La ley que preocupa en Cartagena
Ciudadanos aseguran que la ley que creó un fondo para combatir la pobreza extrema en la capital de Bolívar abre la puerta al desalojo y la corrupción. El senador Fernando Araújo Rumié, su creador, la defiende.
El 20 de junio de 2020 fue aprobada por el Congreso una ley que crea un fondo para combatir la pobreza extrema en Cartagena (Ley 2038). La ley ya fue demandada y encendió las alarmas en un sector de la ciudad que teme que la iniciativa autorizada se convierta en una puerta a la corrupción, la privatización de recursos y el desalojo de poblaciones vulnerables. Las dudas aumentan debido a que el senador Fernando Araújo Rumié es el autor de la propuesta, pues se sabe que su familia representa a una de las más poderosas de la capital de Bolívar, que tiene empresas con intereses urbanísticos, hoteleros y aeroportuarios, y que hace dos décadas protagonizó una polémica controversia de tierras conocida como el caso Chambacú.
La Ley 2038 solo tiene diez artículos. En síntesis, su objetivo principal es crear un fondo económico constituido con dinero público y privado para invertir en acciones y convertir lo recaudado en una estrategia para erradicar la pobreza extrema en Cartagena, conservando, de paso, los recursos naturales. El fondo estará vigente hasta 2033, con posibilidad de prórroga, y los contratos que se pacten se regirán por el derecho privado y no por el derecho público, lo que, según los detractores de la norma aprobada, le quita transparencia a la contratación pública.
Guillermo Gómez Merlano, abogado y opositor de dicha ley, afirma que en la ciudad ya existe un plan para erradicar la pobreza y se maneja con recursos de la Alcaldía de la ciudad.
“Si ya existe un programa para la pobreza, ¿para qué crear uno nuevo y no fortalecer el que existe? ¿Por qué el fondo va a ser manejado por privados por contratación directa? Eso se presta para la corrupción. Si la contratación se rigiera por el derecho público, tendría que pasar por procesos licitatorios y los contratistas tendrían que cumplir requisitos estrictos. Pero al pasar al derecho privado nada es obligatorio”, recalca Gómez. En la misma línea, la abogada Carmenza Morales, autora de una demanda contra la ley que ya fue admitida por la Corte Constitucional, aseguró que ningún aparte de la norma responde a las causas de la pobreza en Cartagena como un problema estructural, que también obedece a procesos migratorios y de desplazamiento.
La ley dispone que los recursos del fondo provendrán de todo lo que se haya dispuesto para superar la pobreza extrema o conservar el medio ambiente en Cartagena en los Planes de Desarrollo del distrito y el departamento o el Presupuesto General de la Nacional. Y además autoriza la consecución de dineros que se obtengan o se le asignen a cualquier título, como, por ejemplo, aportes de cooperación internacional o de empresas privadas. Los opositores de la ley insisten que en estos aspectos se afecta el principio de autonomía del distrito y se les da injerencia al Gobierno y a los privados, diluyendo, a su vez, que la obligación legal para la decisión de erradicar la pobreza extrema en Cartagena empieza principalmente en la Alcaldía.
El fondo funcionará como patrimonio autónomo, sin planta de personal y administrado por una fiduciaria; y su dirección quedará a cargo de una junta directiva con representación pública y privada. Dos delegados del presidente de la República, dos de la Gobernación de Bolívar, dos de la Alcaldía de Cartagena, tres representantes de la sociedad civil y dos de los aportantes. “El Distrito solo tiene dos cupos de once en la junta, una posición minoritaria. En cambio, tienen asiento aportantes capitalistas que tienen en mente la recuperación de su capital, no un fin social”, señala Danilo Contreras Guzmán, abogado, exjuez y otro de los demandantes, quien agrega que esas facultades exorbitantes le permitirán dirigir la contratación de los macroproyectos más grandes de la ciudad, destinados a combatir la pobreza y protección del medio ambiente hasta 2033.
Un artículo publicado por periodistas de Contratopedia Caribe da cuenta de que los seis macroproyectos pendientes en Cartagena tienen que ver con drenajes pluviales, protección costera, alimentación para los más pobres y puestos de salud. Según La Silla Vacía, solo el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, que evitará que la ciudad se inunde en épocas invernales, costará $2,1 billones. Según el abogado Contreras, es una perspectiva de negocio muy rentable que ahora se fortalece con la ley aprobada, al punto de que podrá determinar la política ambiental de la ciudad. La misma crítica hace Rubiela Valderrama, del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena, quien afirma que el fondo parece un “De Todito”, una especie de alcaldía paralela que recoge recursos para que sean manejados por particulares.
“Es prácticamente otra administración y se le quita autonomía al distrito”, sostuvo Rubiela Valderrama a El Espectador. La líder social ratificó que no solo su movimiento está atento al desarrollo que le dé a la ley aprobada, y que, en cualquier caso, así el asunto no tome la importancia que debe tener como debate público necesario, la suya y otras organizaciones de mujeres ya están recorriendo los barrios vulnerables de Cartagena para socializar la ley entre sus habitantes, para hacerles comprender las consecuencias de vender sus lotes ante cualquier oferta que les llegue.
En la exposición de motivos que dio sustento a la ley aprobada es tácito el objetivo de construir obras, resaltando que en la actualidad el 6,7 % de la población cartagenera vive en zonas con calles sin pavimento. Según el abogado Guillermo Gómez, la opción de encarar el desafío de revertir este diagnóstico terminará beneficiando básicamente a los privados mediante cuantiosos contratos de construcción. Un estudio adelantado por el Banco de la República ya ha advertido que los proyectos prioritarios para erradicar la pobreza extrema en Cartagena están relacionados con vi