Imputados por homicidio y tortura de Javier Ordóñez, ¿a la justicia penal militar?
El destino del proceso contra los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda, primeros investigados por la muerte de Javier Ordóñez, no está claro. Sin bien, este fin de semana legalizaron la captura; les formularon cargos por homicidio y tortura agravada (los cuales no aceptaron), y se solicitó la medida de aseguramiento, quedaron pendientes dos asuntos claves antes de saber si su caso sigue en la justicia ordinaria o regresa a manos de la justicia penal militar.
Como se anticipaba: fue una audiencia larga y difícil. La diligencia fue la oportunidad para conocer parte de las evidencias, entre ellas testimonios; los videos en los que no solo está el momento de la captura de Ordóñez (en un evidente caso de abuso policial) y las grabaciones dentro del CAI de Villa Luz, donde lo golpearon de nuevo; sino detalles de la historia clínica y el dictamen del Medicina Legal sobre la causa de la muerte.
Según el documento que leyó el ente acusador, la víctima llegó a la Clínica Santa María del Lago pasada la 1:00 de la mañana del 9 de septiembre “sin signos vitales y señales de trauma contundente”. Y, según Medicina Legal, murió tras sufrir una hemorragia severa en la cavidad abdominal, ocasionada por el estallido del riñón derecho. En resumen, falleció por los golpes y descargas eléctricas que sufrió durante su captura y retención en el CAI. Y si bien, en tres días se surtieron todos los trámites relacionados con la diligencia, será un juez del circuito y el Consejo de la Judicatura quienes definirán aspectos fundamentales del proceso.
Aunque los patrulleros están detenidos desde el pasado jueves y la jueza 29 de garantías declaró legal el procedimiento, el abogado de Rodríguez apeló la decisión. El defensor no solo expuso aparentes fallas en el documento que autorizaba la aprehensión, sino excesos en los allanamientos y hasta supuestos seguimientos ilegales. Estos reclamos los tendrá que analizar un juez superior. En caso de que le den la razón, su cliente enfrentaría el proceso en libertad.
De otro lado, y quizás el más importante, fue el conflicto de competencia que plantearon los abogados de los uniformados. Pese a que el caso está en manos de la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de que la justicia penal militar se apartara al considerar preliminarmente que el crimen nada tuvo que ver con actos del servicio, algo diferente creen los defensores, quienes plantearon conflicto de jurisdicción y pidieron que fuera analizado en detalle para conocer quién debe asumir el juzgamiento.
El sustento lo explicó John Olmos, quien representa al patrullero Rodríguez, al indicar que pese al video del abuso policial hay otros detalles que prueban que los uniformados estaban de servicio. “Cuando haces parte de la fuerza pública, tienes esa garantía. La justicia penal militar, que también castiga igual que la ordinaria, pero es especializada. Es un acto de servicio, tenían el uniforme e independientemente de lo que haya pasado y lo que lo haya desencadenado, estaban prestando un servicio que debe ser juzgado por la penal militar”.
Esta petición hace que el caso sea analizado por el Consejo de la Judicatura, que debe pronunciarse. A partir de su decisión se sabrá el rumbo del proceso.