Hoja de coca, al Congreso
Es la primera vez que un proyecto de ley propone regular toda la cadena de valor, desde el cultivo de su hoja, considerado hasta ahora ilícito, hasta la producción de cocaína. Sus autores buscan abrir el debate hacia una solución realista del problema.
Por primera vez se discutirá un proyecto que busca regular toda la cadena de valor de la planta, hasta ahora considerada de uso ilícito. Proponen que desde el cultivo hasta su comercialización estén en manos del Estado.
El Congreso de la República empieza hoy una de sus discusiones políticas más polémicas y de mayor envergadura para los problemas sociales, de violencia y orden público del país. Se trata del proyecto de ley que busca regular toda la cadena de valor de la hoja de coca y de la cocaína. En pocas palabras, la iniciativa pretende crear un marco normativo que cobije el cultivo, la producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, suministro, distribución, consumo, porte y posesión de la hoja de coca y sus derivados, actividades hasta ahora consideradas ilícitas. Su aterrizaje en el Legislativo se da justo en la misma semana en que el Gobierno Nacional expidió el decreto que da luz verde para la aspersión aérea con glifosato, el primero de muchos pasos para regresar a esa forma de erradicación. ¿Cómo están los ánimos para discutir este asunto?
Lo primero a tener en cuenta es que la propuesta es ambiciosa en todo sentido. Sus autores, los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Feliciano Valencia, del Mais, más los 21 congresistas de diferentes partidos políticos que la apoyan -entre los que se encuentran Cambio Radical, Partido Liberal, Polo y Comunes- proponen un viraje completo en la forma de abordar el narcotráfico y el consumo de este tipo de sustancias. En esa línea, consideran que es hora de pasar de la perspectiva prohibicionista en que ha estado sumida Colombia en su lucha antidrogas, sin éxito, a un enfoque más realista de la situación, que afecta directamente al eslabón más bajo de la cadena, que son los campesinos cultivadores de coca. Añaden, además, una mirada de salud pública para que la solución también esté dirigida a quienes la consumen.
Si bien en años anteriores algunos congresistas presentaron proyectos enfocados en aspectos puntuales de la cadena, como centrar la atención en los consumidores, o dar un tratamiento diferencial a los cultivadores, e incluso uno en el que el cultivo no “constituía un delito”, de autoría de Vivian Morales, esta es la primera vez que el Congreso discute una propuesta en la que el Estado tenga el control total del mercado. Aunque la intención es quitarles el dominio de esta economía a las estructuras criminales, una idea tan avanzada en Colombia tiene asegurada una discusión con profundas diferencias que, dependiendo de la fuerza de sus argumentos y el lente moral con el que se vean, logrará o no dar la pelea en la Comisión Primera del Senado, donde se llevará a cabo su primer debate.
Iván Marulanda considera que la discusión inaugural de la propuesta tiene un ambiente positivo, en el sentido en que los parlamentarios han respetado el contenido y el espíritu de la iniciativa. “No ha habido una reacción violenta o que descalifique el proyecto. Al contrario, ha habido mucho interés para codiscusión nocer la argumentación al respecto. Me dicen los ponentes que posiblemente tenemos mayorías en la Comisión”, explica el senador verde. Agrega que es muy diciente que el proyecto tenga el apoyo de siete de los 10 ponentes asignados, pero que no es muy optimista de que este triunfe en los siguientes debates: “No creo que tengamos éxito en la plenaria. Hemos avanzado sustancialmente en abrir esta discusión al país, que la gente esté mirando el tema desde la información y los conceptos científicos, y que haya tanta expectativa en la prensa internacional”, agrega.
Planteamiento que acompaña el senador Armando Benedetti, uno de los ponentes que acompaña la regulación de la hoja de coca. “La discusión creo que tiene buen ambiente, lo que pasa es que la gente confunde al cultivador de coca con un narcotraficante, pero la realidad es que si bien los campesinos nunca han visto la cocaína, son los que llenan las cárceles. Si se le da el monopolio del mercado al Estado habrá menos violencia”, manifiesta. Para Benedetti, el proyecto y la sobre el uso del glifosato que se está dando en paralelo “van a ser dos de los temas para las elecciones de 2022. La falacia de que la regulación de la hoja de coca generará más violencia será el discurso para engañar a tontos en campaña, pero no es la que le compete al Congreso”, aseguró.
No obstante, los ánimos aún no están definidos en la Comisión. El senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, apoya parcialmente la iniciativa. A su juicio, el documento tiene un aspecto “que no será problemático” y tiene que ver con el establecimiento y legalización de áreas de producción legal de las comunidades indígenas y afrodescendientes que tengan vínculos ancestrales y culturales con la mata de coca. “Esto hace más fácil combatir la ilegalidad”, expresa. “El decreto del glifosato le dará, más dimensión a la discusión de este proyecto. A su vez, la regulación de la producción de coca para el comercio legal de cocaína será muy problemático, me suena muy difícil y tengo que sopesarlo más”, expuso.
Por su lado, Temístocles Ortega (Cambio Radical), Roosvelt Rodríguez (la U) y Luis Fernando Velasco (Partido Liberal), esperan que los 19 miembros que los acompañan en la Comisión Primera interpreten correctamente el proyecto, aunque tienen concepciones distintas frente a cómo vota la sala en temas polarizados. “No me atrevo a decir si continuará su trámite legislativo, porque hay senadores del Centro Democrático, del Partido Conservador y de Colombia JustaLibres que lo votarán negativo, frente a 10 que creo que votaremos afirmativamente. Intentaré hablar con los de Cambio Radical para votar a favor”, contó Ortega.
Con esas cuentas a medias, el mensaje de Marulanda es de buscar una salida real a la discusión sobre la hoja de coca y sus implicaciones: “Tenemos una obligación con las generaciones futuras y se trata de no dejarles de herencia una guerra. Estamos buscando con responsabilidad un camino que evite a Colombia más tragedias de las que ha dejado la política contra las drogas”, resalta, para que le den trámite a la regulación.