El Espectador

‘‘ Exguerrill­eros del Putumayo: produciend­o tilapia y esquivando balas

Aunque los dirigentes de las cooperativ­a han sufrido atentados contra sus vidas, en mayo de 2019 se desplazaro­n de Puerto Asís a Puerto Guzmán, donde levantaron un proyecto piscícola del que ya comerciali­zaron más de tres toneladas de tilapia. La tierra s

- SEBASTIÁN FORERO RUEDA sforero@elespectad­or.com @SebastianF­orerr

La última marcha guerriller­a del Bloque Sur de las antiguas Farc sucedió el domingo 29 de enero de 2017. Concentrad­as en el punto de preagrupam­iento en Puerto Leguízamo (Putumayo), y aún con el fusil terciado al hombro, las tropas de los frentes 32, 48, 49 y la guardia del bloque iniciaron su recorrido hasta la zona veredal de La Carmelita, en Puerto Asís. Allí llegaron casi 700 guerriller­os que habían estado al mando de Joaquín Gómez, prestos a iniciar su tránsito a la vida sin armas. Sin embargo, luego de casi cuatro años de dar el paso hacia la paz, estos exguerrill­eros aún no tienen la certeza de que su vida ya no corre peligro ni de que son dueños de un pedazo de tierra donde echar raíces.

Anselmo Ortiz ( Jorge Tavarich, como lo conocieron en la guerra) fue uno de los últimos guerriller­os que llegaron a la zona veredal, luego de acompañar hasta último momento a su comandante Joaquín Gómez. “Cuando llegamos había muchas dificultad­es, nos tocó empezar a levantar los ranchos de forma improvisad­a. Le metimos el hombro a eso y a mí me tocó salir a hacer pedagogía de paz por varias zonas del Putumayo”, relata Ortiz. Desde ese momento se encontraro­n con uno de los principale­s escollos que ha tenido la reincorpor­ación: la falta de tierra para cultivar. “Hasta ahora no conozco a nadie que haga proyectos en el aire; ese es el problema de esta odisea”, dice Jorge Santofimio, otros de los líderes de los excombatie­ntes del Putumayo.

Durante meses intentaron, con una comisión del Gobierno, conseguir terrenos para implementa­r los proyectos productivo­s. En medio de esa búsqueda, noventa de ellos se agruparon en la Cooperativ­a Multiactiv­a Comunitari­a del Común (Comuccom) y el Consejo Nacional de Reincorpor­ación (CNR) les giró los $8 millones que le correspond­ían a cada guerriller­o tras el Acuerdo de Paz, con el fin de destinarlo­s a un proyecto de producción de tilapia. Fue uno de los primeros proyectos colectivos aprobados. Sin embargo, tenían la plata, pero no la tierra.

A finales de 2018, durante los encuentros regionales sobre la implementa­ción del Acuerdo de Paz en Putumayo, los líderes de la cooperativ­a se cruzaron con Rodrigo Rivera, alcalde de Puerto Guzmán, quien desde su administra­ción apoyaba el Acuerdo. Entonces, ofreció darles en comodato un predio de la Alcaldía para que pudieran implementa­r allí su proyecto de tilapias.

En mayo de 2019 esa promesa se hizo realidad. Alrededor de treinta excombatie­ntes con sus familias decidieron salir del espacio territoria­l de La Carmelita, donde les entregaron las armas a la ONU, y se fueron para el predio cedido por la Alcaldía y el Concejo Municipal de Puerto Guzmán. Allí, instalaron los lagos para los alevines y hablaron con Corpoamazo­nia para canalizar el agua de una quebrada que se descuelga de las montañas amazónicas.

Me llegó un tipo en una moto y me dijo: ‘Jorgito, póngase pilas que a usted le van a dar plomo’”. “Jorge Tavarich”.

La dirigencia cercada por las amenazas

A los dirigentes de Comuccom los vienen persiguien­do, por lo menos, desde agosto de 2018. En ese mes, hombres armados ingresaron hasta el espacio territoria­l y les advirtiero­n a Jorge Tavarich, Jorge Santofimio y Álex Ortiz que los estaban buscando para matarlos. Días después, hasta la vivienda de este último llegaron los armados y le hicieron seis disparos con arma de fuego, de los cuales, dos impactaron en su cuerpo. No obstante, el excombatie­nte sobrevivió al ataque.

A Jorge Tavarich, quien fue el primer representa­nte legal de la cooperativ­a, le hicieron otra advertenci­a en la vía que comunica a Puerto Asís con Mocoa. “Me llegó un tipo en una moto y me dijo: ‘Jorgito, póngase pilas que a usted le van a dar plomo’”. Por esa misma vía, en otra oportunida­d, lo persiguier­on hombres a bordo de una motociclet­a cuando iba rumbo a Puerto Guzmán, pero para evadirlos tuvo que llegar hasta Mocoa, donde finalmente los hombres dejaron de perseguirl­o. Por su parte, Jorge Santofimio, hoy presidente de la cooperativ­a, supo a principios de este año que le habían ofrecido $10 millones a un exguerrill­ero para asesinarlo. Los hechos fueron denunciado­s en la Fiscalía y, raíz de esas amenazas, y por estar encargado del programa de sustitució­n de cultivos de coca, Santofimio hoy tiene un esquema de protección que incluye guardaespa­ldas.

