Proteger el ambiente no debería ser peligroso
GONZALO CARDONA MOLINA SE convirtió en el primer líder ambiental asesinado este año en Colombia. Era guía ambiental, guardián del loro orejiamarillo, especie en peligro de extinción, y coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos, ubicada entre los departamentos de Tolima y Quindío. Tras ser reportado como desaparecido, su cuerpo fue encontrado sin vida la semana pasada. Cuatro días después, Francisco Javier Vera, un activista de 11 años que captó la atención del país cuando intervino en el Congreso para exigir a los legisladores una mayor conciencia ambiental, fue amenazado de muerte en Twitter por hablar de “ambientalismo y dignidad”. Ambos casos auguran la prolongación de una estela de violencia que no parece dar tregua.
En 2019, según un informe de la ONG Global Witness, el país ocupó el segundo lugar en número de asesinatos de líderes ambientales en el mundo, con 24 casos. Solo éramos superados por Filipinas, con 30 homicidios. El año pasado, la misma organización informó que el número de líderes asesinados casi se triplicó y Colombia asumió un vergonzoso primer puesto, al reportar 64 casos. Nada de lo que se ha hecho nos dice hoy que algo ha cambiado para esperar que la situación pueda ser diferente en adelante.
La tragedia es doble. Al dolor de las pérdidas humanas se suma la orfandad en la que quedan muchas causas ambientales y procesos de conservación. Durante los 20 años que dedicó a la protección del loro orejiamarillo y a la defensa de la palma de cera, Cardona había sido amenazado por grupos ilegales. Ahora, con razón, otros líderes y miembros de la comunidad tienen miedo de las represalias por continuar su labor, como le dijo a la agencia EFE el director de conservación de ProAves, Alexánder Cortés: “Acabamos de cerrar la reserva que tenemos en el área donde asesinaron a Gonzalo, pero qué va a pasar con lo que hay allí, qué va a pasar con el oso, con las especies por las que nadie habla. Nos asusta estar allá porque fácilmente les pueden quitar la vida a otros guardabosques”.
Detrás de asesinatos como este hay grupos criminales vinculados a actividades como el narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal, cuyos intereses económicos se ven obstaculizados por quienes defienden los ecosistemas y las especies amenazadas. La historia es demasiado conocida.
El caso de Francisco Javier Vera es igualmente angustiante. Tras publicar un video en Twitter, en el que pedía al Gobierno garantizar la conectividad en todos los territorios del país para el regreso a clases virtuales por cuenta de la pandemia, recibió mensajes amenazantes desde una cuenta anónima.
Si bien las autoridades reaccionaron oportunamente para proteger al menor de edad e incluso el presidente Iván Duque se pronunció rechazando el hecho, queda en el aire una pregunta que se hizo una seguidora del menor en Twitter: “¿Qué dice de un país que un niño de 11 años sea amenazado por su liderazgo defendiendo el medioambiente?”.
Colombia no puede seguir perdiendo a sus defensores a manos de la violencia. El precio de proteger nuestra biodiversidad no debe ser la vida.
‘‘Nada de lo que se ha hecho para proteger a los líderes ambientales nos dice hoy que algo ha cambiado para esperar que la situación pueda ser diferente en adelante”.