El gobierno de Iván Duque se rajó en la Corte Constitucional
Al presidente Iván Duque no le fue bien en el examen que hace el alto tribunal para revisar si sus políticas de gobierno se ajustaron a la Constitución. Le tumbó políticas claves, como la cadena perpetua y la aspersión de glifosato. Balance tras cuatro añ
Empezó la cuenta regresiva para que el presidente Iván Duque abandone la Casa de Nariño. Consigo no solo se lleva lo que alcanzó a hacer durante su mandato, sino también un récord de malos resultados en materia constitucional. La Corte Constitucional, encargada de revisar gran parte de sus proyectos de gobierno, fue estricta y le tumbó gran parte de las iniciativas más importantes de su período presidencial. La más reciente ocurrió la semana pasada, cuando el alto tribunal dejó sin piso una polémica modificación a la Ley de Garantías. Aunque es la más nueva, esa no ha sido la única pelea perdida.
La Ley de Financiamiento de 2019, las objeciones a la JEP, el bloqueo a la aspersión con glifosato, la cadena perpetua y varios jalones de oreja sobre la vulneración de derechos a excombatientes de las Farc y a personas privadas de su libertad. Todas son parte del riguroso examen que no pasó el Gobierno. La Corte Constitucional ha sido la encargada de hacer el estudio para establecer si las políticas de Duque se ajustan a la Constitución. Aunque salió invicto con los decretos que firmó en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19, los resultados no fueron iguales en políticas económicas o de seguridad.
El último y más reciente revés fue cuando la Corte dejó sin piso la modificación a la Ley de Garantías. La intención del gobierno Duque era abrir la puerta para que se celebraran contratos entre entidades estatales previo a la época de elecciones, asegurando que era necesaria la reactivación económica. Esa situación estaba prohibida desde 2005, para evitar favores políticos, pero el Ejecutivo, en noviembre del año pasado, hizo una modificación en el marco de la aprobación que hubo en el Congreso a la actual Ley de Presupuesto. El alto tribunal le pasó factura y cerró de tajo esa posibilidad de contratación de cara a las elecciones presidenciales.
La Corte, además, cuestionó la manera en que el Gobierno tramitó ese cambio, desconociendo principios básicos de cómo se deben tramitar en el Congreso ese tipo de cambios. Pero ese no ha sido el único jalón de orejas al Gobierno. Durante 2022, en al menos dos ocasiones, la Corte le ha llamado la atención al Ejecutivo. Una, por la vulneración masiva de derechos humanos a excombatientes de las Farc. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla, el gobierno Duque fue el primero que se enfrentó a su implementación. Sin embargo, varias acciones de tutela que llegaron a la Corte por parte de ex-Farc evidenciaron su incumplimiento. Los exmiembros del grupo guerrillero reclamaron garantías de seguridad.
La Corte analizó cada caso y declaró que existe un estado de cosas inconstitucional. La misma situación ocurrió con las personas privadas de la libertad en centros de detención temporal. Aunque una de las iniciativas del gobierno Duque fue disminuir el hacinamiento en centros carcelarios y Unidades de Atención Inmediata del país, la
Corte evidenció que no cumplió con esa promesa. El alto tribunal le volvió a llamar la atención por no controlar la situación y ordenó una serie de directrices que deben cumplir para evitar la vulneración de derechos a esta población, que van desde traslados entre cárceles hasta la creación de nuevos espacios de reclusión.
Para 2021, el escenario que enfrentó Duque no fue diferente. Uno de los planes bandera del presidente fue imponer la cadena perpetua para violadores de niños. Así lo hizo y propuso ese cambio en el Congreso, que finalmente apoyaron las mayorías. Sin embargo, el alto tribunal consideró que la iniciativa del jefe de Estado generaba efectos graves a la dignidad de la persona que era condenada. Contrario a lo que pensaba el presidente, la Corte estimó que la cadena perpetua no es una medida proporcional ni efectiva que garantiza la seguridad de los niños y adolescentes que son abusados. Así, la política del Duque quedó sin piso.
El año pasado la Corte también le dejó claro al Gobierno que su iniciativa para erradicar cultivos ilícitos con glifosato no era constitucional. Le aclaró, de nuevo, que el uso de ese químico solo era viable si se seguían una serie de requisitos, entre ellos tener en cuenta la opinión de las comunidades que se podrían ver afectadas. Un criterio que, según el alto tribunal, el Gobierno nunca cumplió y, aun así, estaba listo para retomar la aspersión aérea de glifosato. Duque ha insistido en que el químico es una de las formas con las que se puede erradicar la producción de droga y reducir el número de cultivos.
El Gobierno también fue cuestionado por vulneración de derechos en época de pandemia. El Ejecutivo ordenó que la población de 70 años en adelante no podía salir a la calle, cuando el covid-19 parecía un virus imparable y la vacuna estaba a meses de fabricarse. Por esa prohibición, un grupo de personas de ese rango de edades recurrieron a la justicia para explicar que esa orden afectó los derechos a la libertad de locomoción, desarrollo libre de la personalidad y a la igualdad. Si bien para cuando la Corte decidió sobre el expediente ya se habían levantado todas las restricciones, el alto tribunal consideró que, aunque al inicio el propósito era de protección, la restricción ter
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Corte todavía debe analizar la deuda que tiene el Estado con la seguridad de los líderes sociales.
minó siendo desproporcionada.
Para 2019, sin pandemia, el panorama no fue diferente. Las primeras iniciativas del Gobierno fueron tumbadas por la Corte. Empezaron con las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El alto tribunal analizó los reparos que presentó el jefe de Estado ante el Legislativo sobre la norma que le dio vida a la justicia especial. La Corte determinó que sus pretensiones no tenían ningún sustento jurídico, pues el Congreso ya las había resuelto. En otras palabras, que ya no podía luchar en contra del nacimiento de la JEP. En 2019, el alto tribunal también le tumbó la Ley de Financiamiento con la que el Gobierno buscaba sanear las finanzas del Estado.
La polémica norma, que abría espacio a una reforma tributaria, fue demandada en 29 ocasiones ante el alto tribunal, y este encontró fallas durante el trámite que se surtió en la Cámara de Representantes. Aunque la norma se cayó por cuestiones procedimentales (igual a como se cayó la Ley de Garantías la semana pasada), con esa decisión se evitó que el Gobierno dejara en firme impuestos para patrimonios de más de $5.000 millones, reducciones en los impuestos a empresas para generar más productividad y la inclusión de un IVA para gaseosas y cervezas, entre otras.
Aunque solo restan tres meses para que Duque abandone la Casa de Nariño, la Corte Constitucional aún tiene unos pendientes. Se trata de la reforma a la justicia, otro de sus planes bandera, que le encomendó al ministro de Justicia, Wilson Ruiz. También analizará la reforma a la Procuraduría, que dejó en manos de Margarita Cabello, jefe del Ministerio Público, y persona cercana a su gobierno. Por eso, aun por fuera de la Presidencia, el alto tribunal podría seguir pronunciándose sobre el trabajo de Duque y de qué manera sus políticas se ajustaron a la Constitución Política.