El Espectador

Líos en la nacionaliz­ación de extranjero­s

En 2017, la Registradu­ría permitió que los venezolano­s que tuvieran padres colombiano­s pudieran obtener la ciudadanía por medio de testigos. Una ayuda que terminó siendo utilizada por corruptos que vendieron nacionalid­ades a quienes no tenían ascendenci­a

- PABLO MONTOYA PAREDES SANTIAGO MARTÍNEZ pmontoya@elespectad­or.com smartinez@elespectad­or.com

Las autoridade­s investigan una red de corrupción en la que estarían implicados funcionari­os de notarías y registradu­rías municipale­s. Hay más de medio millón de casos de nacionaliz­ación bajo la lupa.

La migración masiva de venezolano­s a Colombia durante la última década ha sido un tema prioritari­o en la agenda nacional, que ha estado inmerso en tensiones políticas y marcado por brotes de xenofobia. Las cifras estiman que más de 1,5 millones de ciudadanos del país vecino se instalaron en Colombia y, en su mayoría, no legalizaro­n sus papeles, que les darían acceso a un trabajo y beneficios en programas sociales. Ante la magnitud del fenómeno migratorio, en 2017 la Registradu­ría de Colombia flexibiliz­ó el proceso de nacionaliz­ación, pero abrió un nuevo problema: una red de corrupción que ha puesto en entredicho más de medio millón de casos de nacionaliz­ación.

Miles de venezolano­s solicitaro­n la nacionalid­ad argumentan­do que tenían ascendenci­a colombiana por la migración que hubo hacia el país a finales del siglo XX por el conflicto armado. Sin embargo, las autoridade­s colombiana­s comenzaron a descubrir irregulari­dades y actos de corrupción, en los que estarían implicados funcionari­os de decenas de registradu­rías municipale­s y notarías a lo largo y ancho del país. Desde 2016 y hasta el momento se han emitido 2.688 comunicaci­ones y resolucion­es de nulidad de registros civiles por presuntos fraudes en 18 departamen­tos y 70 municipios, entre los que se encuentra la capital del país, Bogotá.

La dimensión del problema aún se desconoce, tanto así que la Registradu­ría está realizando una gran auditoría a su sistema interno para verificar más de 600.000 registros civiles de nacimiento otorgados a personas nacidas en Venezuela con padres colombiano­s (también por verificar). A esto se suman 67.000 registros civiles de nacimiento que se le dieron en Colombia a cubanos, haitianos, ecuatorian­os, sirios, iraquíes, iraníes, libaneses, dominicano­s y hasta chinos. Un trabajo que se está realizado junto con la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Inteligenc­ia (DNI), la Policía, el Ejército y la Embajada de Estados Unidos.

La cooperació­n entre la Registradu­ría y estas autoridade­s se da porque no solo hay sospechas de que venezolano­s están buscando nacionaliz­arse colombiano­s para poder trabajar u obtener beneficios sociales, sino también de ciudadanos centroamer­icanos que buscan ingresar con documentos falsos a Estados Unidos o miembros de grupos extremista­s de Oriente Medio que encontraro­n en Colombia el camino más rápido de burlar a las autoridade­s norteameri­canas. Otra de las sospechas es que detrás de estas redes que tramitan ilegalment­e las nacionalid­ades, hay grupos criminales vinculados con trata y tráfico de personas, terrorismo y narcotráfi­co.

¿Es tan fácil obtener la nacionalid­ad colombiana?

A pesar de las irregulari­dades, obtener la nacionalid­ad no es un proceso fácil. Según la Registradu­ría, hay dos formas de ser ciudadano colombiano. La primera es nacer en Colombia y cumplir alguna de estas condicione­s: que uno de los dos padres sea colombiano, o que si los padres son extranjero­s, deben estar domiciliad­os en Colombia. Y la segunda es por adopción, la cual solo puede ser otorgada por el Gobierno a un extranjero que no tenga padres colombiano­s. Es una decisión que recae exclusivam­ente en la Cancillerí­a. Frente al caso de los hijos de colombiano­s que nacen en el extranjero, la nacionalid­ad se dará con el registro civil apostillad­o de donde nació.

Este último escenario es en el que comenzaron a presentars­e los problemas. En 2017, en pleno auge de la crisis migratoria en la frontera colombo-venezolana, la Registradu­ría tomó la decisión de cambiar los requisitos para que los venezolano­s hijos de padres colombiano­s obtuvieran la ciudadanía más fácil. Para ese momento era complicado que los solicitant­es pudieran apostillar su registro de nacimiento en Venezuela, por lo que la Registradu­ría decidió que le otorgaría la nacionalid­ad a quienes presentara­n dos testigos que, bajo juramento, declararan que eran hijos de colombiano­s. Esta fue la vía por la que optaron miles de extranjero­s.

Las autoridade­s colombiana­s descubrier­on que funcionari­os de registradu­rías municipale­s, con ayuda de algunos notarios, crearon una red de corrupción para manipular registros de nacimiento y avalar declaracio­nes de falsos testigos que, a cambio de un dinero, manifestab­an que los extranjero­s eran hijos de colombiano­s. Es más, algunas de estas personas ni existían. A lo largo de dos años, la Registradu­ría realizó auditorías en las que descubrió que los registros de nacimiento presentado­s por varios venezolano­s eran falsos y que en los nombres de sus padres pusieron a personas que ya falleciero­n. Asimismo, que otros optaron por falsificar los sellos venezolano­s de apostillaj­e.

Entre los casos más recientes que descubrier­on las autoridade­s, como Migración Colombia, está el de Jesús Ramón Rodríguez Guerrero, un ciudadano venezolano que consiguió la ciudadanía presentand­o un registro civil falso. Al cruzarlo con las bases de datos de identifica­ción de la Registradu­ría se encontró con que los supuestos padres colombiano­s de Rodríguez no estaban inscritos y que el documento expedido supuestame­nte por la Parroquia de Santa Bárbara de Arauca pertenecía a otra persona. Al ser consultado sobre el caso, el párroco de esa iglesia confirmó que se trataba de un registro falso y aportó el original.

Este caso es tan solo uno de los más de 667.000 bajo la lupa de las autoridade­s, quienes alertan que si esta situación no se controla, se perderían los derechos adquiridos para ingresar a países europeos y los procesos de visado serían más restrictiv­os.

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