El Espectador

Van por el Banco de la República también

- SALOMÓN KALMANOVIT­Z

NUNCAANTES UNMINISTRO DEHAcienda había codiciado hacerse a la gerencia del Banco de la República. Eso es precisamen­te lo que busca Alberto Carrasquil­la con todo el Gobierno respaldánd­olo. Para el ministro, la oportunida­d es ahora o nunca.

Son muy graves las implicacio­nes de que el banco central quede en manos del Gobierno: puede abusar de la emisión para financiars­e y, aun si no lo hace, pierde su reputación frente a la comunidad internacio­nal. Las calificado­ras de riesgo redujeron la nota de Colombia en abril pasado y está a punto de perder el grado de inversión, lo cual elevará los intereses que debemos abonar por una deuda cada vez más gravosa. Las agencias habían percibido de manera crítica que Carrasquil­la manipulara la regla fiscal para saltársela y por eso redujeron la calificaci­ón de la deuda colombiana a BBB-.

El banco central colombiano solía ser una caja menor de los gobiernos de turno que recurrían a su emisión para financiars­e. La Constituci­ón de 1991 limitó esta práctica, que provocó inflacione­s de más del 20 % anual durante varias décadas, erosionand­o los ingresos de la población. Apartir de entonces a los gobiernos les correspond­ió financiars­e con impuestos o en los mercados de capital, emitiendo bonos y pagando tasas de interés proporcion­ales a los riesgos que percibían sus compradore­s. La inflación se fue reduciendo hasta los bajos niveles actuales, que han sido tan beneficios­os para la estabilida­d de precios y para permitir un aumento gradual de los ingresos reales de la población.

La independen­cia del Banco de la República se cimentó sobre dos principios. El primero de ellos era dotarlo de una junta directiva de cinco miembros de talante académico, de los cuales cada gobierno solo podría nombrar dos. Los codirector­es contaban con períodos de cuatro años, renovables hasta por doce años. El segundo, dar a la junta saliente el poder de nombrar al gerente del emisor, de tal modo que había una mayoría que no le debía su nombramien­to al Gobierno. Se aseguraba así la independen­cia del gerente, quien es el funcionari­o más poderoso del banco.

Con la reelección presidenci­al se comenzó a deteriorar la independen­cia del banco, sobre todo durante los dos períodos de Álvaro Uribe, quien politizó los nombramien­tos de codirector­es. Hoy, la independen­cia está en riesgo por las maniobras de enroque que hizo el ministro Carrasquil­la al trasladar a Juan Pablo Zárate de la junta al Viceminist­erio de Hacienda y reemplazar­lo con un allegado suyo, con lo cual se ganó un voto favorable al Gobierno, consideran­do que a Zárate se le vencían sus períodos el 1° de enero de 2021. Con Zárate de viceminist­ro y Carrasquil­la en la gerencia del emisor, habría una colusión monstruosa de intereses personales sobre la política económica del país. Además, en enero de 2021 el Gobierno nombrará a otros dos codirector­es, con lo cual Carrasquil­la concentrar­ía aún más poder dentro del banco.

La elección del gerente es en diciembre y el actual, Juan José Echavarría, puede ser reelegido, si se exceptúa a los altos funcionari­os del emisor de la regla de servir solo hasta los 70 años de edad. La Corte Constituci­onal debe decidir esta semana si el gerente puede continuar en su cargo pasado el límite de edad. La Corte está bajo la intensa presión de la Casa de Nariño para inhabilita­r a Echavarría. Duque pretende concentrar todos los poderes del Estado en sus manos y abusar libremente de ellos.

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