La violencia en Nariño
De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), en 2020 había 15 grupos armados ilegales en ese departamento. Esta semana hubo un desplazamiento de 253 personas y seis más están desaparecidas.
La desaparición de seis personas y el desplazamiento de otras 253, en hechos distintos, vuelven a prender las alarmas sobre la situación de orden público en un departamento en el que hay por lo menos 15 grupos armados ilegales.
mantienen sus zonas de influencia territorial en aquellas regiones donde operó la antigua guerrilla; se conocen hoy como las disidencias de las Farc. En este grupo están el Frente Oliver Sinisterra y Los Contadores.
Por último, los GDO son de menor escala que los GAO y los GAOR, además en algunas ocasiones pueden actuar bajo el mando de los anteriormente mencionados, como oficinas de cobro y redes de apoyo. Algunos de los que hacen parte de este grupo son Los Negritos, La Empresa, El Nuevo Grupo y Gente del Orden.
Sin embargo, el número de actores armados presentes en el departamento habría aumentado en 2020, según documentó el Observatorio de Derechos Humanos de Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz). “De acuerdo con la información que nos han dado desde inteligencia militar, se cuenta que en Nariño hay unos quince grupos que agrupan a cerca de 831 hombres armados, lo cual es gravísimo”, aseguró Jesús Arciniegas, director de Fundepaz en Nariño.
¿Qué se disputan los grupos armados ilegales?
Narcotráfico y minería ilegal son las palabras claves que podrían resumir el interés tan arraigado que tienen los grupos criminales en Nariño, un departamento que, además, comparte fronteras con Ecuador y tiene salida a la costa Pacífica, características geográficas que lo convierten en un punto clave en las rutas de las actividades ilegales. “En la frontera con Ecuador pudimos observar que hay más de 36 puntos irregulares de paso. Eso hace que sea una ruta importante para los grupos delincuenciales que están en el tema del narcotráfico; lo otro es el Pacífico, pues el mar permite el flujo de esas actividades ilegales”, explica el gobernador Rojas.
Según Jesús Arciniegas, eso se suma a que Nariño es un punto importante para las rutas del narcotráfico hacia las costas pacíficas de algunos países centroamericanos, como Honduras y Nicaragua, y también en México, para su posterior traslado hasta Estados Unidos y que, además, en Nariño se refina la coca de otros departamentos, como Putumayo, Caquetá y Guaviare. “Algo que nos llama la atención es que si bien en 2019 el departamento —después de diez años de haber liderado la cuenta que hace el sistema de Naciones Unidas contra la droga y el delito— pasó al segundo lugar en cultivos ilícitos, siendo superado por Norte de Santander, según información de la Policía, entre 2018 y 2019, se incrementó el procesamiento de los laboratorios de coca. Es algo que no debería ser”, detalló.
Eso sin tener en cuenta los profundos problemas de pobreza que hay en buena parte del departamento. Los municipios de la costa Pacífica nariñense no tienen agua ni energía. En su mayoría solo pueden movilizarse por agua —porque no hay vías terrestres— y no en cualquier horario. “Eso hace que la pobreza sea grande en estos territorios porque, por ejemplo, ellos pueden dedicarse a actividades como la pesca, pero no es rentable; salir a llevar sus productos, en este caso hasta Tumaco, les queda lejos y es costoso. Para ir a Tumaco, una persona debe tener unos $600.000”, aseguró Rojas.
Los efectos de la presencia de grupos armados se ven reflejados en los casos de desplazamiento, que solo en 2020 ascendieron a 43 y afectaron a 14.000 personas. Viendo el panorama completo, el departamento concentró casi el 50 % de los noventa hechos de desplazamiento masivo (28.500 personas) que se registraron en el país, según la Defensoría.
El fenómeno de violencia en el departamento no es nuevo, pero sí es preocupante que los hechos de violencia sigan aumentando sin que parezca haber una solución al problema. Para Zabier Hernández, analista del conflicto armado y defensor de derechos humanos, si bien la clave está en implementar una estrategia fuerte de inversión social en el territorio que permita desarrollar y atacar la pobreza histórica, también hay que atacar otros frentes. “Hay que trabajar los elementos del desmantelamiento de los grupos paramilitares y armados que se nutren de la coca y su procesamiento. . El Estado tiene la capacidad, el tema está en resolver las voluntades políticas e institucionales”.