El Salado, abandonado de nuevo a su suerte
UNO DE LOS LUGARES MÁS GOLPEAdos por la barbarie del conflicto vuelve a ser blanco de los violentos. Los habitantes de El Salado denunciaron esta semana que recibieron, una vez más, amenazas de muerte para que abandonen el lugar. Aunque las autoridades han reaccionado a los llamados de la población, lo que está sucediendo parece una especie de ritual que se repite cada vez que los actores armados acechan. Se encienden las alarmas, la Fuerza Pública hace presencia, se abren investigaciones y todo sigue igual. ¿Hasta cuándo?
El Salado se convirtió en un caso emblemático, por atroz, del conflicto armado. En febrero de 2000, grupos paramilitares pertenecientes a las autodefensas irrumpieron en este corregimiento del departamento de Bolívar y sembraron el terror durante varios días a punta de torturas, violaciones y asesinatos. El saldo fueron más de 60 personas asesinadas y un pueblo desolado. Se trata de uno de los recuerdos más dolorosos en la historia del país.
Han pasado 21 años desde entonces, pero El Salado, lejos de ser el mismo, sigue sintiendo los ecos del horror. En días pasados empezaron a circular panfletos firmados por las Águilas Negras, donde aparecen las fotos de 11 líderes sociales y miembros de la comunidad, y se asegura que van a “limpiar la comunidad de esta plaga de gente”.
Entre ellos está la defensora de derechos humanos Yirley Judith Velasco, quien ya ha sido amenazada por su labor como representante de las víctimas de violencia sexual de la masacre. En declaraciones a Radio Nacional, dijo que “la población tiene miedo por los panfletos, en las calles se siente el temor y están solas”, y recordó que a las amenazas se une el hecho de que la población no tiene fuentes de empleo. Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, afirmó que “nuevamente los líderes y gran parte de la comunidad de El Salado se han reunido alrededor de la estación de Policía del corregimiento solicitando que se les garantice su seguridad”.
La propia Defensoría del Pueblo alertó en 2020 sobre la difícil situación de orden público que se vive en la zona a través de una alerta temprana. Según el organismo, el Clan del Golfo ha impuesto restricciones de movilidad, control sobre la cotidianidad y, en algunos casos, confinamiento en el casco urbano del municipio. En estos sectores el grupo de origen paramilitar ha acudido en algunas ocasiones a confinar a sus pobladores durante la noche con amenazas e intimidación. ¿Qué ha hecho el Estado mientras todo esto ocurría?
Además, no es la primera vez que los saladeros claman, con justa razón, por una mayor atención. Luego de la expedición de la Ley de Víctimas en 2011, el corregimiento se convirtió en un escenario por el que desfilaron agencias de cooperación y entidades estatales para reparar las afectaciones por el conflicto armado. En 2012, El Salado fue designado sujeto de reparación colectiva y se diseñó un plan integral para reparar a la comunidad. Pero sus habitantes no solo siguen abandonados a su suerte, sino que los violentos se sienten autorizados para imponer su ley.
Es doloroso comprobar que la historia intenta repetirse: calles desoladas, pobladores atemorizados, mensajes intimidatorios con nombres propios, actores armados que se pasean a sus anchas por los territorios, zozobra e impotencia. El lamento de Yirley Velasco sobre lo que está sucediendo es diciente y descorazonador: “Estamos cansados de tanta violencia”.
‘‘Aunque las autoridades han reaccionado, lo que está sucediendo parece una especie de ritual que se repite cada vez que los actores armados acechan”.
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