Sentencias en lenguas indígenas
En un proyecto de la Corte Constitucional y Amazon Conservation Team se tradujeron a 26 diferentes lenguajes ancestrales cinco sentencias de temas representativos para los pueblos étnicos del país.
En un proyecto de la Corte Constitucional y la ONG Amazon Conservation Team se tradujeron cinco sentencias proferidas por el alto tribunal a 26 lenguas nativas. Todos los fallos seleccionados son representativos para la defensa de los derechos de estos pueblos étnicos.
En el país existen 110 pueblos indígenas hablantes de 65 diferentes lenguas nativas. De ese total, solo tres son conocidas por 100.000 personas aproximadamente y el resto son reproducidas por menos de 1.000. Son comunidades étnicas que, a pesar de ser reconocidas en la Constitución Política de 1991, aún se sienten ajenas por un elemento que caracteriza su esencia: la singularidad de sus palabras.
En respuesta a esta barrera histórica, que incluso contradice la proclamación de Colombia como un país pluriétnico y multicultural, la Corte Constitucional y la organización Amazon Conservation Team (ACT) tradujeron a 26 lenguas nativas cinco decisiones judiciales que representan la vulneración de derechos fundamentales y ambientales, y materializan, a través del proyecto Derechos en el territorio, un reconocimiento histórico a estas minorías del país.
El trabajo se realizó durante 2020. “Nos reunimos por lo menos una vez por semana durante un año”, contó Camilo Delgado Rodríguez, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y quien lideró la selección y sintetización de los cinco primeros fallos que se tradujeron. Una elección que tuvo que facilitarse, teniendo en cuenta que hay más de 19.000 decisiones de revisión de tutela proferidas por la Corte Constitucional desde 1992, con la agrupación de cinco principios fundamentales: diversidad étnica y cultural, autogobierno y autonomía indígena, territorio, ambiente sano y derechos bioculturales y consulta previa.
Dentro de esos conceptos generales los equipos del alto tribunal y de la organización ACT escogieron cinco decisiones que representaban las poblemáticas de las comunidades indígenas. Los fallos traducidos fueron: la Sentencia C-139 de 1996, que habla de diversidad étnica; la sentencia unificada SU 383 de 2003, con un caso de autogobierno y autonomía indígena frente al uso de glifosato; la Sentencia T-009 de 2013, referente al reconocimiento de territorios; la Sentencia T-294 de 2014, de derecho al ambiente sano y derechos bioculturales, y, finalmente, la Sentencia Unificada 123 de 2018, de la consulta previa.
La selección, dentro de tantas acciones de tutelas de comunidades indígenas, según comentó Carolina Gil, directora de Amazon Conservation Team, se hizo basados en decisiones que tuvieron gran impacto en las comunidades afectadas y se podían reproducir en otros contextos. “La idea de estas sentencias iniciales es que, aunque hayan sido pronunciadas para un pueblo específico, son decisiones que tienen un efecto que comparten muchos pueblos indígenas en Colombia. Eran fallos que por el contenido e importancia de la decisión podían ser relevantes para miembros de otras comunidades”, recalcó.
“Más que una traducción, es una adaptación cultural”
El equipo detrás de Derechos en el territorio contó que la identificación de esas primeras cinco decisiones fue apenas un primer reto dentro de un proceso que claramente sobrepasaba solo una traducción. “La idea fue pensar cómo un concepto que se piensa desde el derecho constitucional colombiano podía tener cabida en la cosmovisión indígena e incluso en su propio sistema jurídico”, agregó el magistrado auxiliar Camilo Delgado Rodríguez.
Abel Antonio Santos, indígena lingüista del pueblo tikuna, contó que hacer la traducción de una sola página podía tardar un día entero, ¿la razón? Había que encontrar las palabras correctas, las oraciones que para su comunidad en el Amazonas representaran algo en la lengua magutá, que se habla en más de 30 resguardos en esa zona del país. “La tarea fue buscar estos significados para que se pudieran entender y escribir en mi lengua magutá. Me abrió mucho el léxico y escribí mucho para ver la aproximación a lo que dicen las sentencias”, concluyó.
Para Jazmín Romero Epiayú, lideresa wayuu, activista feminista y otra de las traductoras del equipo del proyecto de Derechos en el territorio, la traducción fue una decisión histórica de la Corte Constitucional. “Es muy relevante, porque ya es la misma Corte la que se está pronunciando. La que está diciendo, como máxima autoridad, que hagan cosas con los pueblos indígenas”, dijo.
Romero Epiayú también explicó que uno de los elementos más interesantes de este proyecto es que incluye la oralidad, pues cada traducción de la sentencia tiene un audio con el mismo contenido, un video e ilustraciones explicativas de la decisión judicial. “Los indígenas en su mayoría viajan a través de la oralidad y también las imágenes. Esto traerá gran alcance y entendimiento para las comunidades remotas”, explicó la lideresa.
Lo cierto es que tanto para los traductores como para la Corte Constitucional y la ONG todavía hay un obstáculo más, que es la conectividad y el acceso a la red de internet que permita consultar el material. La respuesta que se tiene por ahora es justamente el diseño transmedia que Jazmín Romero celebra. Según explicó Carolina Gil, de Amazon Conservation Team, el diseño se pensó para que el PDF de cada sentencia se convierta en una cartilla, y los audios y videos se descarguen. Sin embargo, y aunque los planes iniciales cambiaron por la pandemia, el plan sigue siendo uno: ir a los resguardos a exponer los resultados de estas primeras sentencias y las próximas que se esperan traducir.
El proyecto de la Corte Constitucional y Amazon Conservation Team se podría interpretar como un llamado de atención al mismo sistema judicial del país, pues aunque se encuentra basado en la Constitución Política de 1991, que defiende y exhorta el reconocimiento de los pueblos indígenas, alberga en sus archivos miles de acciones de tutela por la vulneración constante a los derechos de estas comunidades. “En la Carta Política tenemos derechos en favor de pueblos indígenas, pero la concreción de estos derechos no es necesariamente una realidad, y uno lo ve en el volumen de sentencias que se ha tenido que presentar para que tanto el Estado como particulares los reconozcan”.