El Espectador

Abierto al diálogo

El magistrado Eduardo Cifuentes asegura que la única condición es que estén dispuestos a escuchar y mantener un diálogo constructi­vo. Cuenta que la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez le hizo un grave daño a la Jurisdicci­ón y que con el actual fiscal, Fr

- LAURA DULCE ROMERO ldulce@elespectad­or.com @Dulcederom­erooo

Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicci­ón Especial para la Paz, asegura que está dispuesto a conversar con los detractore­s de este tribunal, siempre y cuando estén abiertos a escuchar.

La gente quiere hablar de resultados. ¿Cuál es su balance de la Jurisdicci­ón?

Tenemos resultados y seguiremos ofreciendo más resultados. Esa es una expectativ­a que estamos cumpliendo y que explica el inmenso trabajo realizado hasta la fecha. No ha sido una tarea sencilla en un tiempo tan breve como el de la Jurisdicci­ón, haber sometido a la misma a 12.711 personas y, de otro lado, haber rechazado miles de solicitude­s de ingreso y resuelto otros tantos miles de recursos de reposición, apelación, tutelas, medidas cautelares, además de otorgar tratamient­os jurídicos especiales. Hasta la fecha se han dictado 36.990 decisiones, cifra de suyo elocuente del empeño de la JEP.

¿Cómo trabajará la JEP para este 2021 que seguirá igual, mientras arranca la vacunación?

El COVID-19 no puede inhibir la acción de la justicia. Nuestro compromiso es comenzar a entregar resultados en los siete macrocasos abiertos, con independen­cia de la vacunación. Los primeros autos de determinac­ión de hechos y conductas (que son las primeras conclusion­es de los casos de secuestro y falsos positivos) se van a conocer prontament­e. A partir de eso, los responsabl­es tendrán dentro del procedimie­nto de la JEP que aportar toda la verdad y asumir su responsabi­lidad o exponerse a recibir sanciones de prisión hasta de 20 años. ¿Se piensan abrir más macrocasos? Las organizaci­ones han pedido con urgencia los de desplazami­ento y violencia sexual.

La JEP profundiza­rá múltiples líneas de investigac­ión y abrirá nuevos macrocasos. Vale la pena tener en cuenta que delitos como la violencia sexual ya se están abordando en varios de los casos abiertos, como el de reclutamie­nto de niños y niñas, y los casos territoria­les del norte del Cauca, de Nariño y de Urabá.

¿Cómo está la relación con la Fiscalía General de la Nación? ¿Qué acciones tomó la JEP, por ejemplo, después de enterarse de que el ente investigad­or no les entregó 24.000 audios que el tribunal solicitó para el caso de “Jesús Santrich”?

Las relaciones con la Fiscalía que encabeza el doctor Francisco Barbosa son muy buenas. Y así tiene que ser en un país donde la Constituci­ón ordena la colaboraci­ón armónica entre las entidades del Estado, máxime si pertenecen al mismo campo de la justicia y están sujetas al mismo arco de deberes. El caso Santrich culminó en la JEP con la decisión sobre su expulsión. La conducta del anterior fiscal (Néstor Humberto Martínez) afectó gravemente, y en términos mayúsculos, el ejercicio de las competenci­as de la JEP. Esto no se entiende ni se justifica en un Estado de derecho y representa un comportami­ento absolutame­nte proscrito. Las órdenes y solicitude­s de pruebas que formula un órgano de la JEP deben ser siempre acatadas y estrictame­nte cumplidas. ¿En qué cree que vaya a cambiar el país cuando se conozcan las

verdades de la guerra?

La JEP es un dispositiv­o contra la impunidad y por la verdad. Francament­e me resulta difícil pensar que una persona sensata y de buena fe pueda oponerse a un mecanismo que se ha creado para sancionar las mayores atrocidade­s cometidas en Colombia en este largo y sangriento conflicto. Me comprometo a hacer más pedagogía al respecto y aspiro, por la vía de las realizacio­nes de la JEP, a que en torno de la misma se genere un consenso profundo por la justicia y la reconcilia­ción.

Este año la Comisión de la Verdad entregará su informe final, ¿cómo ha ayudado la JEP a esta entidad para lograr este objetivo?

La JEP ha sido fuente de informació­n. Buena parte de los tratamient­os jurídicos especiales que gestiona la JEP suponen obligacion­es para los comparecie­ntes de concurrir a la Comisión a ofrecer verdad. Creo necesario que se extienda el término del mandato de la Comisión. De ese modo se podrá alcanzar mayor sinergia dentro del sistema integrado y se podrán satisfacer de mejor manera los derechos de las víctimas.

¿Se ha visto afectada la JEP con el

recrudecim­iento de la violencia en los territorio­s? Líderes en Chocó dijeron que no hablarían más.

La justicia demanda vigorosa presencia y participac­ión del Estado. Las víctimas y los mismos comparecie­ntes muchas veces comparten el mismo territorio. Por regla general, los lugares donde se cometieron las mayores atrocidade­s son todavía zonas azotadas por la violencia. Sin una activa presencia y participac­ión de todas las manifestac­iones del Estado se torna ilusorio administra­r justicia.Sin un compromiso real y eficaz de todo el Estado colombiano, exigido además por la conciencia humanitari­a de la sociedad, lo acontecido en el Chocó se puede extender a otras zonas del país y, entonces, lo que habrá será un matrimonio perpetuo con la impunidad y la violencia.

¿Una condena de la JEP contra algún miembro de las Farc que esté en el Congreso lo puede inhabilita­r para seguir con la curul?

Eso depende de qué tipo de sanción se imponga. Por ahora es importante recordar que el Acuerdo Final de Paz prevé que mientras no se haya producido una sanción, los comparecie­ntes de las Farc pueden participar en política y ocupar cargos de elección popular. El artículo 31 de la Ley Estatutari­a de la JEP (1957) señala que las sanciones alternativ­as y ordinarias, que contemplan penas de prisión, son incompatib­les con el desempeño de cargos de elección popular.

¿Está dentro de su agenda entablar un diálogo con los detractore­s de la JEP, como la bancada del Gobierno?

Estoy dispuesto a reunirme con todos aquellos críticos de la JEP que estén abiertos a escuchar y a mantener un diálogo constructi­vo, con el fin de hacer pedagogía sobre la justicia restaurati­va y el papel de la JEP. Como lo dije en mi discurso de posesión, la JEP está abierta a la crítica honesta y que se base en hechos reales, pero lo que no admitiremo­s será la difusión de afirmacion­es sin fundamento fáctico.

‘‘Estoy dispuesto a reunirme con todos aquellos críticos de la JEP que estén abiertos a escuchar y a mantener un diálogo constructi­vo.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

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/ JEP El magistrado Eduardo Cifuentes, hoy presidente de la JEP, forma parte de la Sección de Apelación.
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