Un criminal de guerra libre y desafiante
CON TODAS Y CADA UNA DE SUS LEtras, este individuo es un criminal de guerra. Pero buena parte del Estado colombiano y la alta sociedad —en particular, la que representa a los ultraconservadores— lo tratan como si mereciera consideración y respeto. Como un héroe. No obstante, el sujeto es un macrohomicida, si nos atenemos al fallo del Juzgado 4° Penal del Circuito de Bogotá, del 31 de mayo de 2019, ratificado por el Tribunal Superior de esta ciudad el 22 de enero de 2021, que lo condenó a 39 años de prisión por haber ordenado la ejecución, a sangre fría, de 20 personas escogidas al azar o que les parecían sospechosas a él y a sus secuaces, por tener aspecto campesino o indígena, y por ser vecinas del Batallón La Popa (Valledupar). Este criminal ya había recibido otra condena, en 2013, del Juzgado 6° Penal del Circuito de Bogotá, a 19 años y seis meses en cárcel por concierto para delinquir agravado, pena que, sin embargo, fue disminuida a 14 años en segunda instancia, en 2019: en todo caso, en este proceso fue encontrado responsable por aliarse con los paramilitares de esa región.
Pese a llevar en sus espaldas tamañas culpas, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez tuvo la insolencia de presentarse —y el uribismo, de aceptarlo— como precandidato presidencial en un conversatorio organizado por el Foro Atenas y el portal La Linterna Azul, órganos del extremismo de derecha, al lado de las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, y del eterno aspirante de su partido a la Primera Magistratura, Rafael Nieto Loaiza, el 25 de junio de 2020. El reo Mejía dijo ese día: “Luego de largas cavilaciones y de hablar con mi conciencia, he tomado la decisión de lanzarme a la Presidencia de la República ... mi único ideal es salvar a Colombia”. Según Mejía Gutiérrez, los bandidos son otros: todos los que no actúan ni piensan como él. Se ha escapado de decir los términos precisos, pero de sus mensajes, en redes sociales, se deduce que cree que, tal como hallaron los juzgados que examinaron las pruebas en su contra, quienes no pertenecen a su estrecho mundo merecen la pena capital.
Mejía estaba cumpliendo pena pero se aburría mucho aunque lo visitaban personajes vistosos de la política nacional. Como se imaginarán, despotricaba de las conversaciones del gobierno Santos con las Farc y, mucho peor, del Acuerdo y de su justicia transicional en que prima el perdón de los criminales de guerra a cambio de revelarles la verdad a las víctimas y de comprometerse a repararlas y a no repetir sus delitos. El cinismo es la vía de los sinvergüenzas: así que, sin importar el odio que vertía en contra de la JEP, se sometió a su jurisdicción en junio de 2017 con dos objetivos: ser libre y la suspensión temporal de sus condenas. Pues bien, desde entonces, el señor Mejía disfruta de plena libertad de movimientos; alardea como nunca y no ha dicho una sola verdad en las audiencias a las que ha tenido la voluntad de ir, pues a algunas ni siquiera asiste. “Eso nunca pasó”, ha contestado cuando los togados le han preguntado por los falsos positivos del Cesar. Desde hace dos años, los defensores de las víctimas le han pedido a la JEP “la exclusión directa del compareciente (Mejía) por (su) grave incumplimiento...”. Sin embargo, la JEP ha sido paciente estos cinco años: solo hace seis meses, la Sala de Reconocimiento se conmovió y envió su caso a la Fiscalía de esa jurisdicción para que lo investigue, exponiéndose a una pena de 20 años. Y, al fin, la Sección de Ausencia de Reconocimiento resuelve abrirle un “incidente de verificación del régimen de condicionalidad” que podría implicar la pérdida de todos los beneficios concedidos e incluso devolverlo adonde pertenece: la cárcel. No obstante, flota un interrogante: ¿por qué algunos togados de la JEP le tienen tanto miedo al condenado? ¿Los ha amenazado?