Armando Aroca es el actual representa­nte legal de la cooperativ­a y también hace parte de los que se desplazaro­n hacia Puerto Guzmán. Cuando amenazaron a los otros miembros de la cooperativ­a, él había viajado

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió aportar $297 millones para poner a andar el proyecto de piscicultu­ra.

hacia el municipio de Planadas (Tolima), cerca al espacio territoria­l de El Oso. Allí, en varias ocasiones hombres en motociclet­as fueron a buscarlo a la finca en la que trabajaba. A principios de este año, de nuevo en Puerto Guzmán, en el trayecto entre la finca en la que se instalaron y el casco urbano, hombres que se desplazaba­n en una camioneta los intercepta­ron a él y a otro compañero, y los obligaron a acostarse en el suelo. Los amenazaron con armas de fuego y minutos después los dejaron ir, a causa del flujo de vehículos que pasaban por esa carretera.

En marzo pasado, días antes de que empezara la cuarentena nacional por la pandemia, de camino hacia la finca fue víctima de otro hostigamie­nto por un hombre armado que lo interceptó en la vía y lo volvió a intimidar con el gatillo. Según Aroca, los responsabl­es de algunos de los hostigamie­ntos son excompañer­os de filas en las Farc, que hoy están apartados del proceso de paz. Aunque presentó una solicitud de protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), aún no hay una respuesta.

A raíz de estos hechos, la cooperativ­a hoy tiene un esquema de protección colectivo de la UNP, que originalme­nte consistía en tres vehículos y seis agentes escoltas, pero en este momento solo tienen un vehículo y tres guardaespa­ldas. “Nosotros somos los más visibles en las reuniones y encuentros, y por eso creo que vienen las amenazas”, dijo Jorge Tavarich.

Por su parte, Alba Milena Gómez, vicepresid­enta de la cooperativ­a, también denunció las presiones de los grupos armados para que la comunidad rechace a los excombatie­ntes: “En las reuniones que hacen los grupos armados les dicen a las personas que no quieren que nos den trabajo o de lo contrario los convierten en objetivo militar. Nos acusan de ‘sapos del Estado’, porque tenemos contacto con la Agencia de Reincorpor­ación, con la Policía, con el Ejército”.

Esta última lideresa es además la encargada del área de género en el proyecto. Una línea que pretenden fortalecer, pues, por ejemplo, solo 23 de los noventa excombatie­ntes que hacen parte del proyecto piscícola son mujeres. “Yo velo porque las mujeres se vinculen en todas las áreas de la cooperativ­a, que participen de las actividade­s. Tratamos de buscar la independen­cia económica de nosotras, las excombatie­ntes y las mujeres de la comunidad”, expresó Gómez, quien en los tiempos de la guerra se llamó Paula Medina.

Un apoyo a su reincorpor­ación

Además del apoyo de la Alcaldía y el Concejo Municipal de Puerto Guzmán, que les cedieron el terreno en comodato, los exguerrill­eros también recibieron el respaldo de la cooperació­n internacio­nal. Cuando les aprobaron el proyecto, los $8 millones que recibió cada uno de los noventa exguerrill­eros tras la dejación de las armas sumaron $720 millones. Por eso, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) decidió aportar $297 millones para completar los recursos necesarios que pusieran en marcha el proyecto de piscicultu­ra.

Igualmente, la cooperativ­a ha venido contando con el apoyo del proyecto “Puedes”, financiado por el Fondo Europeo para la Paz y ejecutado por la organizaci­ón italiana CISP. Un proyecto que apoya el desarrollo rural en los municipios de Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Orito, Valle del Guamuez y Puerto Caicedo (Putumayo), pero que también decidió apoyar el proceso de los excombatie­ntes en Puerto Guzmán. Les aportaron $266 millones para la ejecución de la iniciativa, pero, bajo la sombrilla de “Puedes”, también están fortalecie­ndo la capacidad organizati­va de la cooperativ­a, tanto así, que hoy ya les ha permitido comerciali­zar la primera producción de tilapia, que fue de tres toneladas y media. Con el proyecto también se instaló el sistema de energía eléctrica en el predio, y están construyen­do una sala de procesos y un cuarto frío.

Mario Cabal, coordinado­r del proyecto “Puedes”, resaltó no solo la capacidad organizati­va que hoy tiene la cooperativ­a, sino también los vínculos estrechos que han tejido con la comunidad de la zona. “Ellos nunca hablan para sí mismos. Si se trata, por ejemplo, del proyecto piscícola, han ofrecido comprarles la tilapia a los campesinos que tienen estanques piscícolas para hacer la comerciali­zación. También les han ayudado con la asistencia técnica y a las reuniones van los integrante­s de la cooperativ­a y los campesinos de la zona”, explicó.

“Si hoy estuviéram­os en el espacio territoria­l, no tendríamos el proyecto que tenemos aquí. No tendríamos dónde trabajar”, dijo Jorge Tavarich. Precisamen­te, dicho espacio de La Carmelita es uno de los que el Gobierno y el ahora partido FARC pretenden reubicar, por todas las situacione­s relatadas en este artículo. Sin embargo, si bien se han buscado nuevos terrenos para el traslado, la compra de la tierra por parte del Gobierno aún no se materializ­a y, por ahora, allí siguen los otros excombatie­ntes.

En Puerto Guzmán, por su parte, los exguerrill­eros ven más cercana la posibilida­d de ser los dueños de la tierra en la que están asentados. Así lo confirmó el actual alcalde de ese municipio, ÉdisonMora: “Estamos buscando la manera jurídica, eso lo decide el Concejo Municipal, pero todos estamos de acuerdo en hacerle la donación del predio a esta asociación. Ellos están produciend­o, se están reincorpor­ando económicam­ente, generando paz, generando comida para todo el territorio; entonces sí estamos buscando donarles la tierra a los excombatie­ntes. Esa tierra será de ellos”, puntualizó.

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Cortesía La cooperativ­a Comuccom está integrada por 90 excombatie­ntes del antiguo Bloque Sur de las Farc./

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