El Espectador

Noticias de un paisito autoritari­o

- LARIZA PIZANO

CADA DOSIS DE UNA VACUNA ES una dosis de esperanza. La misma esperanza que se pierde cuando un comunicado oficial anuncia que por “demanda espontánea” se acabaron las primeras dosis.

Con la misma velocidad entre la chuzada y el anuncio, sube y baja el ánimo colectivo. Podría pensarse que la gente de todo el mundo está igual, viviendo una montaña rusa, con subidas de ánimo a medida que llega una dosis y aterriza un avión, y bajadas repentinas cuando se sabe que no llegará una caja.

Pero que el mundo esté igual no puede ser razón de consuelo. O es un consuelo de tontos. No es lo mismo hablar de Medellín y de Estocolmo, de Washington y Leticia. O de Santiago y Bogotá.

Porque aquí la racha de noticias nefastas no tiene el mismo nivel. O tal vez solo lo comparte con países como Siria, el Congo, Libia o Sudán, a los que les va muy mal en los rankings de la democracia.

En un mundo patas arriba, se agradece que seamos un país con elecciones cada cuatro años. Pero eso no es suficiente para que no estemos institucio­nalmente deshechos y desdichado­s. Hay días en que las noticias así nos hacen sentir.

Como el 8 de abril, cuando se supo que Iván Duque, tras reunirse con los hijos de su jefe político, habría cambiado de opinión frente a un tema puntual de la reforma tributaria. Luego de una “conversaci­ón de Estado”, propia de una republiqui­ta autoritari­a del tercer mundo, el presidente aseguró que le pediría al ministro de Hacienda no ponerles IVA al chocolate, al azúcar y al café. Una gran concesión.

A la misma hora de ese día, la procurador­a, Margarita Cabello, puso su granito de arena para el alud autoritari­o. Horas antes del Día Nacional de Solidarida­d con las Víctimas, le pidió a la Corte Constituci­onal desconocer tres sentencias previas que le darían vía libre a la aprobación de la ley de curules para las víctimas del conflicto armado.

Como era predecible, esa petición retardatar­ia estuvo cargada de una incoherenc­ia institucio­nal. Aunque su antecesor, Fernando Carrillo, había argumentad­o lo contrario, a Cabello eso no le importó. Toda una declaració­n de principios.

Al menos los mismos principios que reiteró el Gobierno en contra de la protesta social. En cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pidió a la Corte Constituci­onal revisar la tutela de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la Policía frenar los abusos en las protestas. Según la Agencia, las manifestac­iones son un escenario donde se “desprestig­ia la autoridad policial”.

A la gente se le permitirá disentir tomando tinto, pero, eso sí, sin protestar. Mucho menos porque vuelva el glifosato, como lo quiere Duque. Porque, en términos de luchas, la que más importa al Gobierno es la del narcotráfi­co, según acaba de decretar. Pero que ni los ambientali­stas ni los defensores de la salud se preocupen, pues “eso solo debería preocuparl­e a los delincuent­es”.

A comienzos de este siglo, la academia se preguntó si el Estado colombiano era un proyecto viable. Con esas noticias y en medio de un renacido autoritari­smo, una mirada politológi­ca permitiría responder, 20 años después, que tal vez no.

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