren construir 2.500 centros de atención primaria en las zonas rurales apartadas del Colombia en donde no hay privados y pocos puestos de salud, que tendrían un costo de $1.500 millones.
Por otro lado, anunció que pretenden recalcular la unidad de pago por capitación (plata que gira anualmente el Estado a través de la ADRES a las EPS por cada afiliado) a un plazo de diez año para que el 27 % de los recursos queden en un nivel primario y preventivo.
“Pongámonos por encima de la pugnacidad política, porque es la vida lo que está en juego”, fue otra de las invitaciones de Corcho a quienes han mostrado sus reparos a lo que plantea la reforma. “A veces partimos de que estamos en una maravilla, pero los indicadores trazadores de mortalidad en Colombia no son defendibles”, añadió.
¿Y en qué quedamos?
Si bien la ministra hizo esa apreciación sobre la mortalidad en el país, un chequeo de datos rápido permite, al menos, poner en duda la totalidad de esa afirmación. Si bien la mortalidad en general no es un indicador que esté en cero –como sería lo deseable– son índices que han mejorado en los últimos 30 años, desde que entró en vigencia la Ley 100.
Solo el índice de mortalidad neonatal por cada 1.000 nacimientos pasó de 16,73 en 1993 a 12,36 en 2003, de esa cifra a 9,03 en 2013 y de esta a 7,2 en 2020. Una reducción del 56 % en ese periodo.
Al respecto, el profesor de economía y experto en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, señaló que “hemos visto cómo a la ministra y quienes la apoyan les gusta elegir cifras específicas, como la mortalidad materna (que se redujo al 50 % en 2014), pero no les gusta hablar de los indicadores en los que mejoramos en 30 años”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) dijo sobre las declaraciones de Corcho y del contenido del documento para la reforma que “el proyecto no se conoce porque no lo tiene, tanto es así que para poder hacer críticas toca sacarlo de sus declaraciones en medios, en donde ha sido insistente en acabar las EPS, que es igual que acabar el sistema”.
A su vez, el vocero del movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva, añadió que sin el documento oficial no se puede establecer de dónde saldrán los recursos para financiar los centros de atención primaria en las regiones rurales apartadas, puesto que “si no hay documento que aclare cómo lo van a financiar y de dónde sacaremos el talento humano, ¿qué meta podemos esperar así?
“La pregunta no será por cuánto cuestan los edificios de esos centros, porque lo que es caro es tener el personal que tengan las características para esa labor, porque no hay médicos especializados sufientes ni dispuestos a irse a esas zonas por los pagos precarios que hay”, añadió al respecto Paúl Rodríguez.
Sin ir más lejos, los interrogante sigue siendo el mismo desde que inició el gobierno: ¿cómo se construye sobre lo construido si el plan es “acabar con este sistema”? ¿Se puede construir algo así si se quita la base y el núcleo del sistema, que son las ESP?