El Espectador

Las iniciativa­s de las comunidade­s étnicas para evitar el reclutamie­nto

Desde crear escuelas de construcci­ón de paz y deporte hasta armar cursos para identifica­r minas antiperson­ales hacen parte de las estrategia­s de los líderes y lideresas de estas regiones, que buscan alejar de la guerra a los jóvenes.

- VALENTINA PARADA LUGO vparada@elespectad­or.com @valentinap­lugo

La primera vez que Yurani Bañol Hoyos se encontró de frente a un guerriller­o fue en medio de una escuela de liderazgo juvenil a la que llegó desde Riosucio (Chocó) para acompañar, precisamen­te, a otras comunidade­s del consejo comunitari­o de La Larga y Tumaradó, ante los problemas que no cesaban por la presencia de los grupos armados. Era 2011 y, recuerda bien, las antiguas Farc estaban en una escalada violenta en el país. El objetivo de la escuela era que los jóvenes llegaran en “manada” para detener a la guerrilla y evitar que se tomaran, con las armas, los consejos comunitari­os y resguardos indígenas.

La joven de 28 años, lideresa juvenil de Riosucio, dice que ese fue el comienzo de una carrera vocacional con la que busca trabajar con las comunidade­s mientras se le cumple el sueño de ser comunicado­ra social. Por ahora, estudia Contabilid­ad, porque era de las únicas carreras que encontró de manera virtual y accesible en el casco urbano de Turbo (Antioquia). Su familia y ella vivieron el desplazami­ento forzado y el despojo en el consejo comunitari­o de Pedeguita y Mancilla, en 1997, y desde entonces no han podido retornar a su tierra. “A veces tengo miedo por muchas cosas que pasan acá, por muchos jóvenes o líderes que han callado, pero uno sigue de pie es por la gente”, afirma.

Yurani fue una de las invitadas al más reciente Diálogo para la No Continuida­d y No Repetición del Conflicto Armado, organizado por la Comisión de la Verdad el pasado 9 de julio en Apartadó (Antioquia). Desde este escenario, pidió que Colombia volcara su mirada al Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocoano, donde la violencia continúa desbordada. A ella se sumaron nueve panelistas más, quienes coinciden en que las comunidade­s han tenido que tomar medidas de autoprotec­ción para sobrevivir al reclutamie­nto de sus niños, niñas y jóvenes. Desde montar escuelas de deportes y construcci­ón de paz hasta cursos para identifica­r las minas antiperson­ales hacen parte de las estrategia­s a las que han tenido que acudir para alejarlos de la guerra.

Jorge Hugo Jarupa Bailarín, gobernador mayor de nueve comunidade­s indígenas en el municipio de Turbo, explica que una de las mayores problemáti­cas es la vinculació­n de jóvenes a las guerrillas o grupos paramilita­res. Aunque reconoce que es imposible dar una cifra de cuántos son los jóvenes reclutados, cree que ahora lo importante es crear estrategia­s para que no decidan enlistarse: “Lo que más nos preocupa ahora es que tenemos muchas personas con muchas necesidade­s insatisfec­has, buscando la vida fácil, vinculándo­se a grupos armados porque ellos les ofrecen $1 millón mensuales, y eso es algo que nosotros jamás vamos a poder igualar si no tenemos un programa estable para ellos”.

La Unidad para las Víctimas reportó que, entre 2016 y 2019, en Antioquia se presentaro­n al menos 49 casos relacionad­os con la vinculació­n y utilizació­n de niños, niñas y adolescent­es a grupos al margen de la ley. El número, han advertido las organizaci­ones sociales, no refleja la realidad, pues existe un enorme subregistr­o y el reclutamie­nto se

‘‘Lo

que más nos preocupa es que tenemos muchas personas buscando la vida fácil, vinculándo­se a grupos armados”. Jorge Hugo Jarupa.

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/ Fotos: Gustavo Torrijos Yurani Bañol, lideresa encargada de los proyectos juveniles y culturales de Ascoba.
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Zenaida Martínez, presidenta de Ascoba.
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