A punto de la radicación de la nueva reforma tributaria, analistas advierten sobre la histórica falta de transparencia del gasto público.
››La falta de detalle y la poca transparencia suelen caracterizar la redacción, el trámite y la ejecución de los presupuestos generales de la nación año tras año.
Este martes se presentará una nueva reforma tributaria y así comienza la discusión acerca de dónde sale el dinero para tapar más huecos; pero lo cierto es que la conversación sobre impuestos no es solo en dónde se encuentra el dinero, sino en qué se gasta; y en esto, el país tiene un trecho muy amplio por mejorar.
Durante más de diez años, Fernando Jiménez Rodríguez fue la única persona del país que pudo darse el lujo de decirle no al presidente de la República. Como director general del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda —cargo que ocupó entre mayo de 2009 y noviembre de 2019—, encabezó la elaboración del proyecto de ley que cada año determina cómo se gastará la plata de todos los colombianos.
La falta de detalle y la poca transparencia suelen caracterizar la redacción, el trámite y la ejecución de los presupuestos generales de la nación año tras año. A menudo el Congreso termina entregándole un cheque en blanco al ministro de Hacienda. Por lo general, la ley aprobada no detalla, peso por peso, cómo —y puntualmente en qué— se gastará la plata. Se suele hablar de “inversión” y “funcionamiento” —también de los montos que reciben las entidades de cada sector—, pero no de planes puntuales de gasto.
La evaluación internacional del proceso presupuestal colombiano es diciente. En su Encuesta de Presupuesto Abierto 2019, International Budget Partnership —corporación sin ánimo de lucro con presencia y alianzas en más de 110 países— le dio al país 47 puntos sobre 100 posibles en materia de transparencia.
“Se fue el de las galletas”, tituló la revista
Semana cuando se supo que Jiménez dejaba su cargo en 2019, yéndose a ocupar la dirección general de la Unidad de Pensiones y Parafiscales. En su lugar quedó Claudia Marcela Numa, de toda su confianza. En mayo pasado el funcionario regresó al Ministerio de Hacienda, ahora como viceministro general.
No se sabe qué pasa con las “galletas”, pero la receta sí parece ser la misma de antes. La semana pasada se conoció la respuesta del Ministerio a un derecho de petición enviado por Angélica Lozano, senadora del Partido Alianza Verde. El documento solicita el presupuesto asignado y el ejecutado —con detalle en varias categorías— entre los años 2000 y 2021 para 22 conceptos, que van de educación, salud y trabajo hasta ambiente y cultura, pasando por el servicio de la deuda.
La respuesta, firmada por el viceministro Jiménez, consistió en un documento de Excel. La primera hoja detalla el presupuesto para las 21 vigencias, especificando sector y tipo de gasto. Es posible saber, por ejemplo, cuánto dinero recibió el sector del transporte en 2007 y cuánto se utilizó para funcionamiento, inversión y servicio de la deuda.
La segunda hoja da cuenta de la ejecución del presupuesto de gasto por sector y entidad. Sin embargo, no especifica —como se solicita en el derecho de petición— cuánto valen una serie de programas específicos del Gobierno detallados en el derecho de petición, a cuántas personas benefician o cuántas personas están contratadas.
Veamos un par de ejemplos reveladores. Se le pidió al Ministerio de Hacienda contar cuánto se les ha pagado a senadores, representantes a la Cámara y otros funcionarios del Congreso por concepto de salarios y pensiones entre 2000 y 2021; pero la respuesta no llegó. Se sabe cuánto dinero se apropió y cuánto se ejecutó para estas entidades, que tienen gastos distintos a los salarios de los congresistas. También qué plata se fue para funcionamiento e inversión; pero no se especifica el detalle.
Lo mismo sucede al preguntar cuánto ha gastado cada entidad territorial en el marco del Programa de Alimentación Escolar: se sabe cuánto apropió y cuánto ejecutó la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar —también cuánto usó en funcionamiento e inversión—, pero el detalle de cómo se gastó la plata no se entrega.
La respuesta es igual frente a solicitudes como la de informar cuánto le cuestan al Gobierno programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, cuánto del gasto en educación se destina a educación primaria, media y secundaria o cuánto se destinó a los programas Ser Pilo Paga y Generación E. Se cuenta, por ejemplo, cuánta plata se le asignó a Prosperidad Social y al Ministerio de Educación, pero brilla por su ausencia el detalle de cuánto cuestan estos rubros; tan debatidos por la opinión pública e invocados como justificación de reformas tributarias.
¿Por qué no se entrega información completa? El documento firmado por el exdirector de presupuesto dice que los “órganos públicos (…) gozan del principio de autonomía presupuestal”, y que por eso “no es posible identificar el nivel de detalle solicitado en los registros del Sistema Integrado de Información Financiera”, pues la información “reposa en cada entidad”.
Esta afirmación plantea dos posibilidades —ambas preocupantes, dadas sus implicaciones—. La primera es que, al margen de la autonomía presupuestal de las entidades, el Estado colombiano no sabe de manera centralizada cómo y en qué se gasta el Presupuesto General de la Nación y el Ministerio de Hacienda plantea reformas tributarias para financiar gastos que desconoce. El segundo escenario es igual de delicado: que sí se sepa en qué se gasta la plata, pero no exista interés por contárselo a la gente. Y es que si esta es la respuesta que recibe una congresista, ¿qué podría esperar una persona de a pie?
Estas consideraciones cobran especial relevancia en el contexto actual, cuando —por cuenta del gasto de emergencia y de la necesidad de tapar el hueco fiscal que abrieron las exenciones tributarias impulsadas por el Gobierno en 2019— el país se apresta a debatir una nueva reforma tributaria.
El objetivo de la nueva reforma —que llegará al Congreso el 20 de julio— es financiar más gasto, con énfasis en programas
específicos, como Ingreso Solidario. ¿Exactamente qué se va a financiar? Y, dado el grado de opacidad con que se reportan los datos, ¿en el futuro será posible saber lo que se haga con esa plata?
Los empresarios del país han manifestado su voluntad de meterse la mano al bolsillo para poner una parte importante del recaudo adicional de la nueva reforma. ¿Tendrían ellos en sus empresas a un director financiero que no puede contarles con detalle cómo se ha gastado la plata dispuesta año tras año?
Desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana venimos trabajando muy de cerca con la oficina de transparencia de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Ha sido un trabajo enriquecedor y valioso, que ha arrojado señales de que la información con el grado de detalle debido sí existe. Esperamos que los entes administrativos permitan su divulgación. Se trata de la plata de todos